Cambiar la fiscalidad para mejorar los servicios públicos

La mayoría de la sociedad aspira a contar con una mejor atención sanitaria, con un sistema educativo de calidad, que contribuya a la igualdad de oportunidades, o con una aplicación de la ley de la dependencia que posibilite atender adecuadamente a enfermos crónicos, mayores y personas con discapacidad. También queremos modernas infraestructuras, mejores transportes, carreteras, puertos y aeropuertos, así como más seguridad.

Para alcanzar esos objetivos las administraciones públicas deben tener recursos suficientes que han de ser gestionados con la mayor eficiencia y transparencia. Y para poder disponer de esos recursos es imprescindible contar con un adecuado, justo y progresivo sistema fiscal.

En Canarias y en España tenemos algunos problemas graves en este ámbito, desde la economía sumergida al desigual e injusto reparto de las cargas fiscales, pasando por la evasión fiscal.

Respecto a la elevada economía sumergida, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), alcanzaría un 24,6% del Producto Interior Bruto (PIB) en el Estado y, en Canarias, el 28%, lo que supone más de 11.500 millones de euros anuales.

Para luchar de manera efectiva contra la economía sumergida –que en España duplica ampliamente el 12% de media de la Unión Europea- y los distintos tipos de fraude fiscal, es preciso incrementar los efectivos destinados a esta tarea en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en la Agencia Tributaria Canaria, hoy claramente insuficientes. Junto a una mayor y mejor coordinación entre ambas agencias y la inspección de la Seguridad Social y la autoridad en materia laboral.

Recursos públicos

En Canarias, si bajáramos diez puntos, del 28% al 18%, recaudaríamos hasta 2.000 millones de euros anuales (sumando los que recibirían las haciendas públicas, unos 1.500, y la Seguridad Social, en torno a 500), aliviando mucho la grave situación financiera que padecen las administraciones.

Posibilitaría, asimismo, regularizar la situación de trabajadores que hoy no cotizan, garantizando su derecho a prestaciones por desempleo y sus pensiones. Además de contribuir a que las empresas compitan en condiciones de igualdad, evitando que algunas, como sucede actualmente, lo hagan con tramposa deslealtad hacia las demás.

En el programa con el que concurrimos a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre en la coalición PSOE-NC se apunta, igualmente, que el Estado español debe liderar internacionalmente una agenda ambiciosa para alcanzar mayor transparencia en la fiscalidad, con la intención “de acabar con el fraude y la evasión fiscal, así como con los paraísos fiscales”.

Hay distintas medidas que se deben aplicar tras las elecciones del 20D si queremos un modelo fiscal más equilibrado y más justo, asimilable al de los estados que mejor funcionan en Europa. Entre ellas, y en el ámbito internacional, impulsar el impuesto a las transacciones financieras que, junto a su papel recaudatorio, contribuiría a desincentivar la especulación financiera.

Otras son medidas de orden interno. El sistema fiscal español es muy desproporcionado e injusto a la hora del reparto de las cargas fiscales. Estas recaen mayoritariamente, en un 80%, en trabajadores y consumidores, y el resto en empresas y rentas del capital. Es preciso una modificación rigurosa, logrando una auténtica progresividad del sistema, de forma que aporten más proporcionalmente los que más tienen.

Para ello se plantean, entre otras propuestas en el ámbito estatal, reducir el IVA cultural, modificar el impuesto de Sociedades (estableciendo un mínimo del 15% para las grandes empresas y revisando exenciones y bonificaciones nada justificadas a estas) o impulsar una fiscalidad ambiental (el que contamina, paga) que nos acerque a los parámetros europeos en este ámbito.

Así como establecer un mínimo común en el impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el del Patrimonio, para evitar deslocalizaciones entre comunidades autónomas, y luego capacidad normativa para que cada comunidad pueda incrementarlo, si lo desea.

Las propuestas coinciden con lo que desde años NC ha venido planteando en Canarias: lucha contra el fraude y modificaciones hacia una fiscalidad más progresiva y justa.

Por eso reivindicamos en el debate del presupuesto de la comunidad canaria para 2016 la subida de los tipos incrementados del IGIC para productos de consumo suntuario o de lujo; así como el incremento del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para alcanzar la media de las comunidades autónomas.

Tasa turística

Y reiteramos nuestra propuesta de una tasa sobre las estancias turísticas, similar a la que existe en buena parte de los destinos turísticos consolidados del mundo. Un impuesto que recaudaría en torno a 100 millones de euros, que pagarían los visitantes en sus alojamientos hoteleros y extrahoteleros, y que permitiría aumentar las inversiones públicas en renovación de los espacios turísticos, generando actividad económica, creando empleo y mejorando la competitividad de nuestro sector turístico.

En definitiva, es posible mejorar los ingresos de las administraciones públicas y posibilitar una mejor sanidad o educación. Para ello es imprescindible modificar el actual sistema fiscal rompiendo con las inercias conservadoras. Persiguiendo el fraude y no realizando amnistías fiscales. Evitando que la mayor parte del esfuerzo fiscal lo soporten asalariados y consumidores. Haciendo que paguen los que hoy no lo hacen; y que paguen más los que más tienen.