En Canarias todos votamos igual

Si bien es cierto que los ciudadanos de las islas más pobladas del Archipiélago canario —Tenerife y Gran Canaria— necesitan unos 45.000 votos para elegir 1 diputado; y que basta entre 1.500 y 4.000 votos para ser elegido en las islas no capitalinas, no es menos cierto que el porcentaje para obtener un diputado en cada una de las islas es el mismo. Lo que ocurre es que las organizaciones políticas no están implantadas por igual en todas las islas, y lo que es peor, algunos que aspiran a obtener representación parlamentaria centran sus campañas en las islas centrales y se olvidan de las no capitalinas. Un diputado en El Hierro, por poner un ejemplo, le cuesta igual al PSOE, al PP, a CC, a NC, a Podemos o a Ciudadanos. Quiero decir que, con el sistema vigente, no se vulnera el principio de igualdad, como subraya el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la última reforma del sistema electoral canario.

Es cierto que el Sistema electoral canario da la mitad del Parlamento —30 diputados— a una minoría poblacional del 17% —350.000 habitantes—. Pero es rotundamente falso que esa minoría tenga la misma capacidad de decisión que el 32% restante—1.800.000 habitantes—. Nunca en la historia de la Autonomía se han unido los diputados de las 5 islas no capitalinas para bloquear unos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, ni para frenar ninguna inversión en Gran Canaria o Tenerife. Más bien al contrario, han respetado los equilibrios territoriales y han hecho gala de una solidaridad, que es directamente proporcional al desprecio que siente la burguesía de las islas centrales por lo que llaman sin pudor «las islas menores». En todo caso, los diputados de alguna isla no capitalina han tenido que ejercer, en contadas ocasiones, una minoría de bloqueo —es difícil unir a dos tercios de los diputados de una isla requeridos, por la diferente adscripción ideológica de cada uno de ellos— para defender las inversiones en sus islas correspondientes.

Es cierto que Canarias encabeza, como asegura el movimiento por el cambio electoral, los peores índices de España y de la Unión Europea de lo que debería avergonzarnos: pobreza, exclusión social, fracaso escolar, sanidad, desempleo... Pero eso no tiene nada que ver con la representación parlamentaria. En todo caso este es un problema estructural de la sociedad canaria, y de mala gestión de los Gobiernos de turno. Acabar con el atraso no se consigue cambiando el sistema de elección de representantes para el Parlamento, sino gestionando mejor los recursos de todos los ciudadanos de las ocho islas habitadas.

Muchas veces hemos escuchado que en Canarias el que pierde es el que gobierna. Aunque el partido que actualmente preside Canarias, lleva veintidós años en el Gobierno, nada ha impedido el acceso al Parlamento de las demás fuerzas políticas en igualdad de condiciones. Actualmente hay cinco partidos políticos con representación parlamentaria: PSOE, CC, PP, Podemos y NC. Lo que permite que no gobierne el partido más votado, o el que más diputados obtiene, o que un partido se perpetúe tantos años en el poder es la incapacidad de las demás fuerzas políticas para sumar una mayoría estable de 31 o más diputados. No es el sistema electoral.

Si consideran que no puede ser que —de un total de 60— 10.000 habitantes de El Hierro elijan 3 escaños; que los 22.000 habitantes de la isla de La Gomera elijan 4 diputados; que los 85.000 habitantes de La Palma elijan 8 parlamentarios; que los 110.000 habitantes de Fuerteventura elijan a 7 representantes; o que los 140.000 habitantes de Lanzarote elijan 8 puestos, que vengan a contárnoslo. Pero deben saber que tenemos la convicción de que nuestro voto no vale más que el de otro canario: Vale lo mismo.

Las islas no capitalinas no pensamos renunciar al sistema de reparto de escaños, ni al peso que tenemos en el Parlamento. Es cuestión de supervivencia. ¿Algún ingenuo olvida lo que sucedió en el pasado? La burguesía de las islas centrales, que es egoísta a más no poder, nos condenó al olvido y al ostracismo. En las primeros siglos después de la Conquista ejercieron el control absoluto de las islas periféricas a través de sus medianeros y albaceas. En la última mitad del siglo XIX, lo hicieron a través de la Diputación Provincial, con sede en Tenerife. Y en el siglo pasado, parapetados detrás de las Mancomunidades Interprovinciales de Cabildos, donde se repartieron el pastel, negándonos a las demás islas el pan y la sal. Por eso llegamos hasta principios de los años 80 del siglo pasado sin infraestructuras de ningún tipo. Después de la Autonomía es cuando hemos tenido escuelas, institutos, hospitales, centros de salud, servicios sociales, archivos, bibliotecas, carreteras, puertos, aeropuertos dignos, etc. Tengo la convicción de que, si el poder hubiera seguido concentrado en Gran Canaria y Tenerife, las islas periféricas hubiéramos estado igual que hace 33 años, es decir, en el olvido. Afortunadamente, hemos sacado la cabeza del agua después de que tenemos Estatuto de Autonomía y con el sistema electoral derivado de este. Quienes aspiren a gobernar Canarias tienen que tener muy claro que las islas no capitalinas no vamos a renunciar, bajo ningún concepto, a nuestra cuota de representación porque, si lo hacemos, nos hunden de nuevo en la miseria.

Por esta razón creo que la campaña para la necesaria reforma del sistema electoral está muy mal enfocada, desde el prisma de los intereses de Tenerife y Gran Canaria. No me siento concernido. Ni creo que se sienta ningún habitante de una isla no capitalina. El criterio poblacional no debe ser el único a tener en cuenta en el sistema electoral, no es así en ninguna parte del mundo. Y menos en un archipiélago. Hay que introducir criterios correctores de solidaridad interterritorial y más aún en territorios fragmentados como es nuestro caso. Tengo claro que en Canarias todos votamos igual.