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Cien mil puestos en diez años

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El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CATPE) lo tiene tan claro que, en las conclusiones de su último informe sobre la competitividad turística de la Comunidad Autónoma de Canarias, se permite afirmar que, aboliendo la prohibición de nuevas construcciones y simplificando la maraña burocrática, es posible crear 100.000 empleos (directos, indirectos y derivados) en un plazo de diez años. 

Han leído bien: 100.000. Como dan lo mismo los grandes anuncios hechos sobre la creación de puestos de trabajo -desde Felipe González, que anunció ochocientos mil, a Esteban González Pons, que llegó a hablar de tres millones con un cálculo muy simplista-, por alegría numérica que no sea. Ni siquiera los registros de la Encuesta de Población Activa (EPA) parecen frenar las expectativas: la productividad económica -se deduce de su última entrega- es insuficiente para que palidezca el carácter estructural de este gran problema del país.

El CATPE, fiel a los principios del liberalismo, considera que el exceso de intervención está siendo un notable handicap para el desarrollo del sector servicios en el archipiélago canario. De ahí que rechace regulaciones añadidas como pudiera ser el 'Todo incluido' o la estabilización de las plantillas de personal. Se supone que también saludará efusivamente la Ley del Suelo, a la espera de cómo discurra su tramitación parlamentaria hasta la aprobación definitiva. El todo es que, en cuestiones estratégicas, hay que “desatascar el bloqueo que soporta el desarrollo de la actividad turística en las islas”.

Para este centro o laboratorio de ideas, “las moratorias han sido el principal desestabilizador social y económico canario, pues al prohibir el crecimiento se lograron efectos contrarios a los deseados”. Es discutible esta apreciación dado que fue el propio sector el que hizo sonar su voz de alarma al detectarse un exceso de oferta, especialmente en determinados núcleos turísticos. Ello iría en detrimento de la calidad del producto, según se decía. En cuanto a la degradación del territorio -la construcción alcanzó los desfiladeros, laderas y filos de los barrancos- ni se diga.

 Pero, bueno, el caso es que, según el CATPE, hay que abrirse no un poco, sino bastante más. En el supuesto de que la moratoria se liberalizase, estima que a lo largo de la próxima década pueden caber sesenta o setenta mil camas más. Atendiendo este cálculo, si cada nueva cama “genera un ratio de 0,45 empleo directo, 0,20 indirecto (proveedores y demás) y un 0,05 derivado (nuevos servicios poblacionales como formación y sanidad), y se le añade el ratio de 0,70 de empleos por plaza alojativa en la dotación de las camas”, las expectativas del mercado laboral, teniendo en cuenta el complemento consecuente de la empleabilidad por medio de la formación, se extienden hasta los 100.000 puestos en diez años.

En definitiva, si se necesitaba un mensaje optimista para el sector o para la captación de inversores, el CATPE lo ha emitido en busca de una simplificada y refundida legislación específica. Téngase en cuenta, nada más, que las actuales coyunturas, tan favorables, pueden variar. Y entonces, habrá que replantearse el modelo de negocio.

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