Claves de la ley del suelo

No vamos a descubrir ahora la importancia que para Canarias tiene la preservación de su territorio y de su medio ambiente. Desde el estricto plano económico al de la propia identidad como pueblo. El aprecio del medio por nuestra gente se ha expresado en numerosas ocasiones. En masivas movilizaciones como las de Veneguera, El Rincón, Vilaflor y, más recientemente, contra las prospecciones petrolíferas. 

Siempre he defendido, y puesto en práctica, que las decisiones en este ámbito deben estar siempre argumentadas, debatidas y consensuadas. Tomadas desde el interés general y la apuesta por la sostenibilidad. Como sucedió con la ley del territorio y la de los espacios naturales, en los años noventa. 

Como también ocurrió en la elaboración de las directrices de ordenación general y las correspondientes del turismo. Más de dos años de intenso y cualificado debate. Con una enorme participación de los distintos sectores institucionales, universitarios, económicos y sociales –como se comprueba repasando lo que reflejaron los medios de comunicación de la época (2001-2003)-, previos a su aprobación por unanimidad en el Parlamento de Canarias. 

No es el caso de la ley del suelo impulsada por el presidente Clavijo. Un texto de tanta relevancia, para el presente y el futuro de Canarias, ha sido cocinado en los despachos sin el menor debate social. Por eso, rechazamos el procedimiento y, al mismo tiempo, hemos exigido la ampliación del período de exposición pública del anteproyecto. Aunque reconocemos elementos positivos como la unificación de las normas previas, compensar por conservar y la flexibilización de los plazos de adaptación de los planes.

Pero la tratan de embellecer afirmando que esta ley acabará con la burocracia, disminuirá los litigios y la judicialización, y hasta nos ayudará a salir de la crisis. Ninguna de estas afirmaciones se sostiene y lo único claro es que aumentará la desregulación, la discrecionalidad en las decisiones y se facilitarán los procesos especulativos y el desarrollismo. 

Proyecto común

Abandonando el proyecto colectivo de Canarias, derogando la mayor parte de las directrices generales de ordenación y renunciando a las competencias del Gobierno, debilitando a los cabildos insulares y dando todo el poder a los entes locales. Un fraccionamiento que debilita el proyecto común y coloca los recursos medioambientales en función de la coyuntura económica, olvidando su carácter estratégico, incompatible con el papel de sujeto de mercadeo que le pretenden atribuir. 

El anteproyecto de ley del suelo presenta numerosos puntos oscuros. Entre ellos, la renuncia del Gobierno de Canarias a sus competencias en este ámbito, inhibiéndose, eliminando el control de legalidad, que hoy ejerce a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac); y dejando todas las responsabilidades en manos de los ayuntamientos, caso único en el conjunto de las comunidades autónomas. 

El Ejecutivo lo hace, además, siendo plenamente consciente de que hoy, y con bastantes menos competencias, muchas de las administraciones locales de las islas precisan del Gobierno para redactar sus planes generales, al no contar con los recursos técnicos y humanos para llevarlos a cabo. 

Compartimos la necesidad de la simplificación administrativa pero no que ésta se lleve a cabo eliminando los imprescindibles controles de legalidad. En la práctica se crearán 95 órganos ambientales (de los 88 ayuntamientos y los siete cabildos), sustituyendo el papel que hasta ahora desarrolla la Cotmac.  Todo ello va a generar más judicialización e inseguridad jurídica; y más debilidad para el interés general. 

Un modelo desarrollista, en el que se desprecia al interés general, repitiendo el cortoplacismo que tanto daño nos hizo en el pasado reciente. Posicionándose clara y sesgadamente en la ponderación entre recursos naturales y desarrollo económico, sin el menor equilibrio, subordinando a los intereses económicos el territorio, el medio natural, el futuro. 

El articulado introduce, asimismo, elementos desreguladores y discrecionales.  Así sucede en el artículo 124 y siguientes que posibilitan llevar a cabo cualquier tipo de proyecto público o privado, en cualquier categoría de suelo salvo el rústico de protección ambiental, sólo con que se declare de interés insular o autonómico. Situación que se traslada igualmente al artículo 155 relativo a las ordenanzas municipales e insulares con la que se dota de unas normas urbanísticas hasta que se aprueben los planes generales, sin control ni participación. 

Por tanto, se abandona el urbanismo de planeamiento, sustituido por el urbanismo de proyecto. Es decir, se prioriza la realización de cualquier tipo de proyecto sin tener en cuenta las determinaciones de los planes de ordenación para el suelo en el que se pretende ubicar.  

Más debate y consenso

Por otra parte, tampoco se garantiza la protección del suelo agrícola, al flexibilizarse la autorización de usos complementarios turísticos, de ocio o deportivos; pudiendo desencadenar una enorme presión especulativa sobre el suelo rústico y la actividad agrícola o ganadera, de extensas e irreparables consecuencias. Aunque nos parece positiva la simplificación para realizar obras en las instalaciones agrícolas y ganaderas. 

Desde Nueva Canarias (NC) hemos compartido preocupaciones con diversos colectivos –la Fundación César Manrique, Ben Magec, los sindicatos, las organizaciones agrarias, el movimiento cívico Salvar Canarias y los profesionales del derecho y del urbanismo-, así como el Cabildo de Gran Canaria. Manteniendo con muchos de ellos reuniones de trabajo para profundizar en un texto que, a nuestro juicio y el de otras organizaciones, impulsa un modelo de crecimiento desarrollista e insostenible desde los puntos de vista territorial, medioambiental y económico. 

Nos encontramos aún a tiempo de rectificar, de no cometer un grave error que pagarán muy caro las próximas generaciones de canarios y canarias. A tiempo de no caer nuevamente en el desarrollismo. Estamos a tiempo de defender consecuentemente la cohesión territorial, social y económica del Archipiélago. 

Estamos todavía a tiempo de retomar la senda del interés general, de la protección del medioambiente y del empeño en consolidar un modelo sostenible para las Islas. Con debate riguroso, participación social y el mayor consenso.