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Contrarreforma de la ley del aborto

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El ministro de Justicia del Gobierno del PP, Alberto Ruiz Gallardón, viene abanderando la puesta en marcha de una verdadera contrarreforma de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Una decisión que no responde, en modo alguno, a presuntas demandas de los ciudadanos y las ciudadanas, como confirman distintos estudios sociológicos, y sí a razones ideológicas; o al puro plegamiento a las presiones del conservadurismo más extremo.

Román Rodríguez, artículos de opinión

Román Rodríguez, artículos de opinión

El planteamiento que viene defendiendo Gallardón constituye, en esencia, un gesto de obediencia del poder político a las reiteradas peticiones de la Conferencia Episcopal Española y a las exigencias, en el mismo sentido, de los sectores más ultraconservadores de su partido. Se posibilita así que minorías ultraconservadoras y poderes eclesiásticos impongan sus particulares postulados morales a las mayorías, con lo que ello supone de perversión del sistema democrático.

Este profundo retroceso, en respuesta al chantaje de los sectores más reaccionarios, también ha sucedido en otras áreas, como en la Educación, con la eliminación de la asignatura de Ciudadanía e incluso el apoyo a los centros que segregan al alumnado por sexos. O con la puesta en marcha de una ley, la Lomce o Ley Wert, sin el menor consenso y que, en muchos aspectos, es más conservadora que la franquista Ley General de Educación de 1970, más conocida como ley Villar Palasí.

Las modificaciones que ahora se pretenden introducir por la mayoría absoluta del PP en la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo suponen un histórico retroceso que nos coloca por detrás de la legislación aprobada en 1985 y refrendada en su momento por el Tribunal Constitucional, dificultando a las mujeres la posibilidad de decidir sobre la continuidad o no de su embarazo.

Clandestinidad

Asimismo, se abren las puertas al regreso a las intervenciones clandestinas (con los graves riesgos que ello supone para la libertad, la salud y la vida de las mujeres), como en la etapa franquista, o a los viajes a Londres o a otros lugares de aquellas que puedan costeárselo.

No es tan sorprendente. En la actual contrarreforma conservadora que afecta a todos los ámbitos políticos, sociales y económicos, están en juego, también, los avances duramente conquistados por las mujeres y plasmados en reformas legales en el Estado español en los últimos treinta años. Entre ellos, sus derechos sexuales y reproductivos.

En lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno del PP pretende modificar la ley haciéndola, como decía, aún más restrictiva que la aprobada en 1985 por el primer Gobierno de Felipe González, que establecía tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la embarazada, malformación del feto o que el embarazo fuera fruto de una violación.

La posterior reforma durante el Gobierno de Zapatero, a través de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, estableció el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación y, fuera de ese plazo, en determinados supuestos como riesgo para la madre o malformación.

Esa ley de plazos, que homologa a España con los países de nuestro entorno, no ha supuesto que se disparara el número de abortos en el Estado español, pese al discurso apocalíptico esgrimido por el PP en su debate y aprobación.

Conviene no olvidar que, en completo contraste con la situación española, en Francia fue la derecha, a través de la entonces ministra Simone Veil, quien logró la despenalización del aborto en el año 1975. Muy distinto al caso español donde se opusieron, incluso, a la ley del divorcio.

Garantías jurídicas

Los expertos coinciden en que el actual sistema de plazos ofrece muchas mayores garantías jurídicas, tanto a las mujeres como a los propios profesionales sanitarios, frente a un modelo, el basado en los supuestos, mucho más interpretable, mucho menos objetivable y mucho menos seguro. Además, y esto es de una gran importancia, la legislación vigente sitúa como agente decisor a las propias mujeres embarazadas y no a elementos externos a ellas, sean médicos, psicólogos o psiquiatras.

Existe un elevado consenso social sobre la actual legislación de la interrupción del embarazo, con un 46% de ciudadanos, según recientes encuestas, que coincide con el actual modelo de plazos y un 41% que se muestra favorable al de los supuestos. Incluso más de un tercio de los ciudadanos que se consideran católicos aprueba la actual ley de plazos. Sólo un 10% se opone a cualquier regulación legal y entiende que debe ser considerado como un delito.

Las restricciones que pretende introducir el PP no obedecen, por tanto, a exigencias de la ciudadanía, sino a un intento de satisfacer a su electorado más ultraconservador y a la jerarquía de la Iglesia Católica en España, que en la pasada legislatura protagonizó numerosas manifestaciones contra la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo, así como contra el matrimonio homosexual, y que ha presionado públicamente al Ejecutivo para que modifique la actual legislación.

Las anunciadas modificaciones en la conocida como ley del aborto, que limitan significativamente la capacidad de decisión de las mujeres, vuelven al viejo sistema de supuestos (aunque con más restricciones, pues se pretende eliminar la malformación fetal, según ha señalado y defendido el propio ministro Gallardón), cuando el de plazos ofrece muchas más garantías y reconoce mejor el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Considero, por tanto, que la contrarreforma en marcha constituye un retroceso histórico que es imprescindible tratar de frenar por las consecuencias que tiene para la libertad, la salud y la vida de las mujeres, que son las que deben tener la última palabra en la continuidad o no de un embarazo. Además de la urgente necesidad de plantear profundos cambios en las actuales políticas, acabando con los recortes y retrocesos del Gobierno del PP en la información y la prevención de embarazos no deseados. Para ello es preciso, entre otras medidas, mantener los programas educativos en adolescentes y jóvenes sobre educación sexual y conocimiento de métodos anticonceptivos, como forma de evitar o disminuir los embarazos no deseados entre nuestras adolescentes.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.

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