Crítica de las medidas contra la crisis

La crisis económica ha llegado a una España que, entre 1996 y 2006, veía crecer su producto interior bruto un 3.7% anual, por encima del 2.3% de la Unión Europea de los Veinticinco, y que, además, creaba 600.000 empleos al año. En los doce años previos a 2006, la renta por persona creció un 38.4%. Sin embargo, pese al fuerte aumento de la población ocupada, los salarios pasaron de representar el 50.6% de la renta, en 1996, al 48.1%, en 2005. En esa etapa, España fue el único país de la OCDE en que el poder adquisitivo del salario medio cayó un 4%, mientras que, para el período 1999-2006, los beneficios empresariales crecieron en un 73%, frente al aumento del 36.6% en la zona euro. Según un informe del sindicato Comisiones Obreras, una parte importante del aumento de los beneficios empresariales se explica por el crecimiento del precio de la vivienda y el abaratamiento de los costes laborales.

El espectacular crecimiento económico español creó mucho empleo de mala calidad, repartió mal la riqueza y se apoyó en exceso en un sector de la construcción especulativo, insostenible y que dificulta la materialización del derecho a la vivienda. Esto contribuyó a que, al llegar la crisis, durante los diez primeros meses de 2008, España liderara el crecimiento del paro en los estados de la OCDE y encabezara la tasa de desempleo de la Unión Europea (UE). Sin embargo, por ejemplo, Alemania redujo su tasa de paro del 7.7% al 7.1%, durante el mismo período, pese a que entró en recesión antes que España. Otras economías protegen mejor a sus ciudadanos en caso de crisis.

Los gobiernos del PP y del PSOE desaprovecharon los años de bonanza económica para converger con la Europa social. Si, en 1994, España dedicaba el 22.8% de su PIB a gasto público social, para 2005, tal cifra se había reducido al 20.8%, mientras que la UE dedicaba el 27.2% del suyo a tal capítulo de gasto. El rechazo a la convergencia en gasto social con la UE explica buena parte de nuestras deficiencias comparativas en sanidad, educación, empleo, ayudas a las familias o a la discapacidad.

España lleva muchos años con políticas económicas que han reducido los salarios, han mantenido un gran desfase con la Europa social, han propiciado una burbuja inmobiliaria y, en suma, han condenado a la ciudadanía, tanto a vivir por debajo de sus posibilidades, como a ser particularmente vulnerables ante situaciones de crisis como la actual. No obstante, lejos de pretender cambiar el rumbo, el gobierno del PSOE se ha propuesto aprovechar la crisis para profundizar en las políticas de la derecha económica.

En primer lugar, el Gobierno ha decidido reducir los recursos fiscales en un Estado en el que el gasto público supone el 38.6% del PIB, frente al promedio de 46.8% en la UE. La última reducción en el Impuesto de Sociedades supuso dejar de ingresar 8.332 millones de euros en 2008. La reforma del IRPF, que entró en vigor el año previo, costó 2.400 millones y la reducción de los 400 euros a los contribuyentes supuso otros 5.400 millones de euros menos para las arcas públicas. Este año habrá que descontar otros 1.800 millones de euros derivados de la desaparición del Impuesto sobre Patrimonio. En total, sólo en 2008, el Gobierno ha renunciado a recaudar 16.132 millones de euros, una cantidad equivalente a más de diez veces los 1.550 millones destinados a la Ley de Dependencia, o superior a los 15.841 millones de euros necesarios para que España destine el mismo porcentaje de su PIB a sanidad que la Unión Europea de los Quince (UE-15).

En enero de 2008, el Gobierno afirmó que el descuento fiscal de los 400 euros crearía 100.000 puestos de trabajo. Once meses después, propondría una inversión pública de 11.000 millones de euros para crear 300.000 empleos. Esto quiere decir que cada empleo creado mediante deducción fiscal costaría 54.000 euros y cada empleo creado mediante inversión pública supone 36.666 euros. Cobrar los impuestos e invertirlos crea más empleo que hacer descuentos fiscales.

Por supuesto, las soluciones a la crisis económica desde la izquierda pasan por una fuerte expansión del gasto público, que es incompatible con las rebajas fiscales del PSOE y el elevado nivel de fraude fiscal español. La Comisión Europea estima que la economía sumergida representa el 23% del PIB de España y, a partir de ahí, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda establece que el fraude fiscal resta a las arcas públicas 88.617 millones de euros anuales, una cantidad superior a los 75.000 millones de euros necesarios para que España hiciera un gasto social equivalente al de la UE-15. Sin embargo, en los Presupuestos para 2009, la cuantía destinada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se reduce 3.1%, pese a que España es el Estado de la OCDE que menor porcentaje de su PIB dedica a recaudar impuestos.

Un gobierno de izquierdas aumentaría el empleo público en la coyuntura actual de crisis. El gobierno del PSOE hace lo contrario: si, en 2008, se crearon 35.900 empleos públicos, en 2009, se crearán 10.700. Así, nuestro porcentaje de población activa empleado en servicios del Estado del bienestar seguirá siendo 9.9%, el más bajo de la UE-15, cuyo promedio se halla en el 15%. Si estuviéramos en la media de la UE-15 tendríamos un millón más de personas empleadas en sectores que mejoran sustancialmente la calidad de vida. Si estuviéramos en la media de Finlandia habría dos millones adicionales de empleos. Y, además, se trataría de empleos capaces de resistir a la crisis y ajenos a la lógica de la contratación temporal española, que duplica la tasa de temporalidad de la UE (29.5% frente a 15%). Como recuerda muy bien el secretario de Estado de la Seguridad Social, la pérdida de empleos se ha concentrado “en los trabajadores temporales”.

Las medidas del Gobierno español contra la crisis están sacadas del recetario de la derecha económica. Se propone la privatización parcial de los aeropuertos y de los servicios auxiliares del transporte ferroviario de mercancías. Es decir, empresas públicas que dan dinero a las arcas públicas, inflarán las cuentas corrientes de los sectores adinerados capaces de comprarlas.

También se destinarán 300 millones de euros a la adquisición de suelo privado, para edificar viviendas de protección oficial, y se mantendrán las subvenciones fiscales a la compra de vivienda, al tiempo que se amplían las ayudas al alquiler, pese a que se trata de ayudas públicas que suelen ser absorbidas por las subidas de precios, dado el contexto de “especulación urbanística desenfrenada” que, según Naciones Unidas, caracteriza al mercado inmobiliario español. Desde la izquierda, habría que suprimir las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda, invertir en la creación de un auténtico parque público de pisos de alquiler y, mediante incentivos y penalizaciones fiscales, introducir en el mercado de alquileres los más de tres millones de viviendas vacías existentes en nuestro país.

La política económica de la izquierda frente a la crisis debiera empezar por anular las rebajas fiscales efectuadas por el gobierno del PSOE, intensificar la lucha contra el fraude fiscal e incrementar el gasto público. Así sería posible converger en gasto social con la UE-15 y crear ese millón de empleos, en los servicios del bienestar, que nos homologarían con la proporción de puestos de trabajo, existente en tales servicios, en los países de la UE con renta similar a la española. Como propone Izquierda Unida, con lo que cuesta la desgravación de los 400 euros en el IRPF, se podría crear una renta básica de algo más de 500 euros al mes para cada una de las 800.000 familias con todos sus miembros en paro.

Habría que poner fin a las privatizaciones y crear una banca pública para financiar a las pymes (medida que no adoptarán los gobiernos de los partidos que privatizaron Argentaria). Y habría que volcarse en una gran empresa pública de energía eólica que creara empleo público, prácticas energéticas sostenibles y recursos para las arcas públicas. También habría que reclamar a la UE lo contrario de lo que propugnaba la Constitución Europea, es decir, por una parte, el control democrático del Banco Central Europeo, para que la política monetaria se vincule obligatoriamente a la generación de bienestar y empleo, y, por otra, habría que incrementar el presupuesto de la UE, pasando del 1% del PIB al 5%.

* Coordinador de Izquierda Unida en Tenerife. Ramón Trujillo*