Derechos a golpe de tricornio por Joan Miquel Perpinyá

A pesar de todo debemos recordar que estos derechos que ahora nos han sido reconocidos, lo han sido a golpe de tricornio: ha habido que luchar colectivamente de forma decidida y valiente, arriesgando mucho y pagando consecuencias por ello. Sólo así el Gobierno decidió atender los requerimientos y demandas de nuestro colectivo. Un colectivo de funcionarios públicos que, hartos ya de tan graves prohibiciones y limitaciones en sus derechos fundamentales, de no ser escuchados, de cobrar menos trabajando más y de ser castigados más severamente y con sanciones contrarias a las leyes internacionales, de trabajar muchas veces en condiciones indignas y bajo un excesivamente férreo régimen militar, gritó ¡basta! el día 20 de enero de este año en la Plaza Mayor de Madrid. A consecuencia de aquel acto, al que unos 3.000 guardias civiles acudimos vistiendo el uniforme, hemos sido vilipendiados, incomprendidos, difamados y previsiblemente sancionados, por pedir sólo estas cosas: una reforma del régimen disciplinario acorde con lo prometido en el programa electoral del partido en el Gobierno y que eliminara la aplicación del Código Penal militar y las sanciones de arresto cuando los agentes desarrollen tareas policiales, que viene a suponer el 99% de los casos; una regulación de las asociaciones profesionales, reforma propugnada por el PSOE en el Congreso de los Diputados cuando se hallaba en la oposición, así como en su propio programa electoral del año 2004; y por último, una homologación retributiva con el resto de policías de España. Y muchos antes que nosotros, fueron expulsados del Cuerpo por atreverse a reclamar y defender algo que ahora nos ha sido reconocido por el Parlamento.

La consecución de estas mejoras laborales elementales formaba parte del programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones de marzo de 2004, pero no fue capaz de materializarlo en parte durante los 3 primeros años de legislatura. La homologación retributiva es algo que queda pendiente porque aunque ha habido leves mejoras, aún estamos lejos de las policías autonómicas y locales.

Ante lo ocurrido a partir de la concentración del día 20 de enero, en el que miles de guardias civiles, muchos de ellos de uniforme, reclamábamos lo que en Derecho nos correspondía y nos corresponde: los mismos derechos que cualquier otro policía de este país; y, a pesar de que no hubo un medio de comunicación ni una tertulia radiofónica que no se hiciera eco de lo ocurrido, algunos desde el más absoluto desconocimiento, cuando no desde el desprecio hacia los guardias civiles (aún recuerdo a algún contertuliano imputándonos alegremente un delito militar de sedición a los participantes en la concentración y exigiendo prisión preventiva para los organizadores) habría que recordar el origen de estas reivindicaciones.

No se puede olvidar que se pretende sancionar a veintiún dirigentes de AUGC por pedir para el Cuerpo de la Guardia Civil las mismas reformas que el Partido Socialista propugnaba y presentó en abril de 2002 en el Congreso de los Diputados, por supuesto desde la oposición y que durante la campaña electoral que llevó a Rodríguez Zapatero a La Moncloa, prometió por activa y por pasiva a nuestra organización, incluyéndolas igualmente en su programa electoral. Así pues, fue el Gobierno y el propio PSOE quien encendió la mecha de la democratización de la Guardia Civil, creando unas expectativas de derechos que conforme avanzaba la legislatura se veían frustrados. Fue el propio ejecutivo quien se afanó en fomentar la esperanza de que los guardias civiles fueran a dejar de soportar mayores limitaciones de derechos que sus compañeros de otros cuerpos policiales, haciendo las mismas funciones, y asegurándonos que íbamos a tener asociaciones representativas, para luego dejarnos en la estacada.

Esta fue la sensación que teníamos mayoritariamente los y las guardias civiles y ese fue el motivo por el cual miles de compañeros salimos a la calle de paisano primero (el 22 de abril en la Plaza Mayor de Madrid y el día de la Constitución en muchas capitales de provincia, ambas acciones en el año 2006) y de uniforme después (el 5 de diciembre del año pasado presentando una queja ante el Defensor del Pueblo y el 20 de enero en una nueva concentración en Madrid): decepción, frustra-ción y discriminación.

Además de esto, esta gran movilización puso de manifiesto gravísimos problemas internos de la Guardia Civil nunca antes abordados seriamente, al margen de la tradicional política del palo y tentetieso, tan militar ella, y que tarde o temprano desembocarían en un conflicto social como el que hemos vivido.

En cualquier caso, las leyes han sido aprobadas y son ya, gracias a nuestras controvertidas pero inevitables actuaciones, una realidad. Han sido aprobadas con un amplio consenso a pesar de que el Partido Popular acabó votando en contra, en mi opinión por una mera cuestión de errónea estrategia de partido más que por discrepancias con el modelo que las leyes trazan. Y ahora nos encontramos con los 21 expedientes disciplinarios concluidos y con propuestas de sanción desmesuradas para los dirigentes de AUGC, que pasan desde la expulsión hasta la suspensión por un tiempo que podría ir de 3 a 12 meses.

Pareciera que dentro de la Guardia Civil se quiere que la relación con AUGC -la asociación mayoritaria, no lo olvidemos, a la cual pertenecen 26.000 agentes- esté marcada por la manifestación del 20-E, pero nosotros, tras la aprobación de las leyes, damos por superado aquel acontecimiento y queremos que nuestra relación esté marcada por el 15 de marzo, fecha en que sentados en una mesa del despacho del jefe del grupo parlamentario socialista, Diego López Garrido, junto a él y al Subsecretario del Interior, Justo Zambrana, además del portavoz socialista en la Comisión de In-terior, Antonio Hernando, fuimos capaces de consensuar ambas leyes, de forma que pudiesen ser aprobadas al día siguiente por el Consejo de Ministros.

Lo deseable es que tanto el Gobierno como AUGC superemos lo ocurrido y mirando al futu-ro logremos normalizar nuestra hasta ahora tormentosa relación, llena de altibajos y de desconfianzas, seamos capaces de llegar a entendimientos sinceros sin falsas esperanza y que culminen con los cambios necesarios para evitar el sentimiento de discriminación con el que convive un colectivo tan importante y señero para España, formado por 79.000 policías pertenecientes a la Guardia Civil. Será lo mejor para todos y nosotros estamos dispuestos a ello. Ha llegado la hora de mirar al futuro y trabajar todos juntos para hacer de la Guardia Civil un cuerpo más eficaz y mejor cada día, contando con todos y sin excluir a nadie.

* Joan Miquel Perpinyá es secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)

Joan Miquel Perpinyá *