Desidia institucional y conflicto social

En este sentido, la labor del diputado del común es escandalosamente pasiva, pues tiene la potestad de llevar a la fiscalía toda actuación política y administrativa que incurra en delito, como es la inactividad manifiesta, que además genera indefensión y conflicto social: cada vez son más los que se toman la justicia por su mano.

Sirva este ejemplo que cito como prueba, de que se puede hacer algo más que mandar cartitas al ayuntamiento de turno:

“El carácter delictivo de la ausencia de resolución positiva se reconoce en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (la STS de 25 de abril de 1988-Arzdi.2864- declara el hecho de que las consecuencias de la falta de actuación que entrañe un resultado negativo -cual es no dictar orden de paralización e iniciar expediente de restauración de la legalidad ambiental- implica igualmente que se produce por un actuar decisorio, concreto y positivo). En este caso el Sr. Alcalde (o Teniente de Alcalde de Urbanismo, Urbanizaciones, Medio Ambiente, Regidor Delegado de Urbanismo...) mediante una actuación decisoria de no resolver expresamente, ha desestimado por silencio administrativo nuestra petición. El Tribunal Supremo en su jurisprudencia (St. de 27 de diciembre de 1995 -Arzdi.9553- sostiene que se comete prevaricación en situaciones donde existe un deber imperativo de dictar resolución y cuya omisión tiene efectos equivalentes a una denegación?”.

Así las cosas ya sabemos lo que hay, y es que donde no se aplica la ley, donde se ningunea al ciudadano y se le engaña con paraísos ficticios crece el nihilismo o el conflicto social. Pero no hay que preocuparse, ya el estado se encarga de reprimir lo que él mismo genera.

Kiko García