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Desigualdad universitaria

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El pugilato estaba servido hasta que Ruiz Gallardón no pudo más y desistió. Se mantuvo -y se mantiene- José Ignacio Wert, no importa que sus decisiones sean cada vez más contestadas. El pugilato podía interpretarse: a ver quién de los dos era capaz de concentrar más descontentos y más rechazos a sus iniciativas, a sus medidas y a sus leyes. El primero ya es historia y Wert querrá agotar la legislatura.

En caso de lograrlo, será recordado, entre otras cosas, porque logró que un decreto que regula la estructura de los estudios universitarios haya sido reprobado por la Conferencia de Rectores (CRUE) y la práctica totalidad de la comunidad educativa, como lo prueba el que hasta las juntas de personal de las dos universidades canarias, en uno de sus contadas coincidencias, hayan manifestado su desacuerdo con los contenidos del secreto. Es difícil que un político acapare unanimidades: pues bien, Wert está ahí con todos, políticos y sectores sociales afectados, desaprobando el sistema de enseñanzas universitarias aprobado por el Gobierno de España. ¿Serán todos los equivocados?

En síntesis, los grados serán de tres años y habrá que cursar dos másteres o posgrados para completar los estudios universitarios. El criterio inspirador de la medida era el ahorro: las familias gastarían ciento cincuenta millones de euros menos en matrícula, pero las administraciones se ahorrarían ochocientos cincuenta millones. Es pagar menos por menos: curiosa manera de entender el ahorro… en formación superior.

La otra triste consecuencia de esta reforma: la desigualdad. Es como si el Gobierno conservador se hubiera empeñado en fomentarla  desde cada una de sus decisiones. He aquí, entonces, otro ejemplo de lo contrario que proclamó Rajoy: la crisis ya es historia. No señor: la crisis seguirá cebándose con los menos pudientes, con aquellos que cursaron los tres cursos abonando precios públicos y hurgando en la órbita de las becas. Con aquellos que quieran obtener un empleo pero solo podrán hacerlo si han cursado el máster que ya no tiene un precio público, claro. La que les aguarda: universidades y entidades financieras acordarán, seguro, el importe de los posgrados que serán financiados, claro está, con préstamos a los estudiantes. Como la subida de los precios será incontenible, a ver cómo la timonean con congelaciones salariales a las que tan dada es la derecha.

Este Plan de flexibilización universitaria, como se conoce en algunos medios, no será aplicado hasta 2017, según el acuerdo alcanzado por amplia mayoría en el seno de la CRUE y al que se sumó, por cierto, algún centro privado. Es curioso: mientras Catalunya quiere ponerlo en marcha el año próximo, Andalucía se niega a implementarla. Y es que la reforma Wert significa, en la práctica, dibujar un mapa con diecisiete planes universitarios diferentes.

¿O era esa la flexibilidad? En cualquier caso, para quienes se mantienen en el medio, para los equilibristas que abogan por un modelo educativo consensuado y no esté al albur de las alternancias en  el poder político, ya pueden ir midiendo las consecuencias de esta imposición generadora de otra desigualdad de marca mayor.

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