Educación: otra cacicada del PP con Canarias

Son tiempos de escasas alegrías. Es difícil tenerlas con tanto desempleo, pobreza de mayores e infantil (aunque les resulte gracioso a los diputados del PP en el Congreso), corruptelas, sobresueldos y permanentes ataques a las libertades, a los derechos laborales o a los avances conseguidos por las mujeres. En ese marco depresivo, una de las pocas satisfacciones de la legislatura ha sido la aprobación por el Parlamento de Canarias de la Ley de Educación, surgida de una iniciativa ciudadana. El PP, el Gobierno de Rajoy, acaba de comenzar el proceso para dinamitarla.

En efecto, ha planteado objeciones a una parte muy significativa de su articulado, desde lo que afecta a la educación infantil hasta la Formación Profesional, pasando por las evaluaciones de diagnóstico o el acceso y ejercicio de la función docente.Primer paso. El segundo, con toda seguridad, será tratar de paralizar la ley recurriéndola ante el Constitucional.

Se trata de una ley nacida de una iniciativa popular que la Cámara respetó en sus aspectos esenciales e incluso mejoró –el texto inicial pese a la indudable buena voluntad de sus autores presentaba distintas carencias- en diversos y trascendentales asuntos, gracias a aportaciones como las realizadas por el Consejo Escolar de Canarias (órgano en el que confluyen todos los sectores de la comunidad educativa) o al trabajo de los propios grupos parlamentarios.

Recortes

Una norma muy interesante que resulta intragable para los que consideran que la educación es puro adoctrinamiento y desarrollan políticas de recortes que castigan a los sectores más débiles de la sociedad. Aumentando las tasas universitarias, congelando o disminuyendo becas, eliminando las ayudas a los libros de texto, masificando las aulas y cargándose aquellos programas de apoyo a los chicos y chicas con dificultades de aprendizaje.

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