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Escuchar para creer

Cristóbal D. Peñate

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Cuando Pedro Sánchez llamó indecente a Mariano Rajoy no conocía a Salvador Alba, un juez que ha puesto la carrera judicial a la altura del betún y ha disminuido aún más la poca confianza que el ciudadano medio tiene en la justicia. Alba es el tipo de juez que a ningún justiciable, salvo que sea un amiguito del alma, le gustaría encontrar en el proceloso camino de los tribunales.

Este magistrado se empeñó en acabar con la carrera política y judicial de una compañera de profesión metida temporalmente a parlamentaria, la ex diputada de Podemos Victoria Rosell. Desde hace tiempo la extrema derecha española, tan reaccionaria y carpetovetónica, está empeñada en cargarse a Podemos antes de que Podemos llegue al poder, al estilo de la guerra preventiva de Bush y Aznar.

En España hay una derecha política y mediática, pero también una derecha judicial que entiende la Justicia como una forma de apalear y humillar a los que no piensan como ella. En la Asociación Profesional de la Magistratura (AP de la Magistratura la llamaban en la época del partido que fundó Fraga) están representados los jueces más conservadores de una carrera ya de por sí bastante conservadora. Ser conservador no es malo, ser facha sí.

En la APM, como en el PP, aún colean rejos ultras e indecentes que avergüenzan a cualquier demócrata de buena fe. Utilizar la justicia para machacar al adversario es un ejercicio vil y miserable que algunos todavía practican. La derecha que acusa a Podemos de chavista utiliza la Justicia de forma totalitaria y torticera. Culpa a Podemos de emular al régimen bolivariano y luego usa los tribunales a la manera venezolana. Un absoluto contrasentido, una auténtica memez.

Uno siente una enorme vergüenza ajena cuando escucha la grabación entre el juez Alba, que insulta gravemente a una compañera magistrada llamándola entre otras lindezas cabrona e hija de puta, y el empresario Miguel Ángel Ramírez, al que le ofrece un amaño para salvarlo a cambio de acusar injustamente a Rosell, fabricando pruebas en su contra.

A estas alturas nadie entiende que Alba siga activo en la Audiencia Provincial y participando en un tribunal que juzga a ciudadanos que son sospechosos de haber delinquido. Se puede y debe entender que en un Estado de derecho se respete la presunción de inocencia, pero los jueces, como servidores públicos que son, tendrían que tener la decencia de apartarse de la carrera judicial hasta que su honra sea devuelta, como se exige a los políticos.

El aforamiento es un privilegio medieval y estamos en el siglo XXI. Sabíamos que la Justicia es lenta. Lo que desconocíamos es que siguiera anclada en los siglos de las cruzadas, donde se mataba por creer y pensar de forma diferente.

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