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Estatuto, moneda de cambio

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Lo hizo el PSOE, cuando el secretario de Organización de los socialistas canarios, Francisco Hernández Spínola, señaló que la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias “sólo será posible si el Gobierno canario se forma con la presencia del PSC-PSOE y de CC”, en medio de las fracasadas negociaciones entre su partido y ATI-CC para la conformación del próximo Ejecutivo de nuestra Comunidad. No fue la primera vez ni la última que se formuló tal posición sobre el futuro del Estatuto por parte de destacados dirigentes socialistas, ya sea en el ámbito insular o en de la dirección estatal del partido. Lo hizo el PP, hasta hace unos días furibundo enemigo de la reforma estatutaria, que, de forma absolutamente deleznable, calificó hace un año una de sus dirigentes como Estatuto “nacionalsocialista”. Ahora, para poder sellar su más que anunciado pacto con ATI-CC, los conservadores canarios se muestran dispuestos a convertirse en defensores del nuevo Estatuto, en una pirueta política que desnuda su grado de coherencia y confirma que en la política de alianzas prima la búsqueda del Poder y tienen muy poca importancia los programas y las ideas. Y, también, lo hace ATI-CC, que tras su apariencia de organización defensora de la reforma del Estatuto y de la ampliación del autogobierno, utiliza el tema formalmente, para tratar de comprometer al PSC-PSOE con el que en ningún momento pretendía pactar el Ejecutivo. Y cierra un acuerdo con el partido más centralista y menos interesado en que la reforma salga adelante, precisamente el que no le puede garantizar que el Estatuto sea aprobado en el Congreso, anteponiendo su permanencia en el Poder a la ampliación del autogobierno. Intereses partidistas Al final, lo único cierto es que PP, ATI-CC y PSC-PSOE han antepuesto sus intereses partidistas, su presencia en el Gobierno canario, a los intereses colectivos de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. En nuestra opinión es lamentable que se utilice el Estatuto como instrumento de intercambio. Es poco edificante y daña gravemente a la política, ya suficientemente degradada, además de suponer una grave falta de respeto hacia los ciudadanos. Como se sabe, en Nueva Canarias hemos sido muy críticos con el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Consideramos un grave error que el mismo quedara en manos de una comisión de expertos y que fuera secuestrado su debate por las organizaciones sociales. Decíamos ayer y reiteramos hoy que un Estatuto desconocido, sin apoyo ciudadano, es un texto que nacía con enorme debilidad y, sujeto por tanto, a ser recortado por los partidos centralistas. El texto remitido desde el Archipiélago al Congreso de los Diputados, y hoy, desgraciadamente, objeto del intercambio partidista, dispuso de un escaso apoyo en nuestro Parlamento: sólo lo votaron 39 de los 60 diputados, muy por debajo del apoyo con que contaron en sus respectivos parlamentos los estatutos de Cataluña o de Andalucía. Igualmente, hemos insistido en que nos parece un grave error que el grueso de la estructura competencial no quede reflejado en el Estatuto, sino en una ley complementaria, la Ley Orgánica de Transferencias para Canarias (LOTRACA), lo que las condiciona a las circunstancias políticas, facilitando posteriores recortes. Sistema electoral Otros temas que no compartimos de la actual reforma, son la definición político institucional del Archipiélago, al entender que lo de Archipiélago Atlántico y Ultraperiférico no es más que una definición puramente geográfica y no política; y exigiendo, además, el claro reconocimiento de nuestro hecho nacional. Y, asimismo, hemos expresado nuestro completo rechazo a que no quede definida de forma clara la situación de doble capitalidad, con alternancia de la sede del Parlamento como hoy sucede con la de la Presidencia del Gobierno. Asimismo, consideramos que la reforma electoral incluida en el Estatuto es insuficiente, aunque mejora el actual e injusto sistema, las barreras antidemocráticas de acceso al Parlamento canario que han impedido nuestra presencia en la Cámara tras estas elecciones, exigiendo porcentajes similares, del 5%, a los que se establecen para poder acceder a ayuntamientos, cabildos y Parlamento español. Y mejorando, asimismo, la actual distribución de diputados por territorios. Hemos sido, como puede observarse, muy críticos con el proceso de reforma estatutario y con algunos de los contenidos del nuevo Estatuto; exigiendo, incluso, que el texto sea nuevamente debatido en las Islas, para que obtenga mayor respaldo social y político. Pero con la misma firmeza, con las mismas convicciones, rechazamos de plano que el Estatuto, el marco de autogobierno por el que ha de regirse Canarias en las próximas décadas, se convierta en moneda de cambio entre los partidos que aspiran a gobernar el Archipiélago, pasando por encima del interés general y dañando, una vez más, la dignidad de la política. (*) Román Rodríguez es diputado y presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez*

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