Los socialistas canarios y la transparencia

Si hacemos caso a los discursos de los políticos, si nos atenemos a la literalidad de sus palabras, los ciudadanos no tendríamos que preocuparnos, su gestión tendría que ser transparente como el cristal, pero la realidad nos dice que el cristal que usan los políticos está tan ahumado que solo sirve para manchar sus largas narices de mentirosos. A pesar de las leyes vigentes -y de las prometidas- la opacidad sigue siendo la característica de los responsables de la gestión de los asuntos públicos sin distinción de “marca” política. En las memorias anuales de la Comisión Jurídica de ATAN consta la gran cantidad de recursos judiciales interpuestos ante la negativa de las tres instituciones canarias, Gobierno, cabildos y ayuntamientos, a facilitar información. También figuran las correspondientes resoluciones judiciales obligando a darnos la documentación pedida. A pesar de ello, nuestros políticos siguen manteniendo los discursos, pero también los hechos. En román paladino: son unos mentirosos.

Un caso concreto ha sido la gestión del puerto de Granadilla. Su Observatorio Ambiental (OAG) dice en su presentación: “La fundación OAG se crea como consecuencia de un Dictamen de la Comisión Europea de 6 de noviembre de 2006 en relación con el impacto ambiental del proyecto de un puerto industrial en Granadilla, en la isla de Tenerife, y con el propósito de que garantice la aplicación adecuada de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en dicho Dictamen, a la vez que controle el estado y las tendencias de la biodiversidad local. La Comisión exige que esta Fundación sea independiente”. Y los hechos han dicho todo lo contrario, ni ha controlado, ni es independiente.

Todo proyecto de construcción de un puerto tiene que tener previsto el aprovisionamiento de grandes volúmenes de áridos, de rocas, pero el de Granadilla no. Primero dijeron sus promotores que se suministrarían de los escombros generados por la construcción de una hipotética segunda pista para el aeropuerto Reina Sofía, pero la realidad, como indicaban todos los datos disponibles, demostró que esta opción era inviable. En lugar de buscar una solución lógica y legal, como es suministrarse de canteras autorizadas, se ha optado por ignorar las leyes y amparar a decenas de explotaciones dedicadas a la extracción de áridos que no cumplen la normativa. El OAG, en lugar de denunciar esta flagrante ilegalidad, dio el visto bueno a muchas de estas empresas dedicadas a picotear el territorio. Además, se ha negado sistemáticamente a dar explicaciones. El patronato de esta institución pagada con dinero público está presidido por la viceconsejera de Medio Ambiente, Guacimara Medina Pérez (por delegación del vicepresidente del Gobierno y titular de la Consejería, José Miguel Pérez García), ambos del Partido Socialista Canario.

ATAN ha denunciado en fiscalía, y en los medios de comunicación, las canteras ilegales pero la única respuesta ha sido los silencios del OAG, de sus responsables y de sus gestores. El 20 de noviembre ATAN presentó un escrito dirigido a la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias exponiendo: “Que a la vista de la problemática medioambiental que representa la actividad minera en un territorio insular y de la sistemática actividad extractiva clandestina que se viene produciendo en la isla de Tenerife, como consecuencia de las obras del puerto de Granadilla, por medio del presente escrito y con invocación expresa de lo dispuesto en la Ley 27/2006, sobre el derecho de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, viene a interesar notificación acerca de los siguientes extremos: Plazas existentes en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería para el Servicio de Minas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y cuántas de ellas están efectivamente cubiertas”. Pues ni caso, la señora consejera no tiene tiempo, y al parecer tampoco ganas, de contestar a esta sencilla pregunta que no es baladí. Solo hay dos posibilidades que permitan entender que el territorio de Tenerife esté sometido impunemente al picoteo paisajístico por parte de numerosas explotaciones ilegales e, incluso, clandestinas. Una sería que la administración careciera de medios y de personal para hacer cumplir la ley y la otra que los responsables, los que incumplen (o lo permiten) las leyes que protegen el territorio y el patrimonio natural, son ellos, los socialistas.

¿Cómo es posible que la empresa que suministra más de la mitad del hormigón que se consume en la isla no se controle por parte de la administración la procedencia de los áridos que utiliza? ¿De donde proceden los materiales que se están utilizando para el puerto de Granadilla? ¿Cumplen las exigencias de calidad establecidas en el ordenamiento del sector? Gracias a la opaca gestión de estos políticos, en este caso socialistas, las asociaciones y ciudadanos seguimos privados de nuestro derecho a la transparencia, soportando la política de hechos consumados, y contemplando como, con su muda desidia, permiten estos atentados medioambientales.