Fraude masivo

Las políticas impuestas desde la Unión Europea (UE) tienen como objetivo alcanzar el ajuste fiscal por la exclusiva vía de la reducción del gasto. Como consecuencia, tenemos menos inversión pública y menos recursos para las políticas sociales, originando más paro, pobreza y desigualdad. Cuando es posible mejorar los ingresos de las administraciones públicas, a través de la reducción del fraude y modificando las actuales políticas fiscales.

En cuanto a la economía sumergida, esta supone en Canarias un 27,9% del PIB, porcentaje muy superior a las estimaciones para España (24,6% en 2012, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha) que duplica ampliamente los datos de Francia (9,7%) o Reino Unido (9,9%). En el caso español estaríamos hablando de una cifra global de 253.000 millones de euros anuales. En el canario, rondaría los 11.500 millones de euros.

Una economía sumergida que sustrae a las arcas públicas sustanciosos ingresos que podrían destinarse a la educación, la sanidad, la dependencia o a las infraestructuras y a la lucha contra el desempleo y la pobreza. Perjudica a los trabajadores y que no cotizan a la Seguridad Social, lo que influirá negativamente en sus prestaciones y en sus pensiones. También a las empresas, que sufren una competencia desleal por parte de las defraudadoras.

Según los datos de los técnicos de la administración tributaria estatal, la recaudación adicional en el Archipiélago, si se redujese la economía sumergida en 10 puntos del PIB del 27,9% al 18%, estaría anualmente por encima de 2.000 millones de euros de ingresos sumando los que recibiría Hacienda y la recaudación de cotizaciones sociales.

Una expresión del fraude es la evasión de capitales. Al respecto, Hervé Falciani ha señalado que de España salen anualmente unos 40.000 millones de euros con destino a distintos paraísos fiscales. Falciani, que trabajó en la filial suiza del banco HSBC, ha aportado información de supuestas cuentas de más de 130.000 evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos, entre ellos, varios miles de ciudadanos españoles.

Se estima que, en Europa, hay acumulados más de 5,8 billones de euros en paraísos fiscales.

Perseguir el fraude

Desde el inicio de esta legislatura, Nueva Canarias (NC) ha insistido en el Parlamento canario en que, para fortalecer los ingresos tributarios de la comunidad canaria, resulta imprescindible perseguir el fraude fiscal. El elevado fraude fiscal y laboral afecta a la equidad y a la suficiencia de nuestro sistema fiscal.

Todos los datos apuntan a que la crisis económica ha incentivado el crecimiento de la economía sumergida y, por tanto, el aumento del fraude fiscal y laboral.

El reciente Informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis, dirigido por el profesor Jordi Sardá, de la Universitat Rovira y Virgili, y Gestha, destaca que la economía sumergida aumentó en 60.000 millones de euros desde 2008 (que era del 17,80% del PIB), hasta situarse en ese 24,6% al cierre de 2012.

Curiosamente, y aunque no es la única razón del elevado fraude, España es de los estados miembros de la Unión Europea que menos recursos humanos dedica para hacerle frente: un efectivo de la Agencia Tributaria por cada 1.958 habitantes, frente a las tasas bien distintas de otros estados de la UE. Uno por cada 1.152 habitantes en Suecia, uno por cada 942 en Francia, uno por cada 929 en Reino Unido o uno por cada 740 en Alemania.

Aparte de la tarea que corresponde al Ministerio de Hacienda, que dirige la gestión de la imposición tributaria competencia del Estado, reiteradamente hemos exigido que también el Gobierno canario incremente la inspección fiscal y laboral en el ámbito de sus competencias. Por ejemplo, en los tributos cedidos, los del Régimen Económico y Fiscal (REF) y en los tributos propios; y en relación, asimismo, con el fraude laboral.

Es preciso mejorar los procedimientos de gestión y control. Estoy convencido de que los recursos humanos y económicos dedicados a perseguir el fraude fiscal resultan siempre una positiva inversión: supondrán muchos más ingresos para la comunidad canaria y, como efecto añadido, disuadirán a muchos de la tentación de defraudar. Por eso hemos presentado enmiendas parciales a los presupuestos canarios de esta legislatura con el objetivo de incrementar los recursos de Canarias en la persecución del fraude fiscal. En se sentido, hemos apostado por el papel relevante que puede desarrollar la Agencia Tributaria Canaria, cuya creación hemos apoyado.

Fiscalidad

Hay que recordar, como señala Gestha, que además de las importantes bolsas de fraude tenemos el problema de un sistema fiscal escasamente progresivo, y, por tanto, injusto.

España está cinco puntos por debajo de la media de la Unión Europea en lo que dedica en sus presupuestos a las distintas políticas sociales. Ello está condicionado por la orientación de las políticas pero, también, por la estructura de ingresos.

Esa vía, la del combate contra el fraude y los paraísos fiscales, junto a la de profundas modificaciones en la fiscalidad que hagan que paguen más los que más tienen -así como incorporando nueva figuras como la tasa turística, que tanta efectividad está teniendo en muchos países del mundo-, permitirá unas administraciones públicas con mayores recursos.

Para afrontar adecuadamente las necesidades de un estado social y de derecho. Para construir una sociedad con mayor equidad: con mejores servicios públicos y con una más justa redistribución de la riqueza. Para impulsar la inversión pública, evitando los graves riesgos de una nueva recesión, como ya la propia Comisión Europea reconoce con un inconsistente e impreciso Plan de Inversiones (315.000 millones de euros entre 2015 y 2017), que deja el 80% del mismo en manos del capital privado. En definitiva, para romper con la dinámica impuesta de políticas de recortes y austeridad que sólo han causado más desempleo, más pobreza y más desestructuración social.