Gas natural licuado: un paso atrás

El debate sobre la posible instalación del gas natural licuado (GNL) en Tenerife demuestra que en Canarias no existe una política medioambiental basada en las energías limpias y renovables, sino una apuesta decidida hacia un modelo de suministro energético que contradice los distintos acuerdos internacionales en materia energética y ambiental, rechaza el desarrollo de una sociedad sostenible y, una vez más, garantiza la vinculación del poder con las empresas productoras de energía.

Al respecto, no han pasado desapercibidas las declaraciones del director insular de Fomento del Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra, cuyo discurso incide en la importancia de implantar el GNL a lo largo de la Isla, a pesar de la abierta oposición de muchos municipios como La Laguna y La Orotava. Su planteamiento se circunscribe a términos mayoritariamente económicos, donde importan más las finanzas que la política medioambiental y la calidad de vida de las personas; para ello, ha enfatizado que es más barato y menos contaminante producir electricidad con gas que con fuel y diésel (o gasóleo), apoyándose en el paradigma de la iniciativa llevada a cabo en Adeje, donde se suministró gas propano a los hoteles, con unos resultados que calificó de excelentes.

La respuesta a este interés es una mezcla de intereses entre el Gobierno regional y el banco Goldman Sachs, la entidad más influyente del mundo en materia económica. Dicha entidad es propietaria de Redexis Gas, un grupo empresarial centrado en el gas natural y el gas licuado en España, que ha recibido el espaldarazo de aquel para lanzarse a la conquista de este sector en nuestro territorio.

Canarias no es ejemplo de energías renovables, a pesar de que, por ejemplo, se publicite desde mediados del año pasado que la central hidroeólica de El Hierro suministra a su población la totalidad de carácter eléctrico. Hay muchos intereses de por medio para que no se produzca el cambio que se promueve en otros países; de hecho, molestan proyectos como el de Julieta Schallenberg, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el cual deja patente que las Islas podrían cubrir veintidós veces su consumo eléctrico a través de parques eólicos marinos o flotantes, usando para ello el 12% de sus aguas territoriales y con un coste un 23 % más barato.

Esa política a favor del GNL contradice el manifiesto Energía Limpia para las Islas, firmado en 2016 por la Comisión Europea y catorce países miembros de la Unión Europea para apoyar la implantación de las energías limpias y renovables en las 2700 islas de componen esta última, respetando así el medio ambiente. Además, este manifiesto incidía en que era vital la cooperación de los intereses públicos y los privados para lograr ese fin, sin que se viese alterada la realidad de la demanda energética. Por tanto, no casa este marco teórico con la realidad del GNL; de paso, contradice la política del propio Gobierno, ya que el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, expuso a bombo y platillo que en 2025 la mitad de la energía eléctrica regional se generará a través de fuentes renovables, es decir, alcanzaremos el 45% de la producción energética por ese medio, teniendo en cuenta que el pasado mes de enero la energía eólica registró el récord de producir el 8% de la eléctrica consumida en las Islas. El objetivo es imposible.

Mientras nosotros damos un paso más hacia atrás con el GNL, ciudades como Ámsterdam trabajan por una reconversión energética, que provocará que en 2050 prescinda totalmente del gas natural, buscando convertirse en una zona libre de CO2, producto del Pacto Energético Nacional firmado en 2013 por sindicatos, empresas y grupos ecologistas, además del Estado. Por su parte, Suecia quiere convertirse también en 2050 en el primer país 100% que no dependa del carbón, el petróleo y el gas y sí únicamente de energías renovables. Aquí acabaremos cobrando por respirar.