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Gran Canaria, pionera en rehabilitación turística

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Su finalidad es impulsar la rehabilitación integral del espacio urbano y la adecuación de las infraestructuras públicas en un área turística que ya cumple 50 años de vida. Y apoyar, en colaboración con los agentes privados, la necesaria renovación de la planta antigua y de las zonas comerciales desfasadas. Se trata de asegurar la viabilidad futura de este importante destino turístico y fomentar su competitividad internacional.

La necesidad de crear este tipo de consorcio no es nueva. La Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, que impulsé como presidente del Gobierno en la legislatura 1999-2003, y que fue aprobada por unanimidad del Parlamento en abril del año 2003, dedica todo un capítulo a la necesaria rehabilitación urbana y renovación edificatoria de las áreas turísticas más antiguas. Allí se define detalladamente la estrategia de rehabilitación a seguir para recualificar el espacio turístico, la necesidad de formular un instrumento de planeamiento específico para el área y el imprescindible órgano de gestión de todo el proceso. "Órgano de gestión adscrito a una de las administraciones actuantes o el consorcio que integre varias administraciones", señalaba la directriz turística 23.4.

Directrices turísticas

También el texto de la Ley de Directrices mandataba al Gobierno de Canarias para que en el plazo de un año, "formulara un programa para el desarrollo de una serie de actuaciones de rehabilitación urbana, de carácter ejemplar, en concertación con las administraciones insulares y locales, en diferentes zonas turísticas, elegidas en función de su mayor potencial de impulso sobre la renovación edificatoria y la recuperación de espacios turísticos emblemáticos del archipiélago". Y en un anexo específico se determinaba que estos programas de rehabilitación urbana ejemplares se debían desarrollar "al menos en los siguientes núcleos: Puerto del Carmen, en Lanzarote; Corralejo y Morro Jable, en Fuerteventura; San Agustín y Playa del Inglés, en Gran Canaria; y Puerto de la Cruz y Los Cristianos, en Tenerife", añadiendo que el planeamiento insular y general podría señalar otras. Asimismo, para incentivar y facilitar la renovación edificatoria turística privada, tanto alojativa como complementaria, obligaba al Gobierno de Canarias a "establecer un programa de medidas de carácter económico, fiscal, laboral y administrativo concertada con las restantes administraciones implicadas y con las entidades financieras en su caso", en un plazo máximo de un año.

Como se puede apreciar, los sucesivos gobiernos de ATI-CC y PP presididos por Martín y por Rivero han incumplido flagrantemente lo establecido en la Ley de Directrices aún vigente, no poniendo en marcha ninguna de las medidas de apoyo a la rehabilitación turística previstas. Canarias ha perdido casi seis años por la irresponsabilidad o por la ineptitud de sus gobernantes. No han sido capaces de abordar con rigor los problemas de su principal sector económico, retrasando la toma de decisiones dirigidas a la mejora de la planta alojativa y la transformación de las ciudades turísticas. Quien tenía que hacer los deberes no los hizo. Y por eso el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con el Estado, ha tomado la iniciativa impulsando la creación de este Consorcio.

Nueva Canarias se ha implicado de forma decidida para que el Consorcio fuera una realidad. Por ello, en la pasada legislatura, siendo diputado, tomamos distintas iniciativas. Presentando, en primer lugar, una interpelación al entonces ministro Joan Clos en el Congreso, de la que nació una moción aprobada por todos los grupos de la Cámara el 12 de noviembre de 2007 y que implicaba al Estado en la tarea de renovación urbanística de nuestras ciudades turísticas, apostando inicialmente por desarrollar la experiencia piloto en San Bartolomé. Una moción que tuvo su continuidad en las enmiendas que presentamos a los Presupuestos Generales del Estado para 2008, una de las cuales permitió comprometer al Gobierno central en la constitución del Consorcio Urbanístico de San Bartolomé, con una aportación de dos millones de euros. Fue la primera piedra de una iniciativa que comenzará a aplicarse a partir de ahora y que es fundamental para el futuro del sector turístico de Gran Canaria.

Y para facilitar los relevantes objetivos del Consorcio era imprescindible que el sosiego y la estabilidad marcasen la vida política de San Bartolomé, por lo que hemos dedicado importantes esfuerzos a esta tarea, que han fructificado en el reciente acuerdo de gobierno entre NC, PSOE y AV. Un tripartito de amplia base que tiene en su línea programática, junto a la gestión de los servicios básicos municipales, el desarrollo del Consorcio y la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

Mientras el Gobierno canario no cumple con lo especificado en las leyes emanadas del Parlamento o se saca de la manga una ley de medidas urgentes que concitan el más absoluto rechazo social y económico, y que obstaculiza las imprescindibles tareas de rehabilitación turística, en las instituciones en que tenemos presencia continuamos impulsando medidas que ayuden a mejorar la competitividad de nuestro principal motor económico. Desde la puesta en marcha del Consorcio al impulso de la estabilidad política en San Bartolomé, pasando por la próxima aprobación inicial por el Cabildo del Plan Territorial Especial para la Regeneración de Playa del Inglés, San Agustín y Maspalomas.

Román Rodríguez*

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