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Una Ley contra la Constitución

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El cerco se estrecha, el tiempo se agota.

La semana, coincidiendo con la rentrée política, igual es decisiva, o al menos, esclarecerá algo el proceso independentista de Catalunya. Y al revés: lo enrederá más.

Se reúnen, por un lado, el Tribunal Constitucional (TC), a la espera de la aprobación de la Ley de Referéndum y de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, registrada la semana pasada por la CUP y Junts pel Sí; y, por otro, el Parlament catalán que se saltará todo lo que haya que saltarse para alterar el orden del día y aprobar la norma, tras lo cual, inmediatamente después, el president firmará el decreto de convocatoria de la consulta soberanista.

Formalidades a estas alturas.

La Ley, de pomposa denominación, sería una especie de disfraz legal. Lógicamente, los promotores del soberanismo no se van a detener, aunque conduzcan a su pueblo al abismo o al aislamiento. Que se presente y apruebe la norma -decir debatirla, lamentablemente, es superfluo- antes de la celebración del referéndum, sin tener en cuenta el resultado, revela que los dislates se suceden y cabalgan al galope tendido. Se trata, ni más ni menos, de un pretexto para acabar imponiendo un modelo político a todos los catalanes y al conjunto de los españoles.

Y algunos, sin saber todavía si es válido aplicar un artículo, el 155, de la vigente Constitución. Igual cuando lo tengan claro ya estará proclamada la República.

Que nadie se extrañe, entonces, si se habla de un autogolpe independentista. El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, Javier García Fernández, citaba, en un enjundioso artículo publicado en El País, al jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen quien describía que se produce un golpe de Estado cuando “el orden jurídico de una comunidad es nulificado y sustituido en forma ilegítima por un nuevo orden”. El mismo autor precisaba que, en sentido jurídico, “el criterio decisivo es que el orden en vigor es reemplazado por un orden nuevo de forma no prevista por el anterior y la Constitución es reemplazada por otra nueva que no procede de la reforma de la que está en vigor”.

Desde el punto de vista teórico, no hay dudas: estamos ante un autogolpe.

Algunas breves consideraciones sobre la Ley catalana que, salvo alarde de cordura, será aprobada. Está avalada por el Partido Demócrata de Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP.  Incluye ochenta y nueve artículos y se interpreta como el núcleo de la pretendida futura Constitución de una Cataluña independiente. Faltaría más: otorga la soberanía nacional al "pueblo de Cataluña" en exclusiva; dota de doble nacionalidad -catalana y española- a los ciudadanos; establece la cooficialidad de las dos lenguas; crea su propia Justicia (quien hizo la Ley, hizo la trrampa); otorga inmunidad al presidente de la pretendida República; prevé -como no podía ser de otra manera- la amnistía de quienes fuesen condenados por participar en la construcción del Estado catalán, contempla la expulsión del Ejército español (¡fuera invasores!) y que los Mossos tomen el control de puertos y aeropuertos.

La conclusión es clara: estamos ante una Ley que va contra una Constitución. ¿Es eso posible? Más de un jurista, seguro, hablará de una situación esperpéntica, disparatada; pero eso ya parece importar poco en la alocada carrera soberanista.

El cerco se estrecha, el tiempo de agota.

Sigan, si quieren, con las apelaciones al diálogo. Pero ya no se vislumbran salidas pactadas. Hay instrumentos y resortes para aplicar soluciones políticas por parte del Gobierno. Igual es tarde. Somos conscientes de que en el tablero se libra una contiene delicada y que cada movimiento exige reflexión y seguridad.

Veremos si los resultados de esta semana clarifican o enredan tamaño rompecabezas.

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