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Moratoria turística

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El Parlamento canario ha iniciado el proceso de debate del proyecto de Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Sin duda, una de las leyes más relevantes de la legislatura, al tratarse de nuestro principal sector económico, el turismo, y de sus implicaciones en el adecuado uso del territorio. Un proyecto de ley que, aunque en buena medida continúa con la política iniciada con la Ley de Directrices (freno a nueva ocupación de suelo, apuesta por la renovación de la planta obsoleta y crecimiento selectivo), a nuestro juicio, presenta algunas deficiencias y problemas.

En primer lugar, creo que el Gobierno se equivoca al no acompañar el proyecto de ley con el correspondiente informe de evaluación y análisis sobre las condiciones y evolución del mercado turístico en las Islas, así como del impacto de las distintas medidas adoptadas para mejorar la cualificación y diversificar el sector. No sólo porque está obligado a ello por las Directrices, sino, además, para contar con la suficiente información sobre aspectos como el impacto de las medidas de limitación del crecimiento alojativo y de suelo, el balance de las medidas de renovación aplicadas, el número de plazas alojativas existentes y su calidad o los cambios de la demanda turística en el mundo.

En segundo, considero que la nueva Ley era una oportunidad única para acabar con la dispersión legal, procediendo a unificar toda la legislación existente sobre la materia en un solo texto. Esa unificación favorecería el ejercicio de sus derechos por parte de ciudadanos, empresas y administraciones, simplificando los procedimientos y mejorando la seguridad jurídica.

En tercero, me preocupa el escaso debate que la ha precedido. Contrasta con el importante debate social y la participación pública que se produjo en el proceso de elaboración, entre los años 2001 y 2003, de la Ley de Directrices de Ordenación General y de Turismo.

Regulación

Nueva Canarias siempre ha sido favorable a la regulación y planificación del sector turístico. Por razones de carácter medioambiental, siendo plenamente conscientes del impacto territorial, de consumo de recursos, de generación de residuos, etcétera, que suponen los 12 millones de visitantes anuales, así como del conjunto de infraestructuras públicas y privadas (en materia sanitaria, transportes, seguridad, generación eléctrica, etcétera) que conlleva. Lo que aconseja que esta actividad en unas islas con suelo escaso y limitados recursos esté bien regulada.

Pero también lo planteamos por razones estrictamente económicas. El turismo es nuestra principal actividad. Supone el 29,5% del PIB canario y el 34,2% del empleo. No podemos repetir errores del pasado reciente. No podemos permitir que los particulares intereses de unos pocos se impongan sobre el interés general y deterioren nuestro territorio y nuestro motor económico, generando crisis de sobreoferta alojativa como la que se dio a principios de los años 80 y de los 90 del pasado siglo, e insistiendo en poner en el mercado instalaciones de baja calidad.

La desregulación que defiende la derecha, asegurando que el mercado lo modula todo, está detrás de los grandes problemas que padecemos hoy. En el sistema financiero, sin la menor duda. Pero sufrimos también las consecuencias de la ley del suelo y los procesos disparatados de clasificaciones y de construcciones de la burbuja inmobiliaria.

En mi etapa como presidente del Gobierno (1999-2003) tomamos decisiones claves para el presente y el futuro de Canarias. Como la moratoria de enero de 2001 y la Ley de Directrices de abril de 2003, aprobada unánimemente por la Cámara. Una Ley dirigida a limitar el excesivo consumo de suelo y el desorbitado crecimiento turístico. Apostando por la renovación de la planta alojativa obsoleta, la rehabilitación del espacio público de la ciudad turística, la diversificación de los productos de ocio y la mejora de la cualificación del personal. Todo ello con participación y transparencia; y respetando el ordenamiento jurídico.

Las Directrices fijaron un límite al crecimiento de nuevas camas turísticas con unas excepciones de hasta 3.600 plazas de calidad por año en su primer trienio de aplicación. Criterio que fue prorrogado de facto por el posterior Ejecutivo en 2006; y, ya en 2009, la Ley de Medidas Urgentes mantuvo la limitación, con las excepciones, incrementando el número de plazas por rehabilitación o sustitución de las ya existentes.

Ahora, con el proyecto de Ley de Renovación y Modernización Turística, se pretende, esencialmente, ordenar y limitar el crecimiento de plazas, favorecer la calidad de los alojamientos e incentivar la renovación de la oferta. Objetivos generales de los que participamos, aunque discrepamos de algunos de los contenidos concretos que trataremos de mejorar a través del trámite parlamentario mediante las correspondientes enmiendas. Entre otros asuntos, consideramos de enorme interés evaluar el impacto que tendrá la legalización de las plazas turísticas que hoy no cuentan con autorización.

Frente al muy extendido discurso neoliberal, Nueva Canarias defiende sin complejos la regulación del sector turístico y del territorio. Nos parece un deber de las administraciones públicas con esta tierra y con los ciudadanos canarios de hoy y de mañana.

Apocalípticos

Frente a los apocalípticos que señalaban que la moratoria y las directrices suponían una vulneración de los derechos particulares y multimillonarias indemnizaciones que dañarían las arcas públicas canarias, hemos demostrado que actuamos conforme a la legalidad; y todas la sentencias del Tribunal Supremo han avalado las decisiones adoptadas en defensa del interés general y de un modelo de desarrollo sostenible para Canarias, generando una abundante jurisprudencia sobre la materia.

Considero que las grandes tareas que debe afrontar nuestro sector turístico ya fueron claramente definidas en la Ley de Directrices de abril de 2003: rehabilitación de la ciudad turística, renovación de la planta alojativa, diversificación de los servicios complementarios y formación de trabajadores y empresarios.

A ello se añaden otros instrumentos que creo imprescindible implementar. Entre ellos, incrementar la conectividad aérea, mantener las bonificaciones de las tasas aéreas, segmentar nuestra oferta y diversificarla, mejorar la comercialización directa de nuestra oferta alojativa y realizar una acertada y coordinada promoción comercial. Todo ello con el fin de que el turismo, sin incrementar la presión sobre el territorio, produzca mayores beneficios, mayor nivel de gasto, más y mejor empleo. Esos serán los ejes, junto a la búsqueda del mayor consenso social y político, con los que desde Nueva Canarias afrontaremos el debate parlamentario de este trascendental proyecto de Ley.

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