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Murdorch, prensa y poder

Juan García Luján / Juan Garcia Luján

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Lo primero que hay que decir es que a Rupert Murdoch no fue elegido por el pueblo británico ni el norteamericano, por eso las decisiones de los jefes de gobierno que han pasado por Down Street o por la Casa Blanca no deberían tener en cuenta los caprichos y los intereses del magnate de origen australiano. Pero sabemos que eso no es así. Desde la época de Margareth Thacher, la línea editorial de los periódicos de Murdoch ha influido en los resultados electorales y en la política de Londres en relación a la Unión Europea. Murdoch es derechista, pero se cuenta que decidió apostar por Tony Blair después de pactar con el líder laborista su política con Europa. Blair aceptó el trato, Murdoch lo respaldó desde sus medios de comunicación y los laboristas ganaron las elecciones.

Imperio de comunicación y oligopolios informativos son incompatibles con la pluralidad informativa y con el derecho a la información. Eso lo saben los dueños de los grandes grupos mediáticos europeos, por eso en sus periódicos no se ha querido entrar en el debate a la hora de analizar el escándalo de las escuchas del News of the World, el espionaje a 4000 personas durante varios años es sólo la punta del iceberg. Entre los espiados estaban víctimas de los atentados del 11-J de Londres y miembros del gobierno y la familia real británica. La detención de Andy Coulson, que fue director de News of the world antes de llegar a ser jefe de prensa del primer ministro David Cameron, demuestra la debilidad de las fronteras entre el poder político y el mediático.

News of the World pagaba a la policía por información que obtenían de espionajes ilegales, con esa información se lograron grandes exclusivas. En otras ocasiones la información pudo servir para chantajear a los espiados. Aquí está el meollo de la cuestión. Cuando la noticia se convierte en mercancía y se trafica con ella. Cuando la información deja de ser un derecho fundamental de los ciudadanos.

En España hemos visto casos parecidos al de Murdoch. Cuando Mario Conde quiso ser un candidato a la Moncloa entró en el accionariado del periódico El Mundo. Desde su poder de director de unos de los principales bancos de España Mario Conde compró información a antiguos miembros de los servicios de inteligencia españoles. Esa información se usó como amenaza a poderes del Estado, incluso a la Casa Real. Ese fue el principio del fin de la ambiciosa carrera de Conde.

En Canarias también vimos a un vicepresidente del gobierno, José Manuel Soria, grabando una conversación privada para luego entregarla al grupo Intereconomía y montar un escándalo ficticio. El objetivo era frenar la investigación de la corrupción del PP en Telde. La reacción de la mayoría de los medios fue difundir esa conversación, hacerle el juego a José Manuel Soria. Los dos periódicos de papel vinieron a descubrir después la falta de escrúpulos de Soria cuando se enfrentó a los editores y movió hilos para tumbarlos. El cuchillo nunca duele hasta que no te lo clavan a ti en la barriga.

Se puede ser propietario de una radio Ranilla y chantajear a políticos. Pero el peligro es mayor cuanto más poder se da a las empresas mediáticas. Las leyes que permiten que el 60 % de los medios masivos en un país de 45 millones de ciudadanos estén en manos de 3 ó 4 grupos empresariales, los concursos radiofónicos que entregan más del cincuenta por ciento de las licencias a empresarios de la construcción amigos del gobierno o a radiofórmulas foráneas, el reparto de la publicidad institucional sin control público que se utiliza para premiar y castigar líneas editoriales , todos son episodios que muestran las complejas relaciones entre prensa y poder. A Murdoch le ha pasado lo mismo que al editor de El Día, después de alimentar al dragón el gobierno quiere pararle las patas porque el dragón le está escupiendo fuego despues de haber empleado sus periódicos contra los enemigos del gobierno. Pero el problema no es si los magnates de la comunicación pasan de alabar a los gobiernos que los han beneficiado a atacarlos porque quieren más todavía, el problema es que se lleven bien o se lleven mal, la víctima siempre es la misma: el derecho de los ciudadanos a una información veraz.

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