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PSOE, Podemos y derecho a decidir

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“Son las circunstancias, esas circunstancias que algunos caballeros pasan por alto, las que en realidad dan a todo principio político su matiz peculiar y su particular efecto”.

Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución Francesa.

El Federalismo no se inventó para separar, sino para unir. La Constitución, como norma suprema de un Estado, tiene como objetivo organizar el poder, definir quién debe ejercerlo y fijar sus fines y sus límites, asegurando la libertad de los ciudadanos. Tiene, por tanto, poco sentido pedirle a las Constituciones que se apliquen a regular los procedimientos para extinguir el Estado. Por eso no suelen reconocer entre los derechos de sus ciudadanos y de sus territorios el de decidir, es decir el derecho a la autodeterminación. Esta misma cuestión estuvo en el origen de la Guerra de Secesión americana, por si alguien lo ha olvidado.

Que yo recuerde, en Cataluña ha habido dos referéndums en el pasado reciente: el referéndum constitucional, con amplísimo apoyo a un modelo de convivencia democrática entre las personas y los pueblos de España, basado en la unidad, la autonomía y la solidaridad; y el recientísimo referéndum político, con todas las garantías de una consulta democrática (libertad de opciones, pluralismo informativo, garantías del voto individual y secreto y de la verificación de los resultados) en que los partidos y candidaturas independentistas convirtieron legítimamente   --insisto, en términos políticos—las elecciones autonómicas.

En el primer referéndum, el de la constitución, la participación de los catalanes fue muy alta y el apoyo masivo. El segundo, también con elevadísima participación, lo perdió la opción independentista. Quienes la defendieron, como era previsible, no aceptaron el resultado: más noes que síes a la independencia. Y proclamaron su victoria porque la Ley electoral atribuye mayoría de escaños a quienes no obtuvieron mayoría de votos.

No puedo concebir, aunque pueda acabar ocurriendo, que el obstáculo para intentar formar un gobierno progresista sea la exigencia de Podemos (o de los diputados de la órbita de Ada Colau) de incluir en la Constitución el derecho de las nacionalidades a la autodeterminación, lo que requeriría una mayoría imposible en la nueva legislatura. O, simplemente, el compromiso de convocar --al margen y en contra de la Constitución-- un referéndum en Cataluña sobre la independencia.

Creo que de este asunto trascendente habrá que hablar, pero no ahora.

¿Por qué no ahora? Porque el extraordinario auge reciente del independentismo catalán es resultado directo de estos factores: la política económica conservadora frente a la crisis, con toda su secuela de desigualdades; el deliberado intento de quienes han impuesto en Cataluña los recortes y han chapoteado en la corrupción hasta ahogarse, de utilizar el independentismo como coartada y burladero para no rendir cuentas ante los catalanes de sus fechorías; la actitud del PP, al que parecía convenirle tácticamente la desafección hacia España de una parte muy importante de la sociedad catalana; y un sistema de financiación autonómica en el que la negociación a la baja por los sucesivos gobiernos estatales   (con la violencia etarra como trasfondo: recordemos cómo Arzallus decía ufano “ETA remueve el ciruelo y nosotros, el PNV, recogemos los frutos) del cupo o concierto ha permitido a los gobiernos vasco y navarro disponer de más recursos por habitante que los demás gobiernos autonómicos, sin que ello responda a un mayor esfuerzo fiscal. Todo lo contrario: es sabido el dumping fiscal con el que el gobierno vasco ha conseguido la deslocalización en Euskadi de empresas de comunidades autónomas limítrofes, aprovechando sus amplias potestades legislativas en materia tributaria.

Me parece una conducta suicida para el gobierno de un país, de cualquier país, que se pretenda decidir sobre su unidad o su disgregación, sin antes intentar desactivar los factores que han llevado a casi la mitad de los habitantes de uno de sus territorios a desear la independencia.

Cuando el panorama de la crisis, y sus secuelas sociales, esté despejado. Cuando se restablezca un sistema de financiación equitativo y un procedimiento de negociación del cupo o concierto que impida ventajas injustificadas y, en consecuencia, agravios comparativos. Cuando hayan sido puestos en su sitio los responsables de la corrupción en la Generalitat. Cuando un Gobierno de España se dirija a los catalanes con otra actitud y pueda presentarles resultados tangibles de una gestión positiva de todos estos asuntos….

Entonces hablaremos del derecho a decidir.

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