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Desequilibrio territorial

El acuerdo tiene dos partes diferenciadas: un pacto sobre los Presupuestos del Estado para 2011 y un compromiso político sobre diversas cuestiones. Con relación al primero, no incluye ninguna partida significativa para Canarias que no esté ya en el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno. Salvo unas enmiendas que inciden en el grave desequilibrio territorial que padece Canarias. Gracias a ellas Tenerife recibirá casi 10 millones de euros, mientras que para Gran Canaria se destinan sólo 600.000. Además, no se consigna partida para la construcción del pabellón del Mundial de Baloncesto 2014.

El resto de cantidades ya estaban en el proyecto de PGE, y también en el vigente de 2010: los 70 millones del ITE para el Plan de empleo, los 42 millones para políticas activas de empleo del PIEC, los 40 para Infraestructuras Educativas, los 42 para infraestructuras turísticas, los 20 millones para infraestructuras ferroviarias o los 22 para reindustrialización, de los que 20,3 millones son préstamos. Por supuesto que no hay el menor rastro de las inversiones comprometidas en el Plan Canarias. Además, Canarias queda 242 millones por debajo de la inversión estatal por habitante. Se incumple, por tanto, el artículo 96 del REF, mientras sí se cumplen las cláusulas de inversión de los Estatutos de Andalucía, Cataluña, Baleares, Aragón y Castilla-León.

Pero junto a este mal acuerdo presupuestario se establece un acuerdo político con cuatro ejes: reforma del Estatuto, modificación del REF, reconocimiento de las aguas canarias y políticas activas de empleo. En el primero de los asuntos, ATI-CC ha impuesto su tesis de separar la reforma del Estatuto de Autonomía de la reforma del sistema electoral. En este sentido, Zapatero ha desautorizado la posición sostenida hasta ahora por los socialistas canarios. Esta es la principal victoria que Rivero y ATI-CC logran con este acuerdo, que como se ve nada tiene que ver con los intereses generales de la ciudadanía de Canarias y mucho con mantener la hegemonía de ATI en el gobierno canario. NC va a seguir defendiendo que es prioritario lograr un nuevo sistema electoral que introduzca más democracia en Canarias y que respete la voluntad de los electores, frente al actual que excluyó a 150.000 votantes en 2007.

Con relación al REF, considero que la principal solicitud debe ser que efectivamente se cumpla con los textos legislativos en vigor. En concreto, con los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales del REF, que establece que "las inversiones estatales en Canarias no debe ser inferior al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular". De ser así, Canarias tendría en estos PGE 242 millones más de inversión que serían fundamentales para hacer frente a la caída de la inversión privada y para generar actividad económica en la comunidad con más paro de todo el Estado. Además, estoy en total desacuerdo con el procedimiento partidista seguido para iniciar su reforma.

Aguas, un engaño

En cuanto a las aguas canarias, objetivo que siempre hemos defendido, el acuerdo no soluciona este contencioso. En primer lugar, es falso lo declarado por Rivero que con esta Proposición de Ley "las aguas entre Tenerife y Gran Canaria dejarán de ser internacionales y pasarán a ser aguas canarias". Según señala su propia Disposición Adicional "el trazado del contorno perimetral no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente". Mientras el Gobierno español no declare como aguas jurisdiccionales españolas las actuales aguas internacionales interinsulares y se someta al arbitraje multilateral de los organismos del vigente Convenio Internacional del Mar no habrá cambios en este asunto.

En segundo lugar, tampoco se amplían las competencias canarias sobre ningún ámbito marítimo adicional, ni siquiera sobre las actuales aguas jurisdiccionales españolas, Lo deja claro el segundo apartado de la Proposición: "El ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias (?) se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente". Tendría que modificarse el Estatuto de Autonomía y ampliar el ámbito territorial de la comunidad autónoma, al menos a las aguas de jurisdicción española, e incorporar nuevas competencias acordes con esa nueva realidad territorial.

Respecto a las políticas activas de empleo, éstas están desde hace años prácticamente traspasadas a Canarias. Consisten fundamentalmente en la intermediación laboral, la formación de desempleados y de ocupados y las subvenciones a la contratación. Las dos primeras ya están transferidas a Canarias, puesto que ya el Servicio Canario de Empleo se encarga de ambas. Y sí es positivo la transferencia de inspectores de trabajo y seguridad social.

En definitiva, ATI-CC ha contribuido a salvar unas cuentas públicas estatales que discriminan gravemente a Canarias respecto a otras comunidades y que fomentan el desequilibrio interinsular, adornándolo con un acuerdo político de escaso contenido efectivo, salvo el mantenimiento del injusto y antidemocrático sistema electoral. Una nueva frustración para esta tierra y su gente, con un acuerdo en el que gana ATI y pierde, una vez más, Canarias.

* Presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez*

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