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Paralización momentánea

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No debe pasar inadvertida la momentánea paralización de la privatización de la sanidad pública en Madrid por parte de la administración de justicia. La lucha y la tenacidad social, bien vertebradas, ejemplares para el resto de sectores, por un lado; y, por otro, la propia cautela judicial que viene a decir que todo el monte sanitario no es orégano, por mucho volumen de negocio que entrañe, son factores que han de ser tenidos en cuenta para intentar reconstruir el Estado del bienestar.

Se ha escrito bien: momentánea, porque los afanes privatizadores no van a cesar y seguro que los interesados en ese modelo se van a rearmar para intentar conquistar las metas que se han propuesto. En los respectivos estados mayores, pero principalmente en la parte política, ya se estarán estudiando calendarios a la par que estrategias adecuadas para volver a intentarlo. El mandato se agota y la proximidad de la nueva convocatoria electoral hará que se lo piensen mucho. Y no solo pesan los antecedentes: entre las grandes incógnitas de las nuevas citas con las urnas figura la respuesta de los electores, alertados no solo con los incumplimientos de los programas de partidos políticos sino con los engaños masivos para los que habrá tentación de reproducirse a poco que alguno obtenga mayoría absoluta.

Y la parte social, esa simbólicamente representada como la Marea Blanca, también gana tiempo. No puede dormirse, tendrá que mantener encendida la llama para seguir convenciendo y movilizando a quienes dieron una respuesta admirable, en una contestación que hizo tambalear las optimistas previsiones de algunos gobernantes que ya se frotaban las manos tras iniciarse los procedimientos que nunca pensaron iban a ser paralizados. Un notable revés para sus intereses. Fue una contestación de defensa, en sí misma un mensaje a la justicia y a quienes se empeñan en un modelo sanitario envuelto en celofán de negocio: la sanidad no se vende.

Puede que estemos ante una pugna ideológica: los neoliberales y su persistencia en acabar con lo público, atacando principalmente aquello que pueda aportar una rentabilidad, no importa la salud quebrantada o la integridad física de los humanos; frente a quienes creen que es viable y sostenible un sistema de protección social que garantice una atención de calidad, universal y gratuita. El éxito provisional en sede judicial de quienes defienden la sanidad como un servicio público viene a significar un estímulo, por muchos discursos que desde la otra parte se hagan de las bondades y de la universalidad de la asistencia. Probablemente, a muchos usuarios no importará que se incrementen sus impuestos para esta finalidad antes que verse obligados a abonar un seguro privado que, por lo demás, no es garantía alguna de que les van a sanar mejor.

La salud, la vida misma, no puede depender del dinero que se tenga o se invierta en mantenerla.

Parece que los jueces entendieron el mensaje.

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