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Paralizado el encauzamiento de Valle del Gran Rey

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Lo primero que quedó patente a quienes tuvimos ocasión de leerlo, es que el informe de impacto no reunía los mínimos requisitos científico y técnicos imprescindibles en un informe de este tipo y que, por tanto, solo cabían dos posibilidades: la primera es que se hubiese aprobado por todas las administraciones sin que nadie se molestara en leerlo. La segunda, que no es incompatible con la primera, es que la ignorancia les impidiera darse cuenta de los numerosos disparates que contiene el informe aprobado. Los ciudadanos solo estamos, según han puesto en evidencia estos administradores públicos, para pagar impuesto y votar cada cuatro años, no para participar y opinar. Un comportamiento propio del despotismo ilustrado, no el de una sociedad democrática que, por definición, facilita la participación ciudadana.

Fueron los vecinos y la nueva corporación quienes hicieron posible esta participación. Técnicos de la administración pública, responsables de la empresa, el ayuntamiento y los vecinos se reunieron, intercambiaron opiniones y llegaron a acuerdos que permitieron desatascar una situación que había soliviantado, y con razón a los vecinos de Valle Gran Rey. Se propuso y se aceptó crear un equipo interdisciplinar que elaborara un informe que permitiera mejorar la obra y minimizar el impacto ambiental. En este grupo de trabajo participamos un geógrafo, dos biólogos y un ingeniero. Hablamos con los vecinos, con el equipo de gobierno municipal, con el director de la obra y con responsables técnicos de la empresa concesionaria, escuchamos sus propuestas. Entre todos se mejoró el proyecto y se alcanzó un consenso que tuvo su inmediato reflejo en un tranquilo inicio de las obras. La participación ciudadana, el diálogo y la transparencia en la información fue lo que hizo posible el cambio, lo contrario de lo que había sucedido hasta ese momento en los que el ninguneo a los ciudadanos afectados, la opacidad y la ausencia de diálogo propiciaron la protesta de los vecinos y asociaciones.

En la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT) entendimos que los sucedido con el encauzamiento merecía ser incluido en el Seminario Planeta Tierra dentro del ciclo destinados a las lluvias torrenciales e inundaciones marítimas. Era un ejemplo de obra de ingeniería destinada a evitar las consecuencias de las riadas y, también, de las distintas formas de presentar y ejecutar este tipo de proyectos. El acto tuvo una masiva asistencia y contó con la presencia de del alcalde del municipio y de todo el personal técnico relacionado con la obra. Todo parecía ir sobre ruedas cuando me entero que la obra está en proceso de paralización, que la empresa está despidiendo personal. ¡Maldita crisis! Pensé al instante atribuyendo el problema a los recortes presupuestarios, olvidando que estos recortes son consecuencia de la nefasta gestión que los partidos dominantes ha hecho en las administraciones públicas.

Pero no es esa la causa, la razón, por la cual esta obra de ocho millones de euros se ha paralizado. No es la falta de presupuesto, es porque unos gestores públicos deben tener como guía de actuación los chistes de Gila. La obra se paraliza porque el ingeniero de la consejería de Obras Públicas, el responsable de controlar la ejecución, tiene que hacerlo en horario de oficina y fichar al comenzar y finalizar su jornada laboral. Con lo cual, es evidente que solo tiene tiempo de llegar, saludar y despedirse si quiere llegar tiempo de fichar en Santa Cruz. Como los recortes no permiten que estos funcionarios pernocten en otra isla, la solución encontrada por la Consejería no la mejora Gila: que vayan dos días en lugar de uno.

A pesar de renunciar a las horas extraordinarias y a las dietas los funcionarios afectados, la Consejería no ha dado su brazo a torcer, no le importa paralizar una obra de este tipo por problemas burocráticos absurdos. Con gestores como estos a quién puede extrañar que el País se encuentre hundido por la crisis, son decisiones incomprensibles con resultados nefastos.

Es evidente que que no se puede certificar el estado de la obra sin visitarlas; por tanto, el director designado por la administración no puede asumir su responsabilidad, pero la obra no puede continuar sin este requisito. De nada han servido los intentos del ayuntamiento o del cabildo para desbloquear este esperpento, y no ha servido de nada porque la Consejería de Obras Públicas sigue sin enterarse que Canarias es un archipiélago, que las normas no deben ignorar una realidad tan evidente. No es lo mismo controlar una obra en Tenerife, donde hay tiempo en horario de oficina, que en La Gomera, y más en concreto en Valle Gran Rey. El resultado no es un chiste, solo otro problema, y con graves consecuencias sociales y económicas, generado por la ineptitud de nuestros gobernantes.

Eustaquio Villalba*

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