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Parque cultural Viera y Clavijo: un BIC monumento a la desidia

Carlos Castañosa

La capital tinerfeña sufre un abandono institucional demasiado flagrante, en algunos casos doloso, sobre el patrimonio histórico y cultural; así como una vergonzosa dejación de responsabilidades relacionadas con la protección y conservación del acervo ciudadano, cuyos monumentos, construcciones arquitectónicas con cierto valor artístico, fuentes desecadas y mobiliario urbano envejecido por falta de atención, se hallan en estado de escandalosa precariedad, amenazando ruina y pendientes de una rehabilitación que nunca llega con la reiterada excusa de la falta de dinero. Cuando la realidad apunta hacia la ineptitud de una gestión oficial apoyada en la ausencia de voluntad política para resolver problemas importantes.

Para mayor escarnio, este símbolo urbano, paradigma del desastre patrimonial, lleva el nombre del insigne erudito, escritor, poeta, botánico, historiador… que abandera el orgullo de la patria canaria. Personaje de referencia cultural para sus habitantes.

El Bien de Interés Cultural, declarado Monumento, Parque VIERA y CLAVIJO, antiguo colegio de La Asunción, construcción neogótica de 1900, incluye una valiosa capilla, también clausurada, anexa al edificio principal; más un viejo teatro de posterior construcción: el PÉREZ MINIK, Conjunto inmobiliario que actualmente se halla en un grave estado de abandono progresivo, iniciado hace una década a partir del lamentable convenio de cesión temporal del Ayuntamiento en favor del Gobierno de Canarias para, según lo redactado en contrato, usufructo de las instalaciones con fines culturales y/o formativos, su mantenimiento y conservación, así como la rehabilitación parcial allá donde fuera necesaria.

La Consejería de Cultura ignoró el convenio; lo incumplió despectivamente e incurrió en un presunto delito de “expolio de patrimonio”, tipificado en el C P por la destrucción consentida de inmueble protegido y su demolición parcial activa, contraviniendo así espíritu y forma del compromiso de cesión, ante la pasividad y consentimiento del propietario arrendatario, lo que es decir, el propio Ayuntamiento capitalino.

Estamos ante un caso insólito que jamás se daría en cualquier otra ciudad normal. Inimaginable que tal despropósito sucediera, por ejemplo, en Las Palmas... Allí se habría resuelto, seguro, apenas detectado.

Esta Asociación sin ánimo de lucro, fundada en 2011 para defensa reivindicativa de la rehabilitación de este entorno, consiguió detener el proceso de su destrucción con el apoyo masivo de los medios de comunicación y la presión popular ejercida sobre las autoridades. Es evidente que sin la aparición de este movimiento ciudadano, a estas alturas estaríamos hablando de un enclave arrasado, de 30.000 M2 en pleno centro urbano que, durante el siglo pasado, fue emblema y motivo de orgullo para la capital. De momento se ha salvado a base de pequeños detalles forzosos y forzados, como el acondicionamiento de los jardines, la restauración de la escultura de Joan Miró la Femme bouteille, o el parque infantil habilitado dentro del recinto. Y lo más importante: se evitó la demolición del Pérez Minik, programada como amenaza por la consejera de turno, gracias a la intervención de la Fiscalía tras la denuncia preventiva presentada por esta Asociación.

Recientemente se ha conseguido eliminar la vergüenza publicitaria pintarrajeada en los muros de entrada. Algo es algo, pero insuficiente; pues siguen instalados cien metros de deteriorados grafitis jalonando el lateral en la C/ San Sebastián, poco adecuados al entorno y taxativamente prohibidos por la Ley Canaria de Protección del Patrimonio Histórico; que también afecta en el mismo sentido a las vallas móviles publicitarias en la entrada principal, propiedad y responsabilidad del Ayuntamiento, que no solo atentan contra la citada Ley, sino que también contravienen la Ordenanza Municipal de Paisaje Urbano, que las prohíbe con la misma firmeza. Resulta grotesco que la misma alcaldía incumpla su propia ordenanza con este mal ejemplo para una población indignada por la falta de respeto y menosprecio que significa hacia los derechos e intereses ciudadanos que, en teoría, debieran ser defendidos y protegidos por quienes están infringiendo sus propias normas.

Judicializadas estas reivindicaciones bajo los auspicios de la Asociación, incluida la repetida denuncia por el desafuero patrimonial ante el ministerio de Cultura, tras años de paciencia seguimos esperando respuestas válidas ante la exigencia de responsabilidades y alguna reacción a la proposición de soluciones para este ya endémico problema, impropio de un estado de derecho y motivo de agravio para la dignidad del pueblo chicharrero.

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