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Pobreza universal

Teo Mesa

Se ha celebrado el pasado día 17 de octubre el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, auspiciada por la ONU. Se trata de denunciar la pobreza más extrema en la vive con menos de un euro al día –si lo tienen–, gran parte de la humanidad en todo el globo. No creo que esta pandemia universal producida por el egoísmo irracional que sucumbe por la avara ceguera, en no tener humanidad y conmiseración con los sufridos hambrientos. Especialmente de las minorías multimillonarias, que empobrece a los seres humanos con sus agresivas economías dominantes. Los Estados son los permisivos del enriquecimiento de unos cuantos, quienes manejan los hilos de la economía global a costa del empobrecimiento de millones de seres humanos. Esta fecha señalada en el almanaque habrá que recordar constante y diariamente, que las inhumanas hambrunas del mundo tienen unos culpables señalados.

Particularmente en nuestra población española esta pobreza indigna, siempre ha existido por diversas causas sociales. Ahora, se ha acrecentado, desde el comienzo de la crisis económica occidental en 2008, generada por los desmanes del brutal capitalismo más salvaje, bajo las prédicas impuestas por la política económica del neoliberalismo, cuyo lema es más Mercado y menos Estado. O sea, que el poder político está en manos de los mercados. Ese es el grave asunto. Los gobiernos occidentales, entre ellos el español –y los autonómicos– no dirigen nada, están subyugados por los inversionistas de los capitales del pelotazo. Inversiones a menor tiempo y de mayor rédito. Y los demás “…que se jodan” (como vociferaba la piadosa del PP).

Tres millones son las personas adultas están en la penuria económica absoluta en nuestro país. Directamente esa miseria extrema afecta a 2.721.561 niños que malviven en la pobreza más absoluta, con malnutrición en los alimentos básicos. Carencia que palia la buena acción de los comedores escolares, donde se pueden nutrir en esta demanda por una dieta equilibrada. O sea: 1 de cada 3 infantes, sobreviven a esta vergonzante desdicha social, en una nación europea, industrial y occidental. En Canarias, la pobreza infantil se sitúa en el 38%, la tercera más alta de España, después de Murcia y Andalucía.

El mal denominado Cuarto Mundo, se instaló en nuestro país, por más eufemismos que quieran negar los pésimos gobernantes. España tiene el lamentable deshonor de ocupar el segundo puesto en Europa –después de Grecia–, con el mayor número de gentes pobres (adultos y niños) en la pobreza extrema. En 740 mil hogares no entra un mínimo salario por prestación de trabajo o ayuda social. A ello se suma, el riesgo de tener familia numerosa. En Estados como Irlanda o Alemania, ofrecen prestaciones sociales al cien por cien.

El Estado es el regulador de los mercados, sobre todo del laboral, en el que los beneficios del capital están a favor del empresario (por imposición de la UE y la CEOE, mientras que la renta del trabajo ha quedado abarata. Desde la depauperada Reforma Laboral del gobierno del PP, quedó desvalorizado todo equilibrio entre contratos de empresas con el trabajador. Con esta tiránica implantación por decretazo y el rodillo parlamentario de la mayoría absoluta, los sindicatos han perdido gran parte de su poder como moderadores de los convenios y protección de los trabajadores. Es una consecuencia de las carencias laborales, en el que prima cualquier contrato por esclavista que sea.

Dicha crisis con la consiguiente pérdida de empleo, y las actuales condiciones de contrato en precariedad absoluta de contratar, por horas, días, unas semanas o meses, ha derivado en una pobreza, o en estrecheces para llegar a final de mes con lo justo para subsistir. Uniéndose a ello, la exclusión social. Si no consumes estarás fuera del sistema impuesto por la sociedad de la opulencia: comprar y comprar, aunque éstas no sean compulsivas o enfermizas por acaparar objetos.

El Gobierno no tiene obligación de crear empleo, pero sí debe facilitar las condiciones para que estos se produzcan en razón beneficiosa para todos: trabadores y empresarios. Y no siempre a favor del empleador. Tampoco tiene el menor sonrojo en que exista el deprimente número de más de cinco millones de gentes paradas, sin producir, ni fomentar con ello las arcas del fisco con los impuestos del rendimiento del trabajo. Ni se ruboriza que gran parte de esa población no llega a fin de mes; no puedan pagar la cuota de su hogar; no puedan afrontar gastos imprevistos; ni pagar las medicinas en las personas ancianas, sobre todo. Ni de ser España líder en paro juvenil en Europa.

La crisis la pagan los menos favorecidos económicamente. Los beneficiados por estas loquinarias políticas económicas almacenan y putrefacta sus capitales en los paraísos fiscales. Para ello debe haber políticas fiscales más justas y un equitativo reparto de la riqueza. Tenemos unos defraudadores fiscales que son expertos capos, con la deplorable cifra de 90.000 millones al año.

Estas situaciones de miseria dejan una huella psíquica, sobremanera en los menores, dejando una huella imborrable en estos seres más endebles de imposible curación. Primeramente hacen su pernicioso efecto en la personalidad del individuo, denigrándola y ultrajando sus sentires. La autoestima queda arrastrada, hiriendo el orgullo personal de cualquier afectado y le abomina de toda inclusión social. Se siente desgarrado afectivamente por la sociedad y se rebela contra ella como culpable de su pobreza y exclusión de la sociedad a la que pertenece, por la situación a la que le ha llevado, por no ser una comunidad solidaria, honesta y equitativa. De ello se desprende el alto suicidio (extremado por la crisis actual), como panacea a su angustia. Y que no se cuenta.

El Gobierno central está siempre muy presto y diligente para echar una mano económica a los quebrados bancos españoles y a quien se tercie, que esté en sus propuestas del sistema que idolatran. Ahora rescatará a las empresas de las autopistas nacionales privatizadas, adquiriendo el cincuenta por ciento de sus deudas. Unas y otras no reparten los beneficios que obtienen en bienes sociales, pero sí, socializan las pérdidas y que las paguemos todos. La riqueza del país debe estar en un reparto justo para todos, no solo para unos pocos.

El actual Gobierno ha sido el gran liquidador del Estado de Bienestar social, alcanzado por las demandas de años de lógica vindicación de un vivir con calidad y derechos sociales. Con las excusas de las crisis y las culpabilidades de vivir la sociedad por encima de sus posibilidades económicas, han abocado a la saciedad a la pérdida de políticas sociales, para ello lo hemos sufrido en detrimento de la Educación, Sanidad, Pensiones, o haberse cargado de un plumazo la Ley de Dependencia, de tantos sufridos enfermos y mayores agónicos.

Por encima de todo hay que primar el bienestar de todos para tener una vida dignamente vivible y saludable. Lo peor es que el Ministerio de Economía anuncia un recorte de 40.000 millones para los tres años próximos. Pero, no pregonan estos cantamañanas que somos el ejemplo económico del mundo.

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