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El Puerto de Granadilla y el Estado de Derecho

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Algunos políticos profesionales de Canarias, que sólo se preocupan de seguir en el cargo, años y años, desde la transición, saben también que el Estado de Derecho es otra falacia. Por eso, aunque estén imputados en gravísimos casos de corrupción, por recibir dinero a cambio de licencias urbanísticas, por ejemplo, siguen utilizando todo su poder navegando en un mar de impunidades. Es claro el ejemplo que se da a los ciudadanos. Estoy imputado pero no sólo me voy a presentar a las elecciones sino que voy a arrasar es la interpretación de las declaraciones de Miguel Zerolo (ATI-CC) tras conocerse la querella de la fiscal anticorrupción por el pelotazo de Las Teresitas. Políticos así pretenden hacer cómplices de sus presuntos delitos a sus ingenuos, manipulados o desinformados electores. Los que votan a un personaje así de forma consciente viven del clientelismo, de las migajas del reparto del botín, hipotecando el futuro de todos los chicharreros y sumergiéndonos a todos en la corrupción moral –más allá de la política- hacia la que conducen a esta sociedad. De confirmarse la candidatura de Zerolo a la alcaldía de Santa Cruz, estaríamos ante otra anomalía en una supuesta democracia como fue la candidatura de Dimas Martín tras sus sucesivas condenas. Ya ni siquiera disimulan, porque no hay necesidad de definir este sistema como democrático: hacemos los que nos da la gana, a ver si se enteran. Es la corrupción como valor, como relata Ramón Trujillo (1). Si además de estar imputados siguen tomando decisiones fundamentales para el futuro de todos los tinerfeños, adjudicando cientos de millones de euros en obras a otros imputados (entre Las Teresitas y Granadilla hay todo un mundo de corrupción) con la necesaria participación de la Banca, es porque deben pensar que, efectivamente, pueden hacer lo que les da la gana, presentarse a las elecciones otra vez y gracias a una inversión multimillonaria en propaganda, bailes y cuchipandas, repetir en el cargo. Aceptar conscientemente lo que está pasando en Tenerife y en Canarias y quedarse cruzado de brazos sólo contribuye al deterioro de esta sociedad. No se puede permitir que dure más tiempo esta impunidad, este régimen antidemocrático sustentado en una vieja Constitución y en un Estatuto de Autonomía que la mayoría de la sociedad ni conoce ni ha votado. Es inútil esperar sólo a lo que suceda el 27 de mayo, porque el alucinante sistema electoral canario consagra un régimen antidemocrático y deja sin representación a decenas de miles de personas. Mientras movimientos sociales, organizaciones ecologistas, culturales, deportivas, vecinales, sindicales y hasta empresariales denuncian que detrás de la adjudicación de las obras en Granadilla hay un enorme pelotazo (y se especula con que en realidad será una base de la OTAN para la guerra por el petróleo en que estamos inmersos), mientras es vox populi que el expediente del Puerto de Granadilla está plagado de irregularidades e ilegalidades los funcionarios de la Administración de Justicia no se enteran, igual que los burócratas de la Unión Europea o del Ministerio de Fomento. Deben estar mirando para Antequera. No, no es en Antequera; es en Granadilla. Miren para Granadilla, señores fiscales, y si es que estamos en un Estado donde todavía prevalece el Derecho levanten las alfombras…que debajo está la mierda. Su pasividad les hace cómplices de un régimen corrupto donde sólo van al talego los que pegan un tirón en la calle. La conservadora Administración de Justicia es producto de la misma transición, por lo que esto sólo tiene arreglo democratizando todas las instituciones y derogando una Constitución antidemocrática redactada en un Parador Nacional. (1) La corrupción como virtud pública, Canarias 7, 21 de febrero de 2007.

Ramón Pérez Almodóvar

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