RPT: El fin no justifica los medios

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y más concretamente el área que dirige Claudio Rivero como Coordinador General de Presidencia y Seguridad, con el pleno respaldo del alcalde Juan José Cardona, ha recibido un revolcón judicial en materia laboral de los que hacen época.

Todavía no se ha escrito el último acto, que será la sentencia que emita la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero a la vista del Auto de fecha 2 de enero, que acuerda el mantenimiento de la Orden (del 23 de diciembre) de suspensión cautelar del proceso de conversión de 639 laborales indefinidos en funcionarios interinos, puede atisbarse que el Ayuntamiento, su responsable político de personal ? Claudio Rivero ? su director general de recursos humanos - José María Cabrera ? y por ende, el alcalde, que los ha respaldado en todo el proceso de elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), van a perder la pugna con los sindicatos y con los 639 laborales indefinidos, que no van a pasar a funcionarios interinos “manu militari” como estaban empeñados en que así fuera.

Si se lee con detenimiento el auto del 2 de enero, se observará que al TSJC no le han sentado nada bien algunas de las alegaciones del Ayuntamiento a la Orden de suspensión cautelar del 23 de diciembre, como las de que los laborales no van a cobrar sus salarios de enero o que se dará por extinguido el vínculo entre éstos y el Ayuntamiento.

No parece habitual que una Administración local le manifieste a un Tribunal de Justicia estas, digamos, aviesas intenciones contra los empleados, que recurren precisamente a la Justicia para defender sus derechos. A los magistrados del TSJC les puede haber cogido por sorpresa, pero a los trabajadores municipales y a los que seguimos el día a día del conflicto, no nos ha sorprendido en absoluto.

A lo largo del pasado año ha habido múltiples escritos, informes, resoluciones, notas informativas y hasta cartas en las que el Ayuntamiento ha amenazado, más o menos veladamente, a sus empleados, y más concretamente a los laborales indefinidos.

Como ejemplo, la carta que en noviembre dirigió el alcalde a sus “estimados empleados”, que, en uno de sus párrafos dice literalmente: “Si un sindicato consiguiera la anulación de la conversión del vínculo desaparecería la herramienta que permite la continuidad en el empleo de los actuales empleados municipales”, lo que traducido al “román paladino” significa que se irían a la calle.

Otro ejemplo es el de la resolución “anónima” (no tenía firma de ningún responsable) que a mediados de diciembre le llegó al personal laboral indefinido y en la que le daban tres días para firmar su toma de posesión como funcionario interino a partir del 1º de enero. Caso contrario sería despedido.

El pasado mayo, el director general de recursos humanos colgó una carta en la intranet municipal titulada “Anuncio sobre las consecuencias de la RPT”, en la que amenaza con bajada de sueldos de hasta 1.600 euros a los empleados municipales, en el caso de que no se alcanzase un acuerdo sobre la RPT. Una burda forma de intentar echar a pelear a los empleados municipales con sus representantes sindicales, que no sirvió para nada.

Curiosamente, una RPT es un documento que beneficia no solo al Ayuntamiento sino a los propios trabajadores, que a partir de su aprobación conocerían exactamente sus funciones, permitiría su promoción interna y, sobre todo, eliminaría la posibilidad de plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), por lo menos a corto y medio plazo. Con la RPT recientemente aprobada, donde el Ayuntamiento especifica los puestos de trabajo que necesita en su organización, difícilmente podría entenderse que al poco tiempo le sobrara personal y quisiera reducir su plantilla mediante un ERE.

Si una RPT beneficia tanto a los trabajadores como al Ayuntamiento ¿Cómo es que no han podido llegar a un acuerdo? En mi opinión es achacable a un exceso de altanería por parte de algunos responsables políticos municipales.

Cuando hay informes en contra del cambio de vínculo del Interventor, de la Secretaría, de Función Pública (Gobierno de Canarias) y una sentencia en contra (municipio de Candelaria) en un caso similar. Cuando toda la oposición le dice que se están equivocando y hay unanimidad en los sindicatos municipales, lo menos que se puede pedir es que alguien, con la cabeza en frio, recapacite y cambie. No ya que cambie de manera de pensar, sino que cambie las formas de llevar a cabo la acción política en temas de personal.

Aunque la RPT es muy importante, más importante son las formas y las maneras de enfocar los problemas y las soluciones. El fin ? culminar la RPT ? no justifica los medios que se han utilizado.

Después del batacazo que se ha llevado personalmente el alcalde, permitiendo esta política de amenazas, coacciones e intimidaciones, le convendría poner distancia con los que le han asesorado en estos temas. Ellos no encabezarán las listas del PP en 2015. Juan José Cardona probablemente sí.