Silencio administrativo

Tras anunciar su decisión de privatizar el 49% de la compañía que gestiona los aeropuertos nacionales, el Gobierno español dejó perfectamente claro que no considera que esa privatización parcial suponga un cambio de modelo, porque no afecta a la mayoría del accionariado. Es un tanto cogido por los pelos, porque lo cierto es que Aena ha pasado de ser una empresa de titularidad pública, a ser un empresa mixta: al menos, eso es lo que puede colegirse de una lectura desapasionada de la Ley de contratación del sector público. Pero no se trata de entrar a discutir con los abogados del Estado, que de esto saben mucho más que uno, sino de hacer caso a los comunicados emanados con motivo de la venta de casi la mitad de Aena tanto del Ministerio, como de Enaire o la propia empresa de gestión aeroportuaria. En ellos se insiste en que el objetivo de incorporar capital privado es conseguir un cambio de la gestión, que la mejore. Ya se sabe que el PP siempre ha confiado en que la gestión de la mayoría de los asuntos estaría mejor en manos privadas. La privatización planteada, aunque no alcanza a la mayoría de la sociedad (se queda justo al borde de esa mayoría) implica a juicio del Gobierno de Canarias un cambio en el modelo de gestión, a favor de la parte privada, el paso de una gestión pública directa a un modelo de gestión indirecta.

La cuestión es que el artículo 33.13 del Estatuto deja meridianamente claro que Canarias puede reclamar la competencia ejecutiva sobre puertos y aeropuertos canarios de interés general, si el Estado renuncia a su gestión directa. Ese artículo se incluyó en el Estatuto por entender que en las islas el transporte aéreo no es sólo una cuestión estratégica, como en todas partes, es incluso una cuestión vital para las islas. Por eso, el Gobierno regional ha reclamado la competencia sobre la red de aeropuertos canarios, para evitar que en el futuro, las decisiones que se adopten en los aeropuertos de las se produzcan sólo por criterios de rentabilidad, sin atender al interés general y las necesidades de cohesión territorial.

Canarias ha planteado al Gobierno de España un modelo parecido al que hay en estos momentos con la gestión de los puertos del Estado, en el que participan todas las administraciones implicadas, los agentes económicos y sociales y los usuarios. Pero no ha habido aún ninguna respuesta por parte del Estado. No responder a las propuestas del Gobierno o el Parlamento de Canarias, aplicar el silencio administrativo y mirar para otro lado es algo que parece estar convirtiéndose en los últimos años en una costumbre del Gobierno del PP.