Television pública: Rubalcaba denuncia, Spínola consiente

La dependencia del Parlamento y no del Gobierno, la elección de su consejo de administración por mayoría reforzada, la supervisión de su actividad por una autoridad audiovisual independiente, la defensa de la independencia de sus profesionales y su participación (Consejo de Informativos) fueron ingredientes para lograr la “neutralidad y objetividad” de los contenidos informativos, para que RTVE cumpliera una tarea de servicio público indispensable en una sociedad democrática.

Promover un cambio similar para la radio y televisión canaria era, fue, un compromiso esencial de los socialistas ante su degradación y manipulación por los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria y del PP, que hoy se “abochorna” ante la indecencia de su politización. Indecencia que no les frena en absoluto a la hora de perpetrar en Canarias el mismo asalto a RTVE, la española, que están rematando estos días.

He leído el Recurso de Inconstitucionalidad formulado por lo más granado de los diputados socialistas (Chacón, Hernando, Rubalcaba, Narbona, Jauregui, López Garrido, Torres Mora, Madina, Valenciano y, cómo no, el inimitable Pepe Blanco), sobre argumentos elementales desde el punto de vista constitucional y democrático: la revisión del modelo legal por Decreto Ley es un abuso de los límites constitucionales; y la invocación razones abstractas para justificar los cambios sólo pretende ocultar sus verdaderos objetivos de evitar todo tipo de control parlamentario y volver a situar el ente público en la órbita gubernamental. Objetivos que éstos días “están ocurriendo, los estamos viendo”, como decía un slogan de CNN+, tras los últimos nombramientos y destituciones.

El panorama es patético. Rubalcaba denunciando y, aquí en Canarias, un PSC-PSOE consintiendo. Cuando Spínola & Co. protagonizaron una negociación completamente entreguista con Paulino, obsesionados por sentarse como fuera en el Gobierno. Cuando aceptaron una Consejería de Presidencia desgüesada, sin los Servicios Jurídicos ni Seguridad, o una Consejería de medioambiente sin ordenación del territorio, nunca pensé que la pusilanimidad llegara a tanto.

Cambiar el modelo de la radiotelevisión canaria no tiene nada que ver con la crisis económica, sino con la dignidad democrática, esa que parecen algunos haber perdido para siempre.

Sin una opinión pública libre “no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular”? “reducidas a formas hueras las instituciones representativas”?“y absolutamente falseado el principio de legitimidad (democrática) que enuncia el art. 1.2 de la Constitución”? “vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra”, dejó establecido el Tribunal Constitucional desde sus primeras Sentencias (1981) sobre la libertad de información.

En Canarias entre el paisaje reflejado los medios de comunicación y el pluralismo de la sociedad hay una sima, que hace difícil exagerar la importancia de que los medios de titularidad pública funcionen como un auténtico servicio público y velen por la objetividad informativa.

Los que están perpetuando con su pasividad en el Gobierno el actual statu quo, con un director general que se ha estado riendo del Parlamento desde que lo nombraron, deben ser plenamente conscientes del daño que hacen. Porque los manejos de Paulino y de los suyos no se limitaron a manipular los medios públicos, sino a amañar el concurso de la TDT que los Tribunales han anulado --pero ellos como si tal cosa-- y contra el que el grupo parlamentario socialista canario dirigió las más agrias críticas.

Cada vez que los que se dicen demócratas consienten un ataque a las reglas democráticas, por oportunismo o por conveniencia, sientan un grave precedente. Un precedente del que luego sacan literalmente petróleo los enemigos de la democracia. O los que estarían más cómodos sin ella.

Decirles estás cosas a unos aparatchiks arregostados de mediocridad es como arar en el mar.

Santiago Pérez