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Y...la Fiscalía habló

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Mi padre siempre decía que el trabajo da sus frutos, que no escatimemos tiempo ni recursos en lo que creemos que debemos hacer, porque la recompensa siempre llega.

Pero cuando ese trabajo consiste en defender el interés público, cuando te empeñas en intentar que las cosas se hagan bien, que no se dilapide el dinero de todos, al final te quedas con una sensación agridulce: buena porque has hecho lo imposible para pararles los pies a aquellos que gobiernan sin pensar en las personas; y mala porque te entristece ver qué tipo de personas nos gobiernan.

Esta semana hemos recibido una notificación de la Fiscalía en la que se nos indica que, vista la documentación que hemos aportado en la denuncia que presentamos, ha decidido denunciar al gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por un posible delito de administración desleal. La denuncia ha pasado al Juzgado de Instrucción número 6 y, a partir de ahora, veremos en qué termina.

¿Y por qué hemos llegado a esta situación? Les cuento: Emalsa denunció al ayuntamiento por impago de las facturas de saneamiento y en febrero de 2016 salió la sentencia en la que obliga al ayuntamiento a pagar las facturas de enero de 2013 a abril de 2014 (poco más de 6 millones de euros). El consistorio no sólo tuvo la defensa más débil que se ha visto, ya que ni siquiera se apoyó, ni llamó a declarar, a los técnicos municipales que informaron en contra del pago de las facturas para que pudieran explicar los motivos de dichos impagos. Tampoco recurrió la sentencia, lo que se convirtió en firme y en la obligación de pagar, exactamente, 6.635.856,91 euros.

Y, ¿qué sucede cuando llega un gasto imprevisto, que no tienes contemplado en el presupuesto pero que hay que pagar sí o sí? Que tienes que modificar dicho presupuesto, quitar dinero que iba a ser destinado a una cosa y pasarlo a otra, de tal manera que reúnas en la partida presupuestaria correspondiente el importe que debes pagar. Esto es lo que se denomina "modificación de crédito" y hay que justificarla, hay que indicar de qué partidas lo extraes y por qué lo haces y llevarlo al pleno del ayuntamiento para su aprobación.

Pues en julio de 2016, y un día antes del pleno, nos presentan un expediente de modificación de crédito para pagar la sentencia de febrero, pero nos encontramos que no es por 6.635.856,91 euros, sino por 14.488.854,13 euros, aunque la única justificación que presentan es la sentencia que obliga a pagar.

¡Bueno, bueno, bueno! Por supuesto que no nos íbamos a quedar callados ante esta irregularidad. Trabajamos duro durante el mes de agosto, recabamos mucha información y presentamos alegaciones y conseguimos que se tuviera que celebrar un pleno extraordinario en septiembre para la aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito.

Nos rechazaron todas las alegaciones y avisamos: "Si se aprueba este expediente no nos dejan otra opción que ir a Fiscalía". Se aprobó y el 5 de octubre presentamos en Fiscalía nuestra denuncia por un posible delito de administración desleal contra los 15 concejales de gobierno que votaron afirmativamente al expediente de modificación de crédito.

Esta semana la Fiscalía ha hablado y nos han notificado la resolución: se ha interpuesto denuncia por los hechos que hemos denunciado y ha sido remitida al Juzgado de Instrucción nº 6 de Las Palmas.

¿Veremos a los 15 concejales de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria declarando e imputados por un delito de administración desleal?

Ahora solo queda esperar que la Justicia hable, nuestro trabajo en este tema ha terminado. Deber cumplido. Eso sí, nos deja con un sentimiento de alegría y tristeza al mismo tiempo.

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