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La ampliación del Canal de Panamá

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Está demostrado que la devolución del Canal en 1999, gracias a los Tratados Torrijos-Carter, produjo ventajas al país en general. Independientemente del uso con frecuencia corrupto de los ingresos, la verdad es que Panamá obtuvo entre 1999 y 2004 unos mil millones de dólares, mucho más que durante los casi 85 años de administración estadounidense. Época en la que Panamá operó como un enclave económico, político y militar de Washington. El 5% del comercio marítimo mundial se mueve por el Canal y esa tendencia aumentará sustancialmente una vez terminados los trabajos. Hubo obstáculos para llegar hasta aquí. Tras meses de debate público, los ciudadanos aprobaron en octubre de 2006, en una consulta popular, la propuesta de ampliación. El “sí” ganó con el 78% de los votos emitidos frente al 22% obtenido por el “no”. Sin embargo, la participación ciudadana fue baja, con apenas el 42% del electorado, cuando las autoridades esperaban entre el 50% y el 60% para dotar de máxima legitimidad a la iniciativa. El presidente Martín Torrijos, consideraba que “ésta es probablemente la decisión más importante de esta generación” e insistía en que generaría 6.750 puestos de trabajo directos, más de 35.000 indirectos, así como la superación de la pobreza gracias al futuro florecimiento de múltiples negocios ligados al desarrollo turístico, logístico, comercial y portuario. En todo caso, los panameños que votaron lo hicieron por la posición gubernamental. La oposición planteó entonces las mismas objeciones que ahora. Los beneficios de la gestión directa del Canal no revirtieron en la lucha contra la pobreza, la exclusión social o las desigualdades (como prometían las autoridades) sino todo lo contrario. Lo mismo sucederá, dicen, con la ampliación. Sufrirá más el medio ambiente. El Estado se endeudará hasta las cejas y el beneficiario principal será la empresa norteamericana CH2M Hill, quien supervisará la construcción de las esclusas y las inmensas excavaciones y dragados. Otras compañías rebanarán parte del pastel. El fenómeno de la corrupción y la ausencia de transparencia en cuanto al uso de los nuevos recursos provocan una desconfianza llevada a otros dos extremos importantes. El primero, miedo a la recolonización política de los dirigentes locales gracias a la intervención económica masiva de empresas extranjeras en la ampliación del Canal. El segundo tiene que ver con el famoso Tratado de Neutralidad, también concertado en los acuerdos entre Omar Torrijos y James Carter. Estados Unidos podrá intervenir militarmente contra Panamá si considera en algún momento que la administración del Canal perjudica el carácter neutral y no político del comercio mundial o a sus intereses estratégicos. Este acuerdo otorgó cobertura legal, por ejemplo, a la siniestra invasión militar a cargo de Estados Unidos en diciembre de 1989. La soberanía de Panamá sobre el Canal debe considerarse bajo tutela. O eso parece.

Rafael Morales

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