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¿Justicia social?

Parece que algunos entienden de esta manera la justicia social: ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes

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Hace unos días, la prensa local recogía la información de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas había abierto “diligencias de investigación penal” al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria por la decisión de la Junta de Gobierno capitalino de rebajar en un 95% el canon que la Unión Temporal de Empresas JCDECAUX - ATLANTIS, S.A. debería pagar al Ayuntamiento por la concesión del servicio público de suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano con explotación publicitaria.

La historia viene de hace años y es consecuencia de la crisis, que también llegó al sector de la publicidad. El canon que la empresa debía pagar anualmente al Ayuntamiento era de 340.000 euros.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento (conformada solo por concejales del Partido Popular) en este mandato municipal, acordó la rebaja del canon y la prolongación del convenio hasta el 2018.

Parece ser que entre lo que no se cobró – antes de la rebaja – y lo que se prevé cobrar después de la rebaja, la ciudad va a dejar de ingresar, entre los años 2010 y 2018, unos 2,5 millones de euros.

A pesar de los informes técnicos favorables a la rebaja del canon, hubo uno de la Intervención General que dice textualmente “…no parecen responder al interés público que la ejecución del contrato representa, sino más bien al interés particular de la UTE concesionaria…”, concluyendo con la “no estimación de la procedencia de la rebaja del canon solicitada”. A pesar del informe en contra de la Intervención General, la Junta de Gobierno concedió la rebaja del canon.

También hace unos días, en el pleno de enero, se aprobó la bonificación sobre el Impuesto sobre Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) al futuro acuario a instalar en el muelle de Sanapú. El ICIO es, nominalmente, un 4% del presupuesto, y como la obra del acuario está valorada en 22 millones de euros, el importe del impuesto debería ser de 880.000 euros.

La ordenanza fiscal reguladora prevé bonificaciones de un 65% en obras de “especial interés” y de un 95% para obras de “carácter monumental”. El pleno le concedió el 95% de bonificación, con lo que la empresa concesionaria va a pagar únicamente 44.000 euros. La oposición votó en contra de la bonificación del 95%.

El pasado año, los vecinos de las 786 viviendas sociales de la Feria del Atlántico sufrieron un sobresalto del que todavía no se han recuperado. El Ayuntamiento les remitió los recibos correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. La cuantía media de cada recibo ronda los 200 euros, por lo que el importe a pagar en concepto de IBI de cada vivienda está en unos 1.000 euros.

La oposición municipal, y más concretamente el PSOE, ha solicitado al alcalde y al concejal de Hacienda, en sesión plenaria y en una moción, que a estas familias y a la de los parados que no perciben ingresos de ningún tipo, el Ayuntamiento les conceda una bonificación o subvención equivalente al 90% del importe del IBI, de manera que les alivie en la grave situación económica en la que están.

Por lo menos en dos ocasiones he oído al concejal de Hacienda, Agustín Gutiérrez, decir que no se pueden hacer exenciones fiscales, por estar prohibidas por ley. Cuando se le explica que no se trata de eso, sino de dar una subvención o bonificación, por el mismo importe del IBI, que sirva para pagar éste, como hacen Ayuntamientos como el de Málaga, Granada o Vitoria (todos gobernados por el PP), se hace el sueco.

La semana pasada el concejal Gutiérrez se reunió en el Ayuntamiento con varios vecinos afectados de las viviendas de la Feria del Atlántico y, en un rasgo de generosidad, les concedió que pagaran los 1.000 euros en cuarenta meses, pero eso sí, como incumplieran algún mes, se acabaría el trato.

En este caso no ha habido ni “rebajas del canon” ni “bonificación sobre el impuesto”. A pagar hasta el último euro. En el caso de los vecinos de la Feria del Atlántico estamos hablando de 786.000 euros.

Parece que algunos entienden de esta manera la justicia social: ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes.

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