Los cochitos

Tres alcaldes del Sureste grancanario –los de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía- han decidido sustituir sus viejos coches oficiales por coches eléctricos, y han presentado la decisión –que ha costado casi 180.000 euros de dinero público, de ellos 112.000 pagados directamente por los vecinos- como una demostración de confianza en las energías renovables. La iniciativa, aunque sea un pelín cara, resulta simpática, sobre todo porque los coches se cargan con energía eléctrica generada por un molino que –nos dicen- sirve sólo a los autos. Los alcaldes encargaron ese generador en China, pero aún no se ha instalado, por problemas con una de sus palas, que llegó dañada.

La foto, de todas formas, queda muy bien, con el alcalde de Agümies, adalid del rechazo al gas, repostando electricidad en un enchufe municipal. Pero este asunto no resistiría un informe serio sobre el verdadero impacto energético de la iniciativa: aunque la energía eléctrica que mueve los cochitos no proceda de combustibles fósiles, el ahorro de CO2 que estos suponen no compensa el coste de producción del molino, de los coches, de los siete postes (todos ellos producidos en fábricas que usan energía de origen fósil) y de su instalación en la que han participado contratas y transportistas que usan grúas, camiones y maquinaria movida por energía derivados del petróleo, y que –para ser autónoma- debería requerir la creación de un sistema diferente de la red eléctrica producida por fuel.

No pretendo hacer de Pepito Grillo, pero gastarse 30 millones de las antiguas pesetas sólo por cuatro coches (otro día podríamos hablar del coste de mantenimiento técnico del proyecto y su impacto CO2), es un gracioso brindis al sol, que supone un evidente dispendio económico pero no mucho ahorro energético (y ambas cosas son al cabo lo mismo, por cierto).

La cuestión es que –cada vez más- las decisiones políticas se están convirtiendo en una suerte de circo de tres pistas, en dónde las cosas se hacen sólo para quedar bien. Para quedar bien, por ejemplo, el alcalde de Agüimes lleva quince años oponiéndose al gas, que supondría en Canarias un ahorro en la factura energética de 400 millones de euros al año, una reducción de la dependencia del petróleo de entre un 30 y un 40 por ciento y una reducción de emisiones de CO2 muy superior a la de poner en circulación varias decenas de miles de cochitos eléctricos.