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Defender los derechos de Canarias

Mientras se mantenga el actual e injusto sistema de financiación, Canarias pierde más de 800 millones de euros al año

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Una larga historia de incumplimientos. Así podríamos definir las relaciones Canarias-Estado. Agudizados con el actual Gobierno estatal del PP. Con asuntos como la bonificación a las energías renovables, la privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), las tasas aeroportuarias, los convenios de infraestructuras, las ayudas al tomate y a la desalación o la suspensión del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y del Plan de Renovación de Infraestructuras Turísticas; así como las ayudas al transporte, que han pasado del 65% al 24% entre 2011 y 2015.

Siempre hemos dicho que, para superar la actual situación de Canarias, es preciso que el próximo Gobierno rompa con las políticas de la austeridad y apueste por la economía productiva, las energías renovables, la generación de empleo, una fiscalidad justa y progresiva y la defensa de los servicios públicos.

Pero para salir de la grave situación socioeconómica, Canarias también debe tratar de resolver sus contenciosos con Madrid, especialmente los referidos a la financiación autonómica, el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el trato adecuado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), así como el incremento del autogobierno con un nuevo Estatuto acorde con las necesidades del siglo XXI.

Mientras se mantenga el actual e injusto sistema de financiación, Canarias pierde más de 800 millones de euros al año, generándose un daño claro a los servicios públicos esenciales y, por tanto, al interés general de los canarios. Exigimos contar con la misma financiación media a los servicios básicos que el resto de ciudadanos y ciudadanas del conjunto del Estado.

Con relación al ya ratificado REF en sus aspectos fiscales, hemos valorado que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda dirigir hasta la mitad de sus recursos a la creación directa de empleo. Lo que supone un cambio sustancial respecto al modelo hasta ahora vigente. Los distintos incentivos fiscales del REF suponen reducciones sobre el estatal Impuesto de Sociedades y con las rebajas que suponen la Reserva, la Deducción por Inversiones de Canarias (DIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC), se quedarán en Canarias cientos de millones de euros.

Pero no se debe mitificar su alcance. En una situación ideal colaborarían en generar 5.000 empleos anuales, positivo impacto pero muy insuficiente en un territorio con más de 350.000 desempleados. Se precisan profundos cambios y nuevas políticas económicas si queremos transformar esta dura realidad.

Respecto al REF económico, incluye políticas de ayuda al transporte de mercancías y personas (el descuento por residencia); las destinadas a la desalación del agua y las dirigidas a la producción de energía; otras dirigidas a facilitar crédito, así como las que tratan de impulsar las telecomunicaciones, tan relevantes para un territorio alejado e insular. También las inversiones en infraestructuras que, como señala el artículo 96 de la Ley 20/1991 del REF , no pueden ser inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas. El Estado lo ha incumplido gravemente. Castigando a Canarias, además, en sus presupuestos generales.

Hemos apoyado el texto aprobado por el Parlamento, el pasado 21 de abril, aunque dudamos que sea posteriormente ratificado, en sus actuales términos, por los partidos centralistas, de viejo o de nuevo cuño. NC insistirá, mientras no se proceda a su debate en las Cortes Generales, en que se cumpla el actual por tratarse de una reivindicación vital para el interés general del Archipiélago. Entre sus aspectos novedosos se encuentra la exigencia de una tarifa aérea m hacia los residentes canario.

os por parte de las compae una Tarifa A unida socialy politicamente. áxima Canarias-resto del Estado, para evitar los actuales abusos por parte de las compañías hacia los residentes canarios.

La actual situación nos lleva, asimismo, a plantear un verdadero plan especial para Canarias, con participación de la Unión Europea y los gobiernos estatal y canario así como del sector privado, con la finalidad de sumar el conjunto de recursos y aportaciones disponibles para formular políticas dirigidas a superar las insoportables cifras de paro y pobreza.

Autogobierno

Los gobiernos de Canarias de los últimos 12 años liderados por CC han sacrificado obtener un mayor autogobierno, a través de la reforma del Estatuto, por mantener la actual ley electoral que sustenta su hegemonía.

El nuevo Estatuto de Autonomía debe plantearse en la legislatura que se iniciará tras los comicios autonómicos del 24M, cambiando el procedimiento y mediante un proceso participativo, buscando el máximo consenso e impulsando urgentemente, con o sin Estatuto, la reforma del sistema electoral canario. Canarias no puede volver a perder la oportunidad de ampliar y actualizar su autogobierno. El actual Estatuto, redactado sin debate social, zombi por haber nacido, muerto y resucitado a conveniencia por CC, PP y PSOE, debe dar paso a un Estatuto con apoyo social, vivo y adecuado a la Canarias del siglo XXI.

Queremos un Estatuto que blinde nuestro REF. Que incorpore en la definición territorial de Canarias, además de los territorios insulares, el mar que los conecta y el espacio aéreo correspondiente. Que permita el control de las aguas interiores canarias en lo referente a salvamento marítimo, régimen energético y minero, y protección del medio ambiente, incluidos los vertidos y la protección de la fauna marina, así como competencias sobre litoral y costas. Así como la cogestión aeroportuaria, el control del transporte aéreo y portuario interinsular y la gestión del espacio radioeléctrico canario.

Posibilitando la disolución anticipada del Parlamento canario y la consecuente convocatoria de elecciones autonómicas. Igualmente, entre otras propuestas, planteamos que recoja la celebración de consultas ciudadanas.

Abordar la financiación y el REF económico, así como una reforma estatutaria y un trato justo en los PGE, forman parte de la tarea que Canarias tendrá que realizar en el próximo período en sus relaciones con el Estado. De su correcta resolución dependerá buena parte del impulso a nuestra economía y a la creación de empleo, así como la recuperación de nuestros servicios públicos y de la inversión en infraestructuras. Una nueva relación con el Estado, que exige una Canarias fuerte y unida social, política e institucionalmente.

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