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El déficit crónico de la sanidad

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No recuerdo ningún año en el que el Gobierno de Canarias no haya aprobado créditos extraordinarios para inyectar más fondos al Servicio Canario de la Salud. Eso lo sabe bien el consejero actual de Sanidad, lo sabe bien Román Rodríguez, quien lo hizo en varias ocasiones en su etapa de presidente, y lo sabe bien el Partido Popular que, gestionando la sanidad canaria con el mayor presupuesto de su historia, dejó 405 millones de euros de deuda en facturas sin pagar.

Nada nuevo bajo el sol, salvo la determinación del actual responsable autonómico de Sanidad de situar al paciente en centro del sistema, de no esperar al último año de legislatura para poner en marcha planes de choque contra la lista de espera como han hecho otros, recuperar derechos para los trabajadores, devolver el principio de la sanidad universal, no dejar morir a los enfermos de hepatitis C y cumplir con los objetivos que el Gobierno de Canarias se ha marcado para esta legislatura.

 En 2014 debió haber entrado en vigor un nuevo sistema de financiación para Canarias, pero la realidad es bien distinta: estamos en 2016 y el déficit de financiación que presenta la Comunidad Autónoma se sitúa, con una estimación a la baja de 400 millones de euros anuales en materia sanitaria, en más de 1.200 millones. Es más, sólo en 2014, la Audiencia de Cuentas ha concretado el déficit de financiación para sanidad, educación y servicios sociales en 766 millones de euros.

A estas alturas de la película, denunciar los graves recortes realizados por el Gobierno de Rajoy durante estos años en servicios públicos esenciales no resulta en absoluto novedoso, es cierto, pero desde el PSOE no nos cansaremos de decir que la situación a la que nos ha llevado el PP fruto de su insensatez, insensibilidad e irresponsabilidad no era algo inevitable. Había otra manera de hacer las cosas  -de hecho continúa habiéndola-, pero los populares optaron por la vía cómoda, la del decretazo, la del rodillo de la mayoría absoluta, la del desprecio a los trabajadores y trabajadoras... en definitiva, la de la tomadura de pelo generalizada a la ciudadanía.

Canarias ha hecho todos los esfuerzos posibles (e imposibles) para cumplir los objetivos del déficit, colocándonos a la cabeza en España pero, pese a ello, el Gobierno del PP ha rechazado reiteradamente darnos un trato diferencial. El objetivo del déficit no se puede convertir en un fin en sí mismo; es un deber, es cierto, pero también lo es el dar respuestas a las demandas de la ciudadanía desde la convicción de que debe prevalecer la defensa de nuestros servicios públicos esenciales. Esto no es fácil de admitir por quienes llevan cinco años colocándose del lado de los recortes sociales.

Entre 2013 y 2014, Canarias tuvo que abonar 220 millones para cubrir el déficit de financiación del convenio de carreteras porque las obras estaban en ejecución, había que pagar a las empresas contratistas y éstas a su vez tenían que pagar a sus trabajadores y trabajadoras, pero eso no pareció importarle al Ministerio de Fomento.

Mientras hacíamos este esfuerzo, pagábamos 760 millones anuales para cubrir lo que el sistema de financiación no cubría, entre otras políticas prioritarias, en sanidad.

Estos días se habla mucho del progresivo deterioro de la sanidad en las islas y, como ya es costumbre, aprovecha el PP para erigirse en abanderado de lo público, en defensor por naturaleza del sistema, del paciente, del profesional y de todo aquello que le pueda suponer la menor oportunidad para vomitar toda su demagogia. Olvida el PP -quiere olvidar y hacer olvidar- ese déficit en la financiación, déficit que no era tal cuando el PP gobernaba en Madrid, pero que aparece repentinamente cada vez que no ocupa la Moncloa.

El sistema sanitario español acumula un déficit que ronda los 15.000 millones de euros y que sigue creciendo, un déficit crónico que se reproduce en todas las regiones y que, lejos de reducirse, seguirá incrementándose debido al envejecimiento de la población y el alto precio de los nuevos tratamientos mientras no se realice una profunda revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas y la sanidad vuelva a ser una política de Estado.

Es escandaloso que el Gobierno de Mariano Rajoy, con la bendición del canario José Manuel Soria, haya alargado de tal manera esta situación, pero lo escandaloso pasa a categoría de indecente al ver en la Cámara regional la negativa de los populares del archipiélago a exigir que se corrija ese déficit.

Bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, era prioritario para el PP canario actualizar la financiación sanitaria, pero esa necesidad imperiosa se esfumó desde el mismo instante en que Mariano Rajoy tomó posesión como presidente del Gobierno de España.

La incoherencia del PP no conoce límites. La situación actual, como bien saben los populares, es estructural; viene de atrás, de hace muchos años, aquellos años en que eran precisamente ellos quienes cogobernaban en Canarias, llegando incluso a tener la responsabilidad de gestionar la sanidad en las islas. Fue el PP el que dejó una deuda sólo a las oficinas de farmacia de 150 millones de euros y que tuvo que ser afrontado en la pasada legislatura. Fue el PP el que anunció, con gran alegría y entusiasmo, un plan para reducir las listas de espera. También fue el PP el que, al cabo de un año, con discreción y disimulo, procedió a suprimir ese mismo plan. Y fue el PP el que, en el último presupuesto que elaboró y aprobó José Manuel Soria como consejero de Economía y Hacienda, planteó y aprobó un recorte de 312,5 millones de euros para el Servicio Canario de Salud.

En estos fatídicos años para Canarias con el PP en el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad lo ha dirigido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Es inadmisible, diría incluso despreciable, que la sanidad española sea gestionada desde la frivolidad de la rentabilidad, de las cuentas, de los números.

Por otra parte, resulta conveniente y oportuno subrayar, en estos momentos en que se negocia una posible salida para la gobernabilidad de España que permita evitar unas terceras elecciones, que desde el PSOE echamos en falta un compromiso más explícito con la sanidad canaria en las conversaciones que ha mantenido Coalición Canaria con el Partido Popular. Esperamos algo más concreto y más comprometedor que una simple y vaga declaración de intenciones.

Los socialistas apostamos por la sanidad pública, sin la más mínima duda, con toda la firmeza y la convicción que históricamente han caracterizado nuestra postura al respecto. Valoramos la enorme labor que el actual equipo de Gobierno está realizando para sacar a la sanidad canaria de la complicada situación a la que la ha empujado el PP, un PP que celebra eufórico cada mal dato sin pensar en los pacientes que lo sufren mientras en otras regiones ha cerrado hospitales y centros de salud. Defendemos también el gran -y difícil- trabajo que todos los profesionales del sector desarrollan en su día a día, desde los gerentes de los centros hasta el personal de enfermería, médicos, técnicos, especialistas...

No podemos sacar otra conclusión que no sea que el Partido Popular sigue deseoso de que la sanidad privada ocupe el lugar de la pública. Sí, es ese PP que no es capaz ni de pagar los 35 millones de euros comprometidos para los tratamientos de hepatitis C que el Ejecutivo regional seguirá ofreciendo a los pacientes que lo necesiten. Es un Gobierno de Canarias responsable con la estabilidad presupuestaria y que, con los socialistas, por mucho que se intente asfixiar desde fuera, seguirá situando al paciente, a la ciudadanía, por encima de todo lo demás.

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