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La deportación de los músicos venezolanos

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Dado que los ciudadanos venezolanos no necesitan visado y que los grupos artísticos no precisan permiso de trabajo (según el artículo 41.1,g de la Ley de Extranjería), tampoco era necesario que presentaran ningún contrato laboral, sobre todo cuando venían a un acto musical concreto y tenían los billetes de vuelta cerrados para dos días después. Así se desprende de un informe jurídico elaborado por la asociación Justicia y Sociedad, cuyo vicepresidente, José Manuel Rivero, ha intervenido en algunos medios explicando con meridiana claridad que lo sucedido en Los Rodeos puede haber vulnerado varios derechos fundamentales de estos trabajadores. La afirmación del delegado del Gobierno, José Segura, respecto a que carecían del permiso de trabajo es, pues, errónea. Si ya es grave que se salten la ley de esta manera con este grupo de músicos venezolanos (cabría preguntarse si Maná o Ricky Martin, que han actuado recientemente en la isla venían con un permiso de trabajo), más grave aún es que hayan sido detenidos, ya que no existe la figura de la ‘retención’, y que no hayan podido contactar con el cónsul de Venezuela para intentar aclarar la situación. Según el citado informe jurídico de Justicia y Sociedad, se han violado los derechos cívicos de los miembros del grupo musical previstos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 17 de la Constitución Española: 1) el derecho a que pongan en conocimiento de la persona que deseen que han sido detenidos; 2) por ser extranjeros, al Cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias, el cual ha corroborado que la fuerza gubernativa no le comunicó tal hecho. Todo el resto de la conversación que ha trascendido entre los funcionarios de la Policía Nacional y los componentes del grupo no deja de alimentar que se está ante una actuación arbitraria. Porque el agente de policía puede muy bien no conocer al grupo Los Sabandeños ni a Los Gofiones, pero es que había personas de la organización en el aeropuerto de Los Rodeos esperando al grupo y no les dejaron contactar con ellos. Pero que la invitación es “un papel mojado que puedo hacer yo mismo en un ordenador” es un comentario despectivo del funcionario de policía, que obligó a los músicos a firmar un documento porque, según palabras de los miembros de Ensamble Gurrufio, “si no, iba a ser peor”, lo que ya es una amenaza. Se consuma la deportación Después de un vuelo de ocho horas, se les embarcó sin más de vuelta a Venezuela y esos intentos que la Subdelegación del Gobierno argumenta ahora que se hicieron pero que no pudieron evitar esta deportación porque el avión ya estaba en marcha en la pista refuerzan que alguien sabía que se había cometido un grave error, que se ha aireado en los medios de comunicación de Venezuela, país hermano que ha acogido a miles de canarios. Llama la atención el silencio de las instituciones que apoyan el Festival Sabandeño, porque el Gobierno de Canarias se limita a pedir explicaciones y no se tienen noticias ni del Cabildo ni del Ayuntamiento lagunero. Por último, ha trascendido que uno de los funcionarios de policía implicado en la deportación, el jefe de policía del servicio de puesto fronterizo en el aeropuerto de Los Rodeos, fue condenado a cinco años y medio de cárcel por la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, relacionado con una red de narcotráfico que se desplegó en Tenerife en 2002 y 2003. La sentencia es de julio y el funcionario de policía la ha recurrido. Y la Subdelegación del Gobierno guarda un completo silencio, a ver si al asesor de José Segura se le ocurre algo coherente, aunque quizás pueda inspirarse en algunos de los comentarios xenófobos y racistas de algunos lectores, que seguro reaccionarán de igual modo con este texto que tiene más de información que de opinión.

Ramón Pérez Almodóvar

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