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Una estrategia energética envenenada

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Hace menos de un año el periodista de El País Fernando Garea se hacía eco de una frase atribuida a Javier Arenas sobre el ministro canario de Industria: "El problema de Soria es que, si sube en un ascensor, antes de llegar al tercer piso ya ha discutido con todos". Según el informador del diario de Prisa, en el PP se reconoce su falta de cintura política y su dificultad innata para llegar a acuerdos. El pasado día uno de abril John Müller hablaba en el Mundo sobre el "Vietnam" del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal: "Tras el fracaso de su jefe, el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien no consiguió resolver ni el problema del déficit de tarifa ni sentar las bases de un pacto energético, el Gobierno ha dejado en manos de este economista la tarea de resolver el puzzle". Por lo que le conocemos por estos lares, esos comentarios no parecen gratuitos. Aquí tenemos la experiencia de verlo enfrentado una y otra vez con periodistas, editores de periódicos, políticos de su propio partido o de otro signo, instituciones y lo que se le ponga por delante.

Lo último que ha hecho en ese sentido en nuestras islas es intentar hacer realidad unas prospecciones petrolíferas que ponen en riesgo la unidad de Canarias, según palabras de Paulino Rivero, quien ha llegado a insinuar "favores especiales" de Repsol al PP dado el empecinamiento del ministro en favorecer su implantación con campañas de todo tipo.

Pero no se queda en eso. A principios de marzo, de manera poco transparente, apresurada y sin ningún acuerdo con el Gobierno de Canarias, organizaciones empresariales o colectivos sociales, el ministro presentó a la opinión pública un anteproyecto de ley de reforma de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares que ha puesto a todo el mundo en guardia. Bueno, a todos no. A casi todos, porque algunos si que han salido muy pero que muy favorecidos. Soria entró por esas fechas en las islas como un elefante en una cacharrería, como queriendo confirmar su especial predisposición a ser el más epatante. De buenas a primeras y emulando a la tan reprobada presidenta argentina Cristina Kirchner ?a la que criticó duramente cuando expropió YPF a Repsol- propone la "nacionalización" de Endesa en el archipiélago y le expropia la central hidroeléctrica de Chira-Soria que le había sido adjudicada por el Cabildo, lo que se va a traducir en batallas judiciales, indemnizaciones millonarias y en poner en riesgo o retrasar considerablemente el inicio de unas obras imprescindibles para almacenar renovables. En el mismo documento se abre la posibilidad de introducir en Canarias una peligrosa técnica de extracción de gas o de fuel del interior de la tierra (fracking o fractura hidráulica) que acaba de ser prohibida por el Parlamento de Cantabria y que produce seísmos y enormes impactos medioambientales. Se quita también competencias a la Comunidad canaria y se abre de nuevo la espita del gas, obligando a Gascan a disolverse (otra expropiación ejecutada por un neoliberal) para traspasar a Enagás las regasificadoras que pretende construir en territorio insular.

Como era de suponer, la ha armado y gorda. Fiel a su tacto y mesura consiguió de inmediato un pronunciamiento en contra del Gobierno canario y que la Confederación Canaria de Empresarios, Cecapyme y los empresarios de renovables se enfrentaran a su propuesta. Al tiempo, logró dividir al empresariado local propiciando un pronunciamiento favorable de los constructores, quizás engolosinados con alguna promesa de participación en las obras de la central de las presas. Puro diálogo y consenso.

Pero llegados a este punto, me quiero detener en el gas y en su calculada estrategia para hacer llegar este combustible fósil a Canarias. El 2 de enero de 2012, en su primera visita institucional a las islas, el ministro se comprometió a impulsar "antes de tres meses" la regasificadora grancanaria; un año después el sector gasista, agrupado en torno a Sedigás, manifestó públicamente que habían llegado a acuerdos con el Gobierno para reactivar el uso del gas; tras el anuncio de la expropiación a Gascan del negocio del gas para ponerlo en manos de Enagás (curioso que argumente que Endesa es extranjera para apoyar seguidamente a los fondos árabes de Oman Oil), el 19 de marzo, el subsecretario de Estado de Industria, Turismo y Energía declaró abiertamente que tenía "la esperanza de que la reforma desbloquee las regasificadoras"; el mismo día el consejo de administración del gestor único del sistema gasista, Enagás, aprobó el nombramiento de la mano derecha del líder del PP canario, Rosa Rodríguez, como consejera de la empresa; el 22 del mismo mes los medios de comunicación publican que el ministerio de Medio Ambiente ha dado el visto bueno a la declaración de impacto ambiental de una ampliación del puerto de Arinaga destinada a "líquidos combustibles"; el 31 de marzo, en una entrevista a La Provincia, Soria anunciaba medidas al amparo del interés general para conseguir la implantación del gas en Gran Canaria y finalmente, por ahora, el Cabildo eleva una consulta al ministerio ?para allanarle el camino- para que le aclare a quién le compete decidir la ubicación de la planta de gas, porque la consejera Ana Kursón interpreta que la decisión es del Pecan y por interés general?

Resulta cuando menos curioso este empeño en la introducción del gas en Canarias frente a los datos contundentes que nos hablan de su escasa rentabilidad, de su encarecimiento progresivo y de su localización en lugares pocos seguros para garantizar su suministro. Resulta curioso, salvo para los que se han prestado, con esto y con el petróleo, a hacer de sumisos servidores de unos lobbys de dudosa catadura.

En estos momentos en España y según un informe de la FER la demanda de gas natural de las centrales térmicas de generación de electricidad ha pasado de 187.534 GWh en 2008 a 84.634 GWh en 2012, lo que no les ha impedido recibir más de 2.000 millones de euros en primas y en incentivos a la producción durante el último año. La demanda de gas ha descendido notablemente, pero las importaciones se han incrementado porque los contratos de aprovisionamiento obligan a pagar el gas al suministrador extranjero, independientemente de que se consuma o no. Los promotores del gas cometieron un error estratégico (Miguel Sebastián lo denunció públicamente varias veces) al instalar 27.000 MW sin tener en cuenta el desarrollo de las renovables cada vez más baratas y competitivas, hasta el punto de que la energía eólica ha sido la principal fuente de generación eléctrica en los últimos seis meses en España. Durante muchos años se permitió la creación de una gran burbuja de gas que ahora pretenden que asumamos los ciudadanos y consumidores en general en detrimento de las renovables.

En su programa electoral el PP nos decía que quería convertir España en un mercado de referencia del gas natural en el Mediterráneo, sin que nunca le haya importado las pérdidas cuantiosas que supone el tener en funcionamiento, o parados pero pagándoseles, numerosas plantas que no pueden competir con las energías limpias. Por eso la operación de Enagás, para permitir una intervención pública que salve a las grandes eléctricas de sus inversiones gasistas ruinosas.

Dice Enrique Hernández Bento que su ministerio no "renuncia a nada" a la hora de generar energía en Canarias, pero esa afirmación es rigurosamente incierta: abre la puerta al fracking, al petróleo y al gas, pero no se hace absolutamente nada por romper los obstáculos de las servidumbres aeronáuticas, por contemplar las especificidades de Canarias a la hora de remunerar a las renovables o por hacer viable el balance neto que puede generar un 20% de lo que consumimos, democratizando la producción de energía. Nos están mostrando sin pudor a quienes están representando y qué intereses defienden. Pero no están contando con que la sociedad canaria ?por mucho que se gasten en campañitas de publicidad- ya no está por seguir soportando este tipo de prácticas. Al medir contaremos. Vamos a ver qué dicen también el PSOE Y CC que califican la propuesta como "cacicada" y que denuncian el riesgo del petróleo a varios kilómetros de la costa ?cosa que comparto- y hasta ahora se han pronunciado a favor de que se instale una planta de gas a menos de 600 metros de la población en Arinaga. Habrá que prepararse para la lucha.

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