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El fracaso del nuevo Estatuto

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El Gobierno canario ha remitido al Parlamento una comunicación de propuesta de acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un documento que pasa de puntillas sobre las razones por las que no accedimos a los llamados estatutos de segunda generación, aprobados en la etapa del Gobierno Zapatero, así como la asunción de las correspondientes responsabilidades políticas. 'Olvidando' que fue el Gobierno canario, presidido por Rivero, con el apoyo de CC y PP, el que retiró el Estatuto en 2007, frustrando una oportunidad histórica.

Canarias perdió entonces el tren de las reformas estatutarias, que sí cogieron otras ocho comunidades. Y no fue por maniobras del centralismo ni porque el Congreso introdujera cambios sustanciales en el texto. La reforma se frustró al retirar Canarias la propuesta que había elevado a las Cortes Generales. Por diferencias entre el CC y PSOE, especialmente, respecto a posibles cambios en el sistema electoral de las Islas.

Esas discrepancias se cargaron la reforma. Culpándose del fracaso los dos grupos que hoy apoyan al Gobierno, CC y PSOE; por su parte, el PP lo calificó inicialmente de nacional socialista y luego contribuyó a su retirada, para satisfacer a CC, cuando volvieron a ser socios en 2007. PSOE y PP fueron cambiando de posición en función de su presencia o no en el Ejecutivo canario, mientras que CC, por intereses partidistas, los utilizó; y, al final, Canarias se quedó sin reforma estatutaria.

Ahora, con un PP con mayoría absoluta en Congreso y Senado, que ha mostrado nulo interés en apoyar avances en el desarrollo autonómico, la propuesta de CC y PSOE nace como un gesto de cara a la galería, sin la menor posibilidad de éxito.

Cohesión

Pese al oportunismo de la propuesta y a sus muy escasas posibilidades de hacerse realidad, desde NC apoyamos la ampliación del autogobierno. Considerando que ha sido clave en la transformación económica y social de Canarias, así como en la superación de los abismos en infraestructuras y en prestación de servicios entre sus distintos territorios. Ha servido, por tanto, para dar pasos en la unidad y en la cohesión de Canarias.

Tras tres décadas de proceso autonómico, Canarias precisa ampliar sus competencias, definir una estructura administrativa eficiente, descentralizada y sin duplicidades, con el relevante papel en la misma de cabildos y ayuntamientos; y disponer de una financiación justa y adecuada para afrontar sus competencias.

El avance en el autogobierno debe facilitar la gestión de la sanidad exterior, el control de las aguas interiores canarias y la protección del medioambiente marino, así como la dirección de los aeropuertos y del transporte aéreo interinsular. Canarias, asimismo, debe blindar a nivel estatutario los instrumentos fiscales y económicos que den respuesta a las necesidades de una Comunidad ultraperiférica, de un territorio fraccionado y alejado del continente del que formamos parte políticamente.

El proceso estatutario debe complementarse con una financiación autonómica que supere la injusta situación actual ?que nos deja 800 millones de euros anuales por debajo de la media de las CCAA de régimen común- y garantice el funcionamiento de los servicios públicos, contribuyendo a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.

Uno de los asuntos que se intenta introducir en esta reforma estatutaria es la reforma del sistema electoral canario. Hay elementos cuya modificación requiere su inclusión en el Estatuto, como la presencia de una lista archipielágica. Y, en su momento, habrá que debatirlos y resolverlos.

Pero se pueden y deben tomar decisiones ahora para mejorar la calidad de la democracia en Canarias. Con la actual configuración de la política española, la reforma estatutaria no podrá hacerse realidad en el próximo período. Lo que supondría, en la práctica, posponer sine die la adopción de decisiones para mejorar sustancialmente el sistema electoral.

El sistema electoral canario presenta graves déficits democráticos. Por las elevadas barreras de acceso al Parlamento, del 30% insular, que es la circunscripción, y del 6% archipielágico. Y por una muy desequilibrada distribución de escaños entre las islas capitalinas, donde se concentra el 83% de la población, y elige solo el 50% de diputados, y el resto del Archipiélago que, con el 17%, elige el otro 50% de los diputados.

La necesaria reforma de nuestro sistema electoral ha sido defendida por todas las fuerzas políticas presentes en la Cámara, presentando incluso el PSOE una propuesta en la anterior legislatura. En un tema de tanto calado democrático no valen más dilaciones. Canarias puede realizar cambios en el sistema electoral; y los puede hacer ya. Plantearemos, por tanto, que el Parlamento aborde en esta legislatura una reforma de su sistema electoral que, aún siendo parcial, reduzca los actuales obstáculos al pluralismo.

En definitiva, desde NC apoyamos la ampliación del autogobierno y la reforma estatutaria, aunque advertimos de que no se dan las condiciones para que esta salga adelante. Y exigimos que la imprescindible reforma electoral se haga aquí y ahora, en beneficio del pluralismo y de la propia legitimidad de la política, cuando aumenta la exigencia de mayores niveles de transparencia y participación, así como de sistemas electorales más representativos de la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos y ciudadanas.

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