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Espacio de opinión de Canarias Ahora

Una hora y catorce minutos

José Carlos Gil Marín / José Carlos Gil Marín

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Se dice en el pacto por la gobernabilidad, la dinamización económica, el empleo y la cohesión social de Canarias -Pacto por Canarias- suscrito por CC y PSC-PSOE que se quiere que en 2015 las energías alternativas representen en Canarias el 30% del total, cuando desde 1993 sólo se ha conseguido que lleguen apenas al 3%. Se dice que se trabajará contra el paro registrado en las islas: 254.341 trabajadores. Con las políticas activas de empleo transferidas, aquí tenemos una línea roja a seguir. Si el número de parados no se reduce sensiblemente de esta cifra, recuperando al menos los niveles de empleo de 2007, este objetivo no se verá cumplimentado de forma efectiva. Se comenta en el pacto y en sanidad que las listas de espera se quieren fijar a 30 días de tiempo medio de espera, sin deber superar los 90 en ningún caso, y las consultas de atención primaria a un máximo de 48 horas. Pero no se dice nada de elevar en Canarias la media de camas hospitalarias por habitantes, muy distante de la europea y de la española en su conjunto. Es más, no incluye ningún compromiso presupuestario específico para reducir las listas de espera en el archipiélago. En 2010, 3.904 personas esperaron más de seis meses en las listas de espera quirúrgicas. Aquí tenemos otro baremo a seguir. Es más, en él no se dice nada respecto a garantizar la ratio inversora pública en el sector, así como a mantener o a aumentar su relación proporcional respecto al Producto Interior Bruto canario o al presupuesto autonómico anualizado globalmente considerado. En educación tampoco se dicen medidas concretas contra el fracaso escolar o el abandono escolar, ni mucho menos se compromete el nuevo Gobierno a no disminuir la inversión pública educativa en sí misma considerada, o a no disminuir su ratio en relación al Producto Interior Bruto archipelágico o en relación al presupuesto autonómico de cada ejercicio. La reforma electoral (con requisitos determinados en el pacto) y la reforma estatutaria se nos presentan igualmente como referentes precisos, pero tienen el finiquito de las próximas elecciones generales (ya sean en noviembre, en marzo o en mayo de 2012, según informe que el Consejo de Estado ha elaborado a instancias del Presidente del Gobierno de España como fecha límite en la que debería convocar constitucionalmente elecciones). Y ya se sabe: “Tempus fugit”. Volvamos, pues, al discurso.

¿Cuántas veces se dijo en el discurso presidencial de ayer que se lucharía contra la corrupción? Ninguna vez? ¿Cuántas veces se nombró en la hora y veinte minutos de discurso la palabra honestidad? Tan sólo una. El PSOE, en vez de pactar este gobierno, tras las elecciones autonómicas debería haber asumido responsabilidades y mirar al futuro.

Volvamos a un discurso que no dedicó ni una página al desarrollo del sector primario; que resaltó la importancia del binomio turismo y construcción para la recuperación económica; y que fijó escasísimos objetivos cuantificables; objetivos incontrolables al ser fijados más allá del plazo de una legislatura, como el de reducir al 10% el abandono escolar en Canarias en 2020; objetivos utópicos, como el de crear en una legislatura una Canarias sin emisiones de dióxido de carbono para hacerla un destino turístico atractivo: ¿emisiones cero de dióxido de carbono en las islas cuando las energías limpias pesan actualmente lo que pesan?; o que prometió elevar el peso de la industria en las islas al 10% del Producto Interior Bruto canario, cuando en una acción gubernamental que viene desde 1993 no alcanza siquiera el 5% del mencionado referente. Al margen de los también escasos objetivos cuantificables del pacto, ninguno más. Eso sí, cuatro promesas cuando menos cuestionables: simplificar los controles urbanísticos medioambientales; seguir financiando a pesar de la crisis la policía y la televisión canarias; y crear un Consejo General del sector audiovisual para, sorprendámonos todos, salvaguardar la libertad de información? Por cierto, algunos datos presidenciales sorprendieron: ¿crea la cultura en las islas 20 mil puestos de trabajo?... Y si es así: ¿dónde están?... Nada sobre el Plan Canarias? Nada sobre las aguas canarias? Nada sobre el cumplimiento efectivo de la inversión media estatal según la ley del REF? Las caras de unos y de otros durante la sesión solemne celebrada suelen decir más que las palabras pronunciadas. Y este dato es en sí mismo una entropía. El discurso ha estado más incentivado en sus preliminares que en su contenido. Presuntos poderes ahora judicializados, presuntas empresas de las que ahora se niega oficialmente su existencia, presuntos documentos oficiales presuntamente falsificados; presuntos viajes realizados sin pasaporte... Demasiados presuntos? Desde el total respeto al derecho de presunción de inocencia y al derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución española? ¿Por qué no se salió a la palestra nada más saltar el escándalo? Es más: ¿no se parece lo actualmente vivido en Canarias a la primigenia actitud de Nixon ante el Watergate? Las relaciones de poder no se dan en abstracto, sino que son negociadas y ejercidas en el seno del discurso político. Esto es lo que ayer en sí mismo hemos vivido en sede parlamentaria canaria. Las ideologías han pasado a ser hoy meros instrumentos específicos de representación y construcción sociales que reproducen relaciones desiguales de poder, relaciones de dominio y explotación. Las referencias clásicas, endémicas y reiteradas indican claramente la vertiente relativizadora del discurso político. Ayer las hemos escuchado. ¿Pero para qué?...

Señaló Enoch Powell, destacado político británico de la segunda mitad del pasado siglo XX, que “todo proyecto político acaba en fracaso”. ¿Que más se puede añadir?

José Carlos Gil Marín

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