La laurisilva se ve, el sebadal no

En este escenario, el gobierno de Canarias clama al cielo por la destrucción de los bosques de laurisilva, una reliquia del terciario de extraordinario valor biológico que forma parte de nuestro imaginario colectivo.

Sin embargo el presidente de este gobierno clamante, de composición tan pintoresca que hace que el consejero de hacienda --con la que está cayendo-- sea, a la vez, responsable de emergencias y de la lucha contra los incendios y que cuenta con una consejería de medioambiente disociada de la de ordenación del territorio (y ambas asignadas a partidos distintos), es el principal responsable de uno de los atentados más graves contra la biodiversidad del Archipiélago que registran los anales: la exclusión de los sebadales del catálogo de hábitats y especies con alto grado de protección, para construir impunemente el Puerto de Granadilla.

La operación fue perpetrada con premeditación y alevosía. Hagamos memoria. En Canarias, para el stablishement la memoria es subversiva. A finales de la pasada legislatura, mediante una Ley del Parlamento de Canarias, se modificó el Catálogo Canario de Especies Amenazadas reduciendo a una categoría de riesgo inventada ex profeso, que mal cubría la vergüenzas de una desprotección real, las praderas de cimodosea nodosa, los sebadales, un ecosistema de alta productividad en biomasa y oxígeno, de gran importancia en la lucha contra el cambio climático, porque es un verdadero sumidero de CO2, y de gran biodiversidad.

Aprobó el nuevo Catálogo por Ley surgida de una proposición de los grupos parlamentarios de CC y PP, ya que el Gobierno no se atrevió a presentar un proyecto de Ley, cuya tramitación en sede gubernativa habría requerido incómodos informes de los servicios jurídicos y técnicos de la Administración.

No se tramitó como Decreto, como todos los catálogos estatales y autonómicos habidos y por haber, porque esa tramitación habría requerido una fase de participación ciudadana, que es un derecho, desde que el Tratado de Aarhus fue incorporado a los ordenamientos europeo y español, que se quería evitar a toda costa. Y porque una Ley no puede ser recurrida por los ciudadanos y asociaciones ecologistas ante los Tribunales y un Decreto sí. Es difícil imaginar una degradación mayor del Parlamento y del propio concepto de Ley como principal instrumento de nuestro autogobierno.

El único cabo suelto, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del PSOE (a lo que se comprometió solemnemente el gran Paco Spínola, plenipotenciario de los socialistas canarios) fue amarrado como una de las contrapartidas secretas del apoyo de Coalición Canaria a Zapatero.

El Tribunal Supremo ha anulado una Orden de la Consejería de Medioambiente, dictada por Domingo Berriel la pasada legislatura, que tenía la misma finalidad que el nuevo Catálogo: desproteger el sebadal para construir el Puerto de Granadilla. Y, ponderando los intereses económicos y mediambientales en juego en este espacio del Sur de Tenerife, ha dado prioridad a la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.

A partir de esta Sentencia muchas voces se han alzado exigiendo la paralización de las obras del Puerto de Granadilla. Pero esa Sentencia no es suficiente jurídicamente. Precisamente la aprobación por Ley del Catálogo fue pura guerra preventiva contra la posibilidad de esta Sentencia anulatoria. Ahora bien: con esta Sentencia en la mano, hay que solicitar formalmente al Gobierno que paralice las obras. Y, cuando el Gobierno se niegue o dé la callada por respuesta, hay que pedir la intervención de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Entonces, el Gobierno se escudará en la Ley del Catálogo y ese será el momento de promover la cuestión de inconstitucionalidad. De manera que lo que el PSOE pudo hacer y no hizo, llevar este gigantesco chanchullo ante el Tribunal Constitucional, puedan hacerlo los ciudadanos a través del poder judicial.

La descripción de toda esta maniobra, su finalidad de impedir el ejercicio de derechos de participación y de acceso a la justicia, y el objetivo final desvelado por la Sentencia del Tribunal Supremo: imponer intereses económicos a la preservación de un ecosistema amenazado de extraordinaria importancia biológica, componen en mi opinión un arsenal jurídico de gran consistencia.

En el plano político la exigencia de suspensión ha de ser una constante. Por eso es tan meritoria la iniciativa de G. Llamazares ante el Congreso. Pero los autores e inductores de la agresión saben que sólo el Tribunal Constitucional puede ponerlos en su sitio. Es verdad que llevará tiempo. Es algo que tenían perfectamente previsto. En realidad es la finalidad esencial de toda esta estratagema. Pero más tiempo se perderá cuanto más tarde en ponerse en marcha el camino hacia la jurisdicción constitucional.

¿Cómo se explica que el Gobierno defienda la laurisilva y destruya el sebadal? Porque la laurisilva se ve, la han cantado nuestros poetas y los canarios la hemos incorporado a nuestros más delicados sentimientos. Al sebadal lo recubren someramente las aguas de la mar océana y no se ve. Y dice el dicho que ojos que no ven, corazón que no siente. Y ese dicho lo conocen todos los demagogos de hoy y de siempre.

Paulino clama sin el menor rubor en defensa de la laurisilva y contra las prospecciones petrolíferas. José Miguel Pérez, consejero de medioambiente, se limita a anunciar que prepara un nuevo catálogo con todas las bendiciones científicas. Para cuando lo presente, ya se habrán producido las mortíferas consecuencias del actual catálogo de desprotección de especies amenazadas y la construcción del Puerto de Granadilla, piensan, será irreversible.

Lo menos que se despachaba entretanto, para mantener un mínimo respeto a sus compromisos con los votantes socialistas, era haber presentado un proyecto de Ley de artículo único: queda derogado el Catálogo tramposo de 2010 y restablecido el de 2001. Pero no lo han hecho y ni la Sentencia del Tribunal Supremo les saca los colores.

Santiago Pérez