¿Por qué lo llaman democracia si quieren decir tongo?

Democracia significa que todo el mundo tiene idéntico derecho a influir en los asuntos de todos. Presupone que todas las personas valemos lo mismo y, por lo tanto, dado que tenemos igual derecho a decidir, nuestros votos deben valer igual. Democracia implica articular instituciones y procedimientos que representen proporcionalmente la voluntad de los individuos.

Sin embargo, la teología democrática imperante confunde la democracia, que es expresión de la voluntad popular, con una técnica de control de la ciudadanía. Nos han enseñado a creer que es democrático que, por ejemplo, en las últimas elecciones autonómicas, un partido político con 50.749 votos no obtuviera ni un escaño y otro con 2.973 obtuviera dos. O que es aceptable el tongo legal de las elecciones al Parlamento canario de 1999: 10.424 lanzaroteños votan a un partido y obtienen cuatro escaños y 10.314 lanzaroteños votan a otro partido, pero no obtienen ni un solo escaño. Describir esta realidad como democrática no es un acto racional, es un acto de fe. Teología pura y dura.

Nuestro desaprendizaje democrático es tan eficaz que ya somos incapaces de imaginar cómo sería vivir en democracia. El PSOE ha propuesto reducir las barreras electorales al 5%, para acceder al Parlamento de Canarias (y eso es positivo porque mejor es un fraude pequeño que un fraude grande). Pero un demócrata tendría que preguntarse: ¿por qué un 5% si, en un sistema proporcional puro, habría que asignar un escaño por cada 1.7% de la población? En cualquier caso, ¿nos acabarán concediendo un poquito más de democracia los representantes a los representados? Y el principio de una persona un voto, ¿para cuándo? ¿Para 2350? Porque, si respetamos el principio de una persona un voto, tenemos que bajar más las barreras electorales, o suprimirlas, mandar a paseo la ley D`Hont y replantear las circunscripciones. Tampoco estaría mal abordar la financiación de los partidos, para que el poder del dinero no tuerza la voluntad popular. Es más, habría que garantizar la pluralidad en los medios de comunicación públicos.

Pero la realidad es muy distinta. Los próceres canarios han inventado un sistema de gobierno autoritario, con consultas a la ciudadanía, bastante eficaz. El subconsciente colectivo del gremio de los próceres entiende que básicamente representan al colectivo de notables y potentados que pululan a su alrededor. Esto lo expresan con claridad cuando se autodefinen como “clase política” (no hay nada más antidemocrático que una clase política, que supuestamente representa a una sociedad multiclasista). Y, como los próceres canarios intuyen su escasa representatividad, han buscado algo que sirva para dar voz a sus supuestos representados. Por ello, han decidido actualizar los cuadernos de quejas que los súbditos presentaban al rey en el Antiguo Régimen. Ahora los llaman participación ciudadana.

Una vez que los ciudadanos han sido excluidos de las instituciones hay que buscar la manera de que las instituciones atiendan algunas de sus demandas. Porque si no el sistema, además de no ser democrático, tampoco lo parecería. Y eso sí sería muy grave. Con las apariencias no se juega.

Así que, el Gobierno canario está tramitando su Ley de Participación Ciudadana, elaborada sin participación ciudadana, y criticada por el Consejo Económico y Social de Canarias, en su dictamen preceptivo, porque el ejecutivo canario recurrió al trámite de urgencia y ello impidió que las organizaciones representadas en el CES participaran “con criterios de eficiencia”. O sea, estamos ante una Ley de Participación Ciudadana sin participación ciudadana, sin auténtica participación del CES y que remite a futuros desarrollos reglamentarios en instancias gubernamentales alejadas de la ciudadanía. A fin de cuentas, un Parlamento que se ha negado a debatir iniciativas legislativas populares sólo puede parir un proyecto de sedación colectiva cuando legisla sobre participación.

Por supuesto, la Ley de Participación Ciudadana no permite proponer otra ley electoral, pues podría perjudicar la “democracia” de los próceres. Pero, en su artículo 27, sí plantea consultar a la ciudadanía, mediante sondeos de opinión, sobre cuestiones concretas. Un consejero del ejecutivo explicó que serviría para saber, por ejemplo, qué piensa la gente sobre la construcción de un puerto en Granadilla. Es fácil adivinar que la Ley de Participación Ciudadana serviría para combatir la participación ciudadana en contra del puerto de Granadilla.

En suma, ni democracia, ni participación ciudadana. Eso sí, mucha clase política con muy poca clase.

*Coordinador de Izquierda Unida en Tenerife

Ramón Trujillo*