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La necesaria reforma de la Constitución

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Este 6 de diciembre se cumplen 37 años del referéndum de la Constitución española. Hay que reconocer que esta conmemoración no levanta pasiones ni en la sociedad ni en las instituciones públicas. Cada año por estas fechas en lugar de plantearnos como está la salud de nuestra democracia, que en el terreno legal comenzó a andar aquel 6 de diciembre de 1978, lo que realmente comenta la gente en la calle es que se acerca “el puente de la Constitución”, dos días festivos con uno laboral por medio.

En estos últimos años, se habla mucho de la reforma de la Constitución de 1978, y cuando sucede se suele plantear por los problemas territoriales en el Estado español. Las reivindicaciones de más autogobierno por parte de los nacionalismos periféricos se han encontrado siempre con una respuesta positiva o negativa del Gobierno central, dependiendo del peso que tuviera la mayoría parlamentaria del inquilino de la Moncloa. Si teníamos un ejecutivo estatal de mayoría absoluta se acusaba a los nacionalistas de victimistas, de no saber gestionar las competencias que tenían o incluso, en el caso vasco, se les llegó a acusar de dar alas a los terroristas. Pero si no había mayoría absoluta se podía producir el milagro de que un presidente del Gobierno que había nacido en Madrid fuera capaz de hablar catalán en la intimidad.

La autonomía canaria nace en el marco de la Constitución de 1978, pero a partir del artículo 143 de la Carta Magna, por la vía lenta. Eso nos dio un autogobierno más limitado que el de las comunidades que llamaron históricas: Galicia, Cataluña, Euskadi y Andalucía, que aprobaron sus estatutos por la vía del artículo 151 de la Constitución y gracias a eso nacieron con mayor autogobierno. Y conviene recordar que esa elección de la vía lenta para la autonomía canaria es responsabilidad de aquella Unión de Centro Democrático que formaban los que hoy en Canarias se autoproclaman como la única fuerza nacionalista (y dos huevos duros, dirían desde el camarote de los hermanos Marx). Todavía hoy, 37 años después de la aprobación de nuestro estatuto, seguimos sufriendo las consecuencias de aquella decisión. Por poner un ejemplo, el presidente de la comunidad autónoma canaria no puede convocar elecciones anticipadas. Si se produjera una crisis política por la falta de una mayoría parlamentaria estable, habría que aguantar esa crisis durante cuatro años.

Desde nuestro archipiélago tenemos derecho a defender una reforma constitucional que nos sitúe en el mismo nivel de competencias que las denominadas comunidades históricas. También sería importante aprovechar esa reforma para garantizar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, un fuero que tiene cinco siglos de historia y cientos de años de incumplimientos. Pero también sería importante cambiar nuestra carta magna para que se garantice el cumplimiento de su artículo 1.1: “ España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Porque todos los juristas coinciden en que los derechos sociales que se proclaman en el capítulo III (de los principios rectores de la política social y económica), no solo no se cumplen sino que podría decirse que los artículos de ese capítulo (del 39 al 52) se han quedado en papel mojado.

Vayamos a uno de los artículos que más movilizaciones ha provocado en estos años de crisis, el artículo 47 proclama que “Todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

El drama de los desahucios es una prueba de que más que ante un derecho constitucional, se podría decir que estamos ante un artículo de broma, si no fuera por el drama social que ha supuesto que los recursos públicos en los últimos años se han usado más para ejecutar desahucios de familias que no tenían para pagar la cuota de la hipoteca a la entidad financiera que para que se cumpliera el artículo 47 de la Constitución. Lo mismo ocurre con otros artículos que proclaman el derecho a la salud, a la pensión digna, a la cultura o a disfrutar de un medioambiente adecuado.

En este sentido, creo que es necesario reformar la Constitución para convertir en derechos subjetivos, que los ciudadanos puedan reclamar ante las instituciones, esos derechos que se recogen dentro del apartado de los principios rectores de las políticas económicas y sociales. Con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, conocida como “Ley de Dependencia”, se planteó la necesidad de convertir en derecho subjetivo la atención de las personas en situación de Dependencia. En la campaña electoral de 2011 el entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, criticaba a Rodríguez Zapatero por no garantizar la financiación de la Ley de Dependencia. Sin embargo, en solo cuatro años de Gobierno del PP se han aprobado diferentes decretos que han dejado fuera de esta ley a más de 30.000 personas. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a esta cifra hay que añadir las decenas de miles de personas que después de esperar uno o dos años para que les reconocieran que tenían derecho a las ayudas recogidas en la Ley de Dependencia, al final han fallecido sin recibir ese respaldo de los servicios públicos. El cinismo político ha rebasado todos los límites cuando recientemente los representantes del Gobierno del Estado se han felicitado a ellos mismos porque, dicen, ha bajado la lista de espera para acogerse a las ayudas de la Ley de la Dependencia. ¡Y vaya que han bajado!, decenas de miles de personas murieron mientras esperaban por ese apoyo institucional.

Hemos tenido dos reformas de la constitución de 1978, y las dos han venido desde afuera, de instituciones supranacionales, no han sido producto de una demanda social de cambio. La primera reforma de la Constitución fue en verano de 1992, se reformó el artículo 13.2, para que los ciudadanos de la Unión Europea pudiesen votar y ser elegidos en las elecciones municipales. Fue respaldada por todos los grupos y no se exigió el referéndum La otra reforma también fue en verano, fue la reforma del artículo 135 de la constitución española apoyada en agosto del fatídico 2011 por el PSOE y el PP. Por la falta de debate se la llamó la “reforma express”. El catedrático de Políticas Públicas, Vicens Navarro, escribió que aquella reforma “ha sido una de las medidas tomadas por el estado español más importantes (y más perjudiciales) en contra del ya escasamente financiado Estado del bienestar español”. En la misma línea se pronunció el profesor de la UNED Ramón Cortarello.

También sería interesante reformar la Constitución para hacerla más participativa. Cada vez es más urgente tomar medidas que permitan a los ciudadanos influir en las decisiones políticas. El director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, escribía en la edición de noviembre su artículo “Democratizar la democracia”: “Hace cuarenta años, durante la transición en España, había apenas unas 30 democracias. Actualmente, el número de países democráticos- en distintas fases de consolidación- es superior según la ONU a 85. O sea, la democracia se ha convertido en el sistema de Gobierno con mayor legitimidad en el mundo global. Sin embargo, nunca hemos estado tan descontentos con la democracia”. Ramonet profundiza en esta paradoja y cita diez posibles causas de la desafección y desconfianza hacia la democracia representativa. Las seis primeras son: “1) Demasiadas desigualdades (ricos cada vez más ricos, pobres más pobres). “2) Crisis del Estado y de lo público, atacados por las teorías neoliberales adictas al Estado mínimo. 3) Carencia de una sólida cultura democrática. 4) Nefasto efecto de los casos de corrupción de políticos (tan frecuentes en España). 5) Dificultades en la relación entre los partidos y el resto de la sociedad civil. 6) Subordinación de la actividad política a los poderes fácticos (mediáticos, económicos, financieros)”.

Esperemos que esta coincidencia de la campaña electoral con la celebración del aniversario de la Constitución ayude a que se tome conciencia de la necesidad de reformar un texto que se aprobó en 1978 en un contexto muy diferente a los tiempos actuales. La Constitución debe dejar de ser el arma arrojadiza que han empleado algunos gobiernos que no han dudado en convertir al Tribunal Constitucional en un campo de batalla partidario donde se intenta ganar con los votos de los jueces aliados lo que se pierde en mayorías parlamentarias: ley de matrimonio homosexual, Ley de Vivienda de Andalucía, el Estatuto de Cataluña…

Necesitamos una Constitución que de verdad garantice los derechos sociales, que blinde el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que mejore nuestro autogobierno y avance hacia una democracia más participativa. Que establezca un nuevo modelo de financiación autonómica para Canarias. Que respete nuestras singularidades y los hechos diferenciales y que reconozca la participación de Canarias en cuestiones de ámbito estatal y supraestatal que nos afecten. Estas reformas que planteamos y otras que puedan proponer las distintas fuerzas políticas deben someterse, por supuesto, al refrendo de la ciudadanía. Porque se trata de que las ciudadanas y ciudadanos se sientan más partícipes de la Democracia. Así cada 6 de diciembre a lo mejor se deja de hablar del “puente de la Constitución” y la celebración se convierte en una auténtica fiesta de la democracia.

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