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Ellas nos necesitan

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El Gobierno de España ha convertido en una prioridad de su acción política el tratamiento y la prevención de la violencia contra las mujeres, realizando un trabajo riguroso y sostenido en el tiempo y buscando el consenso político y social necesario para llevarla a cabo.

La Ley Integral contra la Violencia de Género que se aprobó a finales del año 2004 es un referente internacional como instrumento para la lucha contra este terrible fenómeno. A lo largo de estos tres años sus medidas han dado muy buenos resultados como prueban los 80.000 condenados y las 84.000 ordenes de protección, el aumento del número de denuncias (2.207 en Canarias y 33.905 en España en el primer trimestre de 2008, según datos del Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial) y el incremento de las sentencias condenatorias, que antes de la entrada en vigor de la ley eran de un 30% del total y que han pasado a ser el 70% del total de las sentencias dictadas.

Las leyes son instrumentos necesarios e imprescindibles, pero no son suficientes para erradicar un asunto que tiene hondas raíces culturales y que requiere de un cambio profundo de valores y actitudes.

La inclusión en la agenda de las políticas desarrolladas por el Estado de la aplicación del principio de no discriminación y del logro de la igualdad viene estando presente en el quehacer diario de la acción del Gobierno Socialista. La paridad en la composición del Consejo de Ministros, la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva y sobre todo la creación del Ministerio de Igualdad, dan buena cuenta de ello.

En estos momentos, y a propuesta del Gobierno, se está estudiando en Las Cortes Generales la adecuación de la actual legislación en materia de aborto para garantizar la seguridad de usuarias y pacientes, se ha creado una Subcomisión para velar por el desarrollo de la Ley Integral y se ha anunciado la Reforma del Código Penal para endurecer delitos sexuales como la pederastia y tipificar como delito autónomo la trata de personas.

Además, recientemente el Gobierno ha presentado un borrador del Plan contra la trata de Personas con fines de explotación sexual, fenómeno criminal transnacional estrechamente vinculado a la prostitución.

El plan, que se aprobará en breve, contiene las propuestas recogidas en el Informe de la Ponencia sobre la situación de la Prostitución en España, aprobado en las Cortes la pasada legislatura, y las obligaciones derivadas de la ratificación del Convenio Europeo contra la Trata de personas, suscrito en Consejo de Ministros de 23 de Mayo de 2008.

Sin duda, instituciones nacionales e internacionales están ejerciendo sus responsabilidades, los profesionales trabajan con entrega y rigor (un reconocimiento explícito a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por su compromiso), pero todos somos necesarios porque la ciudadanía también tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

*Mercedes Coello Fernández-Trujillo es diputada socialista por Santa Cruz de Tenerife

Mercedes Coello Fernández-Trujillo*

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