A pesar de todo

A la oposición inicial por los múltiples daños medioambientales irreversibles, se le han ido sumando otros razonamientos no menos contundentes, desde la poca idoneidad del gas que por allí pretenden introducir, por la cercanía de este peligroso combustible fósil a los núcleos de población y a los cientos de trabajadores del polígono industrial, hasta la brecha, no menos peligrosa, del riesgo permanente que se le abre al sector que mayormente sostiene la economía de Tenerife, el Turismo, tanto por la cercanía a sus asentamientos sureños, como al Aeropuerto, desde donde se vería toda esta parafernalia peligrosa y contaminante, en un destino que se vende por todo lo contrario.

Pero aún siendo importantes todos estos razonamientos, que por sí solos desaconsejan acometer la obra, ahora surge otro tan o más contundente, el enorme despilfarro que conlleva en época de crisis profunda. Son varios los cientos de millones de euros que pretenden tirar a la basura y al bolsillo de unos pocos, cuando el hambre asedia cada día a un mayor número de familias y cuando se infradotan, por escasez de recursos, los servicios públicos más vitales, como la educación y la sanidad. Los gobernantes canarios han perdido el norte, con la permisibilidad del Gobierno de España y de la Unión Europea, que no actúan de forma tajante para parar estos desatinos que nos están arruinando, para regocijo de determinados empresarios que jamás pensaron que podrían hacer su agosto a costa de la agonía generalizada.

Y todo este dislate no se hubiera hecho realidad, si otros poderes hubiesen actuado con la contundencia y rapidez que la gravísima situación aconseja. Estoy plenamente convencido de que una Justicia, totalmente independiente del poder político y suficientemente dotada, habría arbitrado medidas tajantes para evitar el derroche y encontrado caminos para imponer la congruencia en la difícil época que vivimos, salvaguardando el interés general e impidiendo estos peligrosos arrebatos políticos. Tampoco son ajenos muchos medios de comunicación de Tenerife, sobre todo los de edición escrita, que han venido silenciando a los opositores y dando cancha amplia a los promotores, en un claro gesto de sumisión a sus propietarios, que en definitiva son los mismos beneficiados con la barbarie.

Por si no fuera poco, surgen tristes e increíbles iniciativas desde poderes que deberían dar la talla en defensa del equilibrio, para salvaguardar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos por igual y no imponer limitaciones que no proceden por claramente injustas y arbitrarias. Me estoy refiriendo a la Subdelegación del Gobierno de España en Tenerife, que 20 días después de serle notificada la Manifestación del 20N contra el puerto de Granadilla y su recorrido, por cierto alejado de las catenarias del tranvía, se saca de la manga una limitación intolerable y fuera de tiempo, dejándonos en un claro estado de indefensión sólo un día antes de su celebración.

Todo estaba perfectamente preparado, los esfuerzos personales y altruistas han sido épicos, y esto lo digo porque, como siempre, al otro lado están unos gobernantes que no dan un palo al agua, que utilizan a los mandados de siempre, a los que pagamos todos, y encima se mueven con nuestros propios recursos, ¡que desigualdad!, pero? Llegó la hora de la verdad y un escenario, me refiero a la Avenida de Anaga, que se cierra para carnavales, para pruebas ciclistas, maratones y otros de nimia participación, es vetado a muchos miles de ciudadanos, que no pueden ejercer un derecho constitucional, manifestarse multitudinariamente llenando toda la avenida frente a la Autoridad Portuaria, para recriminarles su prepotencia en la construcción del puerto de Granadilla, mayoritariamente rechazado. No nos dejaron organizar, nos restaron fuerzas y apoyos, no pudimos siquiera planificar el despliegue de pancartas, pero, -a pesar de todo-, muchas miles de personas volvimos a decir ¡NO AL PUERTO DE GRANADILLA!

Cándido Quintana