eldiario.es

Menú

La propiedad del agua

- PUBLICIDAD -

La energía y el agua son elementos esenciales para la vida, para la soberanía y para la existencia de un país y por eso no deberían ser objeto de especulación. Sin embargo, el control de los combustibles fósiles, y por tanto de la energía, se ha ido mudando en las últimas décadas a un ritmo vertiginoso de la propiedad pública a la privada. El dominio de las materias primas, en un planeta que huye hacia adelante agotando los recursos, se ha convertido en el objetivo principal de un primer mundo controlado por el neoliberalismo económico. Alrededor de estas políticas privatizadoras se ha conformado un poder superior al de los estados y se han forzado y se están forzando confrontaciones geoestratégicas.

El agua no se ha librado de estas prácticas voraces de acaparamiento (se calcula que un 75% estará en las próximas décadas en manos privadas) y de las consecuencias de la degradación del medio ambiente. A pesar de ser un elemento esencial para la vida (la salud, el medio natural, el clima, los alimentos e incluso buena parte de la energía depende de ella), en estos momentos casi 700 millones de personas sobreviven sin agua potable. Según la ONU, un tercio de la humanidad vivirá en 2025 en zonas con escasez de agua. Por esa fecha la reserva de agua potable para consumo humano será de apenas de un 3% del total existente y, al ritmo que la consumimos en estos momentos, en menos de dos décadas necesitaremos un 40% más de agua para subsistir. La mayor parte de los analistas coinciden en afirmar que en los próximos años la falta de agua potable será una de las causas fundamentales de enfrentamientos bélicos en los distintos continentes, que se sumará a las hambrunas, epidemias y catástrofes naturales. La Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente en 2010, a través de la resolución 64/292, "el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que son esenciales para la realización de todos los derechos humanos".

El agua es, por tanto un servicio público de primer orden que cada día que pasa despierta la codicia privatizadora y monopolizadora. En esta espiral mundial de privatizaciones al abrigo del neoliberalismo, Europa no se podía quedar al margen. A finales del año pasado la Comisión Europea puso en marcha una estrategia encaminada a exigir a los países rescatados o en situaciones comprometidas la liberalización de servicios esenciales como la sanidad, la educación, la energía o el agua. Obliga a los países intervenidos y presiona a los países miembros y, para hacerlo efectivo, encarga al comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, una directiva sobre concesiones a empresas privadas de bienes y servicios públicos esenciales en la que el agua ocupa un lugar preferente.

Afortunadamente, la respuesta ciudadana europea no se hizo esperar. De inmediato se puso en marcha un movimiento conformado por distintas organizaciones que terminó confluyendo en una Iniciativa Ciudadana Europea que defiende el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano. Y se hace valedora de su importancia estratégica como bien público y no comercial. Millones de firmas y manifestaciones consiguieron en poco tiempo frenar la directiva, aunque no las intenciones que se van concretando poco a poco en distintos países, con rechazos importantes como los que se dieron en Italia forzando la convocatoria de un referéndum. Se abre un enfrentamiento claro entre la troika y distintas ciudades europeas como París, que recuperó el servicio hace unos años, o Berlín y muchísimos otros ayuntamientos alemanes que han optado por lo mismo.

Pero en España el PP siempre ha querido ser más papista que el Papa. Estas cosas de la resistencia ciudadana les entran por un oído y les salen por otro. Se las trae al pairo y abraza la fiebre privatizadora con enorme entusiasmo. En estos momentos casi un 50% del suministro de agua se encuentra en manos privadas (la mayor parte lo controlan FCC y Agbar) y no cesan las presiones y la elaboración de normas (como la recién aprobada reforma de la administración local) para obligar a los ayuntamientos a claudicar. Aducen ?y para crear una opinión favorable utilizan todos los medios a su alcance- que la privatización potencia la competencia y abarata los costes, que los servicios son más eficientes, que existe más posibilidades inversoras y que se dispone de mayor capacidad tecnológica para afrontar retos de futuro. Pero esto casi nunca es así. Según un informe de ATTAC, para el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada los operadores públicos, por regla general, son más eficientes en términos económicos, sociales y ambientales. También el Observatorio de Privatizaciones de la Universidad Complutense llegó a la conclusión de que las privatizaciones terminaban en subidas desproporcionadas de las tarifas, incumplimientos de las cláusulas de los contratos, falta de transparencia al amparo de la privacidad de la información empresarial, disminución de las obligaciones medioambientales (más consumo más ganancias) y la pérdida de control efectivo del servicio por los responsables municipales. Más recientemente (apenas unas semanas) el Tribunal de Cuentas acaba de hacer público un informe demoledor (que ha pasado bastante desapercibido) en el que concluye ?tras analizar la prestación de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes (el 95% del total del país)- que sale más caro un servicio publico cuando lo ofrece una empresa privada que cuando lo presta el ayuntamiento y que, además, esta carestía no se corresponde con una mayor calidad del servicio.

Y si no que se lo pregunten a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria o a los de Santa Cruz de Tenerife. En la capital grancanaria, en medio de transfuguismos políticos y sospechas de corrupción, se privatizó EMALSA, una empresa pública rentable en la que crearon un tremendo agujero económico para después venderla al mejor postor. Irregularidades administrativas y sentencias judiciales contradictorias, firmadas por el mismo juez, y otras trapacerías, han desembocado en las últimas semanas en una denuncia del alcalde de la ciudad ante la fiscalía, que ha empezado por acusar a 15 directivos de "gestión desleal" y por señalar alquileres lesivos, amén de otras anomalías. En medio, incriminaciones por la carestía del servicio, por el aumento de las tarifas, por el incremento del déficit de la empresa, por las nulas inversiones en el mantenimiento de las infraestructuras, por compras de dudosa responsabilidad económica, por gastos sin control, por sueldos millonarios y un largo etcétera de despropósitos. Y en la capital chicharrera otro tanto. Como en el caso de LPGC aquí también tuvo que intervenir la Justicia que terminó por anular el proceso de venta de la compañía, ya que se dieron tanta prisa con el despropósito que no se cumplieron los plazos de exposición pública del proyecto y porque el interventor municipal llegó a alegar que se atentaba contra los intereses de los ciudadanos y que se vulneraba la Ley. En medio también, por supuesto, acusaciones de cobros de comisiones ilegales, subidas onerosas del precio del agua ?un 70% en los últimos 8 años-, carencia de inversiones obligadas en el contrato y la certeza de que cuando Sacyr asumió el contrato la empresa tenía superávit y en la actualidad cuenta con un déficit de ocho millones de euros. No podía estar más claro.

Afortunadamente, tanto en el conjunto de Europa como en España se cuentan por miles los municipios que andan en estos momentos en el proceso de revertir las privatizaciones a las que se vieron abocados en su día. Es lo mismo que piensan millones de ciudadanos. Es la evidencia de los hechos frente a la campaña interesada de desprestigiar y vaciar lo público.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha