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En la ruta del contrabando de armas

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Casualmente, España es el primer exportador mundial de municiones a África subsahariana, y esas ventas carecen de control alguno. Durante 2004 se vendieron 37 millones de cartuchos a Ghana, pero estos artefactos no precisaron autorización por parte del Gobierno porque están caracterizados como ''munición de caza'', no como material de guerra. Semejante subterfugio no puede ocultar dos aspectos del problema. Haya sido munición española o no la descubierta en el Puerto de La Luz, ninguno de los tres países a los que supuestamente estaba destinada están en condiciones legales, por su situación interna, de adquirirlas. En segundo lugar, si existe algún control eficaz sobre el tráfico y/o contrabando de armas en nuestros famosos puertos de vocación tricontinental, los ciudadanos lo desconocen. Creo. De tal modo que tampoco cabe afirmar con pruebas determinantes en la mano que el buque descubierto en el Puerto de La Luz represente apenas un caso aislado o la punta de un iceberg ocultado por los interesados y sus cómplices. Que de esa sospecha se trata. Hace falta más luz sobre nuestros puertos. Sería de gran ayuda, además, que el Gobierno cumpliera de una vez con la promesa de presentar el proyecto de ley de comercio de armas. Ya debería estar en el Congreso. España vendió en 2005 armas y material de defensa por 419 millones de euros a 48 países, cuando algunos de ellos incumplían el requisito de respetar los derechos humanos y otras normas internacionales destinadas a encauzar este tipo de comercio siniestro. También vendió tecnologías y productos de doble uso a 56 países por valor de 58 millones de euros. ''Entre estas últimas ventas destacan las transferencias a China de material nuclear, que podría incluir reactores y uranio empobrecido''. La denuncia fue presentada el pasado día 16 de diciembre por Greenpeace, Intermón Oxfam y Amnistía Internacional. Según estas organizaciones, aproximadamente el 30% de los destinos de las armas españolas suspenderían un examen del Código de Conducta de la Unión Europea. Entre los países que incumplen las condiciones exigidas para adquirirlas se encuentran Colombia, Haití, Estados Unidos, Indonesia o Israel. Por ejemplo, se vendieron ''a Indonesia 6 aviones C-212MP Aviocar, enviados por piezas y ensamblados en lugar de destino''. Debo suponer, y supongo, que la venta de armas a países subsaharianos con conflictos internos está excluida de cualquier cooperación al desarrollo. Pero de nada sirven las palabras y los discursos si España y Canarias miran hacia otro lado mientras los puertos se utilizan como plataforma clandestina para este negocio. Merece, al menos, leyes, controles del Estado y trasparencia informativa. Porque los ciudadanos tienen derecho a conocer el verdadero alcance de las relaciones con África que, por ahora, están bajo el dominio de una diplomacia casi secreta y, con frecuencia, de negocios privados algo dudosos o mezclados de forma fraudulenta con la cooperación al desarrollo. ¿O no?

Rafael Morales

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