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Una sentencia para una oportunidad

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Hay ocasiones pintiparadas para revisar planteamientos y producir alternativas. El Gobierno de España se encuentra ante una de ellas a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el denominado Programa de Activación por Desempleo (PAE) por invadir competencias autonómicas. El PAE fue el resultado de una negociación entre el ejecutivo y los agentes sociales, concebido para destinar ayudas a parados de larga duración con cargas familiares y sin ingresos laborales, consistentes en 426 euros. Es el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE, antiguo INEM) el que se encarga de la financiación, gestión y pago de las ayudas correspondientes, además del reconocimiento o la denegación de las mismas. El Gobierno de Euzkadi, apoyándose en otra sentencia similar del pasado año con el denominado Plan Prepara, de parecidas características, recurrió por entender que invade competencias autonómicas y el TC le ha otorgado la razón. La competencia corresponde a los servicios de empleo de las comunidades autónomas, viene a sentenciar.

Bueno, pues ahí está la oportunidad. Cuando la creación de empleo sigue siendo uno de los grandes objetivos de este y de cualquier Gobierno, cuando  los informes de centrales sindicales y otras organizaciones insisten una y otra vez que hay sectores de población que se siguen moviendo entre insuficiencias prolongadas y expectativas muy limitadas, cuando hay elementos convergentes en todos los discursos sobre necesidades sociales, se trata de consensuar criterios para mejorar las políticas activas de empleo y fortalecer las prestaciones de protección a los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran, por supuesto, los desempleados de larga duración.

A ver cuál es la respuesta del ejecutivo de Rajoy que, antes de conocerse esta sentencia, trabajaba en la revisión, unificación y simplificación de programas de esta naturaleza, incluida la Renta Activa de Inserción (RAI), con el fin de mejorar la cobertura y ganar estabilidad. Como el problema del paro sigue latente, las experiencias y las resoluciones de los tribunales, en definitiva, la coyuntura ha de propiciar nuevas soluciones que si son fruto de consensos, mejor que mejor. Y lo que es más; sin tiempo que perder, antes de que lleguen las presiones de los ambientes preelectorales o dejen de soplar los vientos favorables de la bonanza económica.

Aunque no parezca sencillo, se trata de acabar con inseguridades jurídicas, con prórrogas, parches o maquillajes. Solo parece factible con reformas rigurosas, duraderas y consensuadas. No solo las que afecten a ayudas a personas o familias que realmente las necesiten sino las que incidan tanto en formación y orientación como en políticas activas de empleo. La sentencia del TC despeja interpretaciones competenciales y abre una puerta para negociar ese gran acuerdo en el que, además de los agente sociales, las comunidades autónomas se involucren y acrediten que también están por la labor. A ver cuál está libre del agobiante desempleo.

Lo dicho: oportunidad para no ser desperdiciada.

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