El sheriff

El jefe de la Policía Local de Coslada no pagaba en los restaurantes, ni siquiera cuando sólo se tomaba un bocadillo y una cerveza en la barra. A sus órdenes, sus secuaces visitaban establecimientos públicos para extorsionar a los empresarios y obligarles a pasar por el aro, a reconocer quién mandaba en esa ciudad del extrarradio de Madrid.

Era preferirle pagarle o dejarle consumir gratis “para que no nos persiguiera”, han declarado algunos empresarios víctimas de los abusos de este servidor público.

Era tal el control que el sheriff ejercía sobre la ciudad y los suyos que la Policía Local incluso intermediaba entre putas y proxenetas para el alquiler de las esquinas donde ejercer la prostitución.

Mientras todas esas cosas ocurrían durante años en Coslada, los poderes públicos miraban hacia otro lado. El sheriff se había hecho el dueño de la ciudad y de la vida de muchas personas gracias al miedo que infundía y a esa resignación tan hispana de considerar soportable lo que a todas luces choca contra la ley y los derechos más elementales de la gente.

Hace unos pocos días, un empresario canario declaró ante una juez que había sido convenientemente presionado por un político local para que, ante un concurso público, no siguiera adelante en su pretensión de denunciarlo ante la Justicia. El empresario se asustó entonces y convenció a los suyos para no incomodar al político. Tenían miedo de que cumpliera sus amenazas, quizás porque estaban al corriente de algún antecedente y porque son conocedores de que Canarias funciona así.

En sede judicial ese ciudadano ha dicho lo que hasta ahora se reservaba para las conversaciones privadas, lo que siempre ha sido un sordo clamor: el que no entra por el aro se tiene que marchar de Canarias.

Falta que ahora hable el empresario del bocadillo y la cerveza en la barra del bar, el que pagaba para que no colocaran controles de alcoholemia a la puerta de su establecimiento, la señora del restaurante que tuvo que traspasarlo tras una visita del sheriff, los ciudadanos que han sido amenazados, pistola en mano, por el jefe o sus secuaces, o las putas que se cansaron de pagar 200 euros a la semana por una esquina.

De todos ellos hay ejemplos en Coslada. Y aquí.