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Más transparencia retroactiva

José A. Alemán / José A. Alemán

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Cansa ya que cualquier relato de daños a la caja pública lo atribuyan a manía a Soria y a mentiras mías. Y que lleguen al colmo de reprochar que se traiga a colación un asunto viejo con evidente falta de respeto a los demás lectores. Porque es tan viejo, oye, que hace pocos días los peritos ratificaron sus dictámenes ante el tribunal.Pero los replicantes quieren matar al mensajero y les importan un pito los daños económicos a la corporación; a los que podría añadirse ahora el pago de indemnizaciones escalofriantes a resultas de la sentencia. Frente a los datos ofrecidos, la especulación sobre oscuras intencionalidades. Como cuando Él habitaba entre nosotros.Si ayer les hablé del dictamen financiero, hoy toca el técnico firmado y también ratificado ante la Sala por su autora, la ingeniera industrial Berta Flores. La conclusión es la misma: la oferta más ventajosa para los intereses públicos era, precisamente, la perdedora.Es cierto que cuando la venta era alcalde Emilio Mayoral. Como lo es que los psocialistas votaron a favor del invento y tienen su cuota de responsabilidad. Pero también es cierto que el asunto fue heredado de las alcaldías time sharing, que lo dispusieron todo: ¿tengo que sacar recortes y actas municipales en que se daba por ganadora a Unelco antes incluso del concurso?Es asimismo verdad que la entonces concejala Luzardo votó en contra de aquella decisión y que propuso repartir el pastel incluyendo a Aquagest. Un brindis al sol ya que las bases sólo autorizaban la venta a uno o a otro. Era legalmente inviable su propuesta.Luzardo salvó el palmito para fastidiarla en 1996, cuando, con Soria ya alcalde, votó sin rechistar a favor de confirmar la adjudicación a Saur-Unelco. Soria había prometido recuperar Emalsa, contaba con una sentencia del primer recurso de Aquagest que le permitía hacerlo y pero optó por dejar todo como estaban. Sus razones tendría, pero la decisión dio lugar al segundo recurso, pendiente ahora de sentencia, que, de darle de nuevo la razón a Aquagest-Canaragua, podría acabar de descalabrar las finanzas municipales. Es lo que hay.

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