Aprobada la ley de ordenación del transporte por carretera en Canarias

La comisión de Turismo y Transporte del Parlamento de Canarias aprobó este viernes la Ley de ordenación del transporte por carretera en el Archipiélago, cuyo principal objetivo es regular el transporte público y privado para que cumpla la función vertebradora del territorio, de la economía y de la sociedad canaria.

El Título I de la mencionada Ley, que se llevará al pleno de la Cámara el próximo miércoles, se ocupa de precisar las competencias y funciones de las tres administraciones responsables del transporte por carretera; la Comunidad Autónoma, los cabildos insulares y los ayuntamientos.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, señala la Ley aprobada, será la competente en la ordenación y planificación del transporte, así como de las actividades relacionadas con el mismo, en el ámbito de Canarias. También deberá elaborar el proyecto de Directrices de Ordenación de Infraestructuras, el Plan Estratégico de Transportes de Canarias, el Eje Transinsular de Infraestructuras de Transportes y la planificación de la movilidad en él.

El Título II de la Ley está dedicado a los sujetos involucrados en el transporte: los operadores de los transportes, de viajeros y de mercancías, los operadores de las actividades auxiliares y complementarias, y los usuarios. La nueva Ley regula también el transporte público discrecional, privado y de mercancías, y el transporte del taxi.

A este respecto, la Ley reconoce que el taxi es un sector de transporte clave en las Islas, que, sin embargo, tradicionalmente, ha estado falto de regulación, y sujeto al reglamento nacional y a ordenanzas municipales, con problemas, por ejemplo, en materia de infracciones y sanciones.

A este respecto, Julio Cruz, del grupo Socialista, pidió que no se comercie con las licencias de taxis, “ya que cuando un ayuntamiento concede gratis una licencia, al día siguiente esa licencia vale 30 millones de las antiguas pesetas”.

Cruz pidió además que las licencias sean individuales, que no se puedan acumular y que sus trasferencias sean por casos excepcionales, fallecimiento o jubilación del titular, “en definitiva es hacer más esclarecedor el sector”.

La Ley de ordenación del transporte por carretera se ocupa también de los transportes privados, y se regula el transporte privado complementario, tanto de viajeros como de mercancías.

Julio Cruz, diputado Socialista, manifestó que la Ley aprobada del transporte “otorga un pelotazo” para los titulares de las concesiones administrativas del servicio regular de transporte discrecional, ya que sus concesiones se acababan entre 2007 y 2012 y ahora se prolongan por Ley hasta el 2027.

“En nuestras enmiendas pedíamos que las concesiones que acaban este año no se prorrogaran 20 años más, pero han sido rechazadas”, agregó Cruz. “Lo de las concesiones administrativa para el transporte es los más grave, en los próximo años finalizan las concesiones y es el momento de sacar las concesiones a concurso”, agregó.

José Miguel Barragán, de CC, dijo que la ampliación de las concesiones se hace para mejorar las condiciones de calidad, seguridad e impacto ambiental, y argumentó que en otras comunidades han hecho lo mismo.

El parlamentario socialista también criticó la posibilidad que tienen a partir de esta Ley los hoteleros que, por el hecho de tener un hotel, puedan dedicarse al transporte, sin cumplir las normas de los transportistas.

A este respecto, José Miguel Barragán, de CC, propuso que los empresarios turísticos con establecimientos de 5 estrellas puedan realizar transporte privado para el desplazamiento de sus clientes y vinculados siempre que se acredite que el transporte privado público es insuficiente en la isla.

En este sentido, se aprobó la propuesta de CC de que cada hotel de 5 estrellas podrá disponer de un vehículo de cinco plazas para el mencionado transporte, previa autorización del Cabildo correspondiente.

“Esta Ley, según se ha aprobado, va a permitir que el transporte privado pueda competir con el transporte público, y eso consideramos que es competencia ilegal”, aseguró Julio Cruz.

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